«Es bueno para nuestra provincia»

«El Gobierno nacional dijo que no se puede avanzar una obra sin estudio de impacto ambiental, por eso que Impsa sea del Estado es algo bueno para la provincia», sostuvo la fiscala de Estado, Romina Schimdt.
La funcionaria participó ayer, junto al secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, de la reunión de la Comisión de Ríos Interprovinciales, oportunidad en que se trataron dos proyectos vinculados a Portezuelo del Viento y a la represa «El Tambolar».
Además en el desarrollo de la reunión -que se hizo vía zoom- Schmidt y Lastiri ofrecieron su opinión sobre la capitalización de la empresa Impsa por parte del Estado nacional, y cómo eso repercute en nuestra provincia y su reclamo hídrico.

Beneficia a La Pampa.
Para entender de qué manera el fallo de la Corte Suprema de Justicia beneficia a La Pampa, Schmidt explicó: «Tenemos dos demandas de lo que es la Cuenca del Desaguadero. Hay una que primero se empezó como una acción de amparo, donde pedimos la constitución del Comité de Cuenca», y «la Corte dijo que no es un amparo porque no hay algo urgente para resolver. De esa demanda dimos traslado a todas las provincias».
Luego «se inició una acción de amparo por la represa El Tambolar, que tenía como objeto que se cumpla con la ley de obras hidráulicas y de participación ciudadana antes de hacerse la represa, que al igual que con Portezuelo, pedimos que sea regional. Ante esta acción de amparo la Corte emitió una resolución donde le dice a San Juan que tiene que informar todas las medidas ambientales y de participación ciudadana. Le da 30 días para que dé información. Y a Nación le pide que informe qué ha hecho respecto de la constitución del Comité».

Cuenca hídrica.
Hizo una lectura del fallo de la CSJ, «porque habla en su voto de la Cuenca del Desaguadero, y reconoce al Desaguadero como una cuenca hídrica. Parece un dato menor pero provincias como San Juan dicen que el Desaguadero son cursos esporádicos de río que no constituyen una cuenca hídrica. La Corte, al hablar de cuenca, nos sienta una base de seguir avanzando en ese camino».

Impsa y Portezuelo.
En la ronda de preguntas, se les consultó a los funcionarios por su opinión respecto a la reciente capitalización por parte del gobierno nacional de Impsa, principal empresa que va a llevar adelante la obra de Portezuelo del Viento».
Recordó el secretario de Recursos Hídricos que «el gobernador cuando hizo su presentación dijo que está de acuerdo con la estatización de Impsa», y que «lo que estamos diciendo es que no se confundan los planos: decir que una cosa es directamente recíproca a la conclusión de la obra no es así. Si mañana un gobierno cualquiera quiere adjudicar una obra que no tiene evaluación de
impacto ambiental, no podría porque es una ilegalidad», agregó Lastiri.
La comisión de Ríos Interprovinciales decidió sacar despacho favorable por unanimidad al proyecto de Espartaco Marín (Frejupa) por el que se expresa beneplácito por el fallo de la CSJ en favor de la provincia de La Pampa, por la construcción de la represa «El Tambolar» sobre el río San Juan.

Portezuelo del Viento.
Al mencionarse el tema de Portezuelo del Viento, Romina Schmidt ofreció un pantallazo general: «El grupo de trabajo referido al estudio de impacto ambiental se arma luego de la reunión del Consejo de Gobierno, donde cuatro provincias ratifican que para llevar adelante Portezuelo del Viento es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental sobre la cuenca hídrica, y Mendoza se opone», explicó.
Indicó que el Gobierno nacional «buscó consensos, y viendo las posiciones de las diferentes provincias llamó a este grupo de trabajo, donde se establece que se tiene que cumplir con la participación ciudadana -que implican las audiencias públicas- que evalúe la cuenca en su integridad, no solamente un estudio en territorio mendocino como se venía haciendo, sino aguas abajo», detalló la fiscal de Estado.

Primero, evaluación ambiental.
«La idea era formar un grupo técnico para que se empiecen a elaborar estos términos de referencia. Nosotros estamos en la comisión designados con Hernán Pérez Araujo, y trabajando con un equipo interdisciplinario. Ahora estamos a la espera de una nueva convocatoria de Nación. Esto está muy entrelazado con el tema de que es Nación quien tiene la pelota de seguir con la evaluación de impacto ambiental regional, que ya estableció que había que realizar una evaluación antes de seguir la obra con Impsa».
Remarcó en ese sentido lo que dijo Sergio Ziliotto acerca de que la estatización de la empresa «no va a subsanar los vicios que tiene el proyecto de Portezuelo del Viento».
Lastiri agregó que el proceso licitatorio que está llevando a cabo Mendoza sobre Portezuelo del Viento sería «para una obra que no tiene habilitación ambiental. Esta situación de vincular la obra con la estatización de la empresa Impsa no tiene sentido. Por eso el gobernador le requirió al gobierno nacional que como nuevo decisor de Impsa, retire su oferta».
La reunión resolvió dar dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa de Juan Brindesi (MPP) por la que expresa beneplácito por el nuevo estudio impacto ambiental de Portezuelo del Viento.

Legislación General.
Hubo también una breve reunión de la comisión de Legislación General. Se habilitaron los siguientes proyectos: la iniciativa por la que se propicia la transferencia de dominio a título gratuito, al IPAV de inmuebles con titularidad de la Provincia que serán destinados a la construcción de viviendas.
Ingresó el proyecto que propicia la aprobación del Contrato de Comodato de uso gratuito de bien inmueble, suscripto entre la provincia de La provincia de La Pampa y el Club Argentino el 31 de marzo de 2021.
Y finalmente la iniciativa para transferir a título gratuito a la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha Limitada (Cosega) un inmueble destinado a la instalación y funcionamiento de una planta de envasado de agua mineral.

Piden que el BLP prevenga fraudes
En la comisión de Legislación General ingresó una iniciativa pidiendo a las autoridades del Banco de La Pampa (SEM) que se arbitren medidas para reforzar el sistema de seguridad, prevenir y controlar las maniobras fraudulentas que realizan terceros en perjuicio de clientes de la entidad, en lo respectivo a la toma de créditos personales.
«Tiene que ver con las estafas telefónicas. Lamentablemente, hemos tenido contacto con vecinos que han sido engañados telefónicamente, viéndose perjudicados. La pandemia aumentó estos casos y debiéramos tomar nota porque nuestro deber es proteger a la sociedad», dijo Ariel Rojas (Frejupa)
También hay un proyecto para modificar el artículo 216 del Código Fiscal de la Provincia. «Lo que se pretende es lograr que la inscripción sea de manera inmediata. De esta forma estaríamos actualizados en lo que tiene que ver con las distintas normativas, y evitaríamos mayores problemas», concluyó.