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«Era una materia pendiente»

DI NAPOLI Y LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA

El proyecto de Ley de Seguridad Pública y Ciudadana propone «cambios muy profundos que era necesario legislar, porque la policía se sustenta en una norma jurídica de ipso: a esta altura, cambiarla era una asignatura pendiente» advirtió el ministro Horacio Di Nápoli. Algunos cambios «se venían aplicando de hecho pero había que legislarlos. Trabajamos durante un año en este proyecto, que tiene 400 artículos pero no agota la cuestión: también estamos trabajando en la modificación de la Ley 1256 (retiros y pensiones policiales) porque el gobernador pretende enviarla a la Cámara de Diputados para que puedan tratarse en forma conjunta».
En diálogo con Radio Noticias, el titular de Seguridad aclaró que si bien la formación, funcionamiento y atribuciones de la policía «son una gran parte, esta iniciativa también aborda profundamente otras cuestiones, porque seguridad no solo es perseguir delincuentes, también armar planes estratégicos de prevención y trabajar con nuestros vecinos». La ciudadanía «es parte de esta ley y para garantizar su participación planteamos un Consejo Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana y la posibilidad de conformar foros vecinales y consejos locales y municipales. Nadie mejor que la comunidad para contar lo que está pasando en un barrio o localidad: debemos tener presencia con la policía y el Ministerio, pero también escuchar la voz del vecino y su problemática, para llevar adelante las políticas junto con la sociedad» añadió.

Formación policial.
Uno de los enfoques esenciales apunta a la formación de efectivos policiales. El actual Instituto Superior Policial pasará a denominarse «Instituto de Seguridad Pública y Ciudadana y será conducido por un rector que podrá ser policía o civil». También contará «con un Consejo Asesor, órgano de apoyo y de gestión educativa, pedagógica y formativa, con asesores ad honorem designados por los ministerios de Seguridad y Educación». La cuestión pedagógica «resulta muy importante: para llegar con éxito al alumno los docentes deben apoyarse en la pedagogía, tanto para personal subalterno como oficiales».
Así, en el Instituto «no solo habrá policías. Y esto supone un avance porque un comisario general asesorado por este consejo podrá profesionalizar mejor al agente policial. No es que tengamos mala policía en La Pampa, sino que pretendemos hacerla mejor y más profesional», aclaró. Entre los cambios Di Nápoli incluyó «un fuerte componente de derechos humanos y la perspectiva de género, que determinen claramente cómo debe ser, por ejemplo, el tratamiento en cuestiones de diversidad, hacia adentro de la policía y hacia la sociedad».
Consultado sobre la verticalidad y el deber de obediencia, respondió que «obediencia es cumplir las órdenes que sean impartidas con sustento legal» y explicó que «si un policía recibe una orden que roza lo ilegal no puede aceptarla, y será eximido de responsabilidad siempre que lo haga saber como corresponde». Agregó que los efectivos «también recibirán ciertos derechos que nunca tuvieron, como poder recurrir una resolución ante una sanción disciplinaria. Son ciudadanos como los demás y ante un sumario administrativo deben tener la facultad de recurrir una sanción ante un superior distinto al que la impuso. Y las sanciones deben estar fundadas en resoluciones, no basta una orden verbal de sanción para tener que cumplirla».

Patovicas certificados.
Otro derecho novedoso sería «la posibilidad de cobrar título secundario y universitario, beneficio que no tenían hasta ahora». No obstante, «así como se reconocerán derechos, también tendrán más responsabilidades», aunque no está contemplada una sindicalización («eso no sería nada bueno en la fuerza policial»). De todos modos, está previsto «reglamentar encuentros periódicos, cada dos meses, del Ministerio y la Jefatura con personal superior y subalterno para escuchar directamente del personal cómo está nuestra fuerza».
La ley también «incorpora una Dirección de Bienestar Policial, tomando pautas del actual Servicio Social y con un abordaje destinado al personal en actividad: la policía tiene que estar bien para desarrollar un buen servicio». Por eso anunció «una fuerte inversión en psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. Como cualquier persona, los policías tienen problemas y hay que escucharlo y contenerlos», aseguró.
Del mismo modo «debe profesionalizarse también la seguridad privada. Los patovicas deberán cumplir una capacitación en el instituto, que les extenderá un certificado habilitante para trabajar y garantizará que cuentan con formación adecuada. Hoy existen personas trabajando en seguridad sin ninguna preparación: no alcanza con una remera negra y un cartelito, eso es un disfraz y no podemos someter a vecinos y vecinas a personas que no están capacitadas para tratar a otros ciudadanos. Deberán formarse bajo ciertos parámetros y convertirse en profesionales dedicados a custodiar» un servicio o espacio determinados.

Demoras reducidas.
La ley también establecerá nuevos parámetros para detenciones sin orden judicial. «El límite máximo para demorar preventivamente a una persona será cuatro horas. Con los medios tecnológicos actuales ya no es justificable retener 24 horas una persona para averiguación de antecedentes. Hoy, en cualquier caminera de la provincia podemos saber en un minuto si un vehículo tiene pedido de captura o el conductor una inhibición. Cuatro horas es suficiente, con inmediata notificación al Poder Judicial sobre la demora y sus razones». Según Di Nápoli, «al tomar conocimiento inmediato un fiscal, el policía tendrá mayor tranquilidad porque su actuación cuenta con respaldo judicial, y la ciudadanía tendrá tranquilidad porque existe un control».