«Es probable un jury de enjuiciamiento»

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), José Sappa, opinó sobre la denuncia contra los dos jueces y el fiscal general de la Primera Circunscripción que «si investigándose la conducta penal tiene asidero la denuncia, es muy probable que también comuniquen al Poder Judicial, o sea al Superior Tribunal, para el comienzo de un jury de enjuiciamiento».
De esta manera, analizó el escenario tras la denuncia que presentó el Ministerio de Salud contra el juez provincial de Faltas, Miguel Vagge; el juez del Tribunal de Impugnación Penal, Pablo Balaguer (en uso de licencia); y el fiscal general Guillermo Sancho, por violar la cuarentena durante el Día del Amigo. El encuentro se conoció porque forma parte de la ruta de uno de los casos confirmados de coronavirus -el de General Acha- que la Dirección de Epidemiología reconstruyó para detectar contactos estrechos.
Al respecto, Sappa indicó que el lunes le informaron desde la Secretaría de Recursos Humanos del Superior Tribunal «que había tres funcionarios, dos magistrados y un funcionario del Ministerio Público Fiscal, que estaban en etapa de aislamiento, seguidos no solamente con el Ministerio de Salud, como hacemos con todo el personal del Poder Judicial, sino también por nuestra parte médica para ver cómo están los síntomas».
En este caso, explicó, las tres personas están asintomáticas. «No han sido hisopados, están solamente en aislamiento» por prevención. Sin embargo, el funcionario aclaró que ayer por la mañana se enteró de la «denuncia penal por parte del Ministerio de Salud, pero a mí todavía, y al Poder Judicial, no le ha llegado ninguna notificación de esa denuncia por parte del Ministerio Público Fiscal».

Causa penal.
Sappa explicó que hay «dos maneras» de juzgar las conductas de los funcionarios de la Justicia. «Lo que ha interpuesto el Ministerio de Salud es una denuncia penal por supuesta violación del artículo 205 del Código Penal», indicó y agregó que «esa investigación la realizan los fiscales, que son los directores del proceso. Entonces, investigarán la conducta penal de estos funcionarios, si es que ha ocurrido lo que dicen que ha ocurrido».
En ese sentido, aclaró que habrá «que ver qué fiscal interviene», debido a que en Santa Rosa está disponible uno de los tres fiscales. Esto se debe a que Guillermo Sancho actualmente está en aislamiento por ser contacto estrecho del caso positivo de Covid-19 de General Acha, y Jorge Amado «por cuestiones de edad no está ejerciendo teóricamente».
Por estos motivos, la investigación estaría a cargo de Paulucci. «Si no interviene él, y si no dispone de otra cosa el doctor Mario Bongianino, debiera intervenir el fiscal general Armando Agüero».

Un jury en puerta.
Por otro lado, Sappa anticipó que «si investigandose la conducta penal tiene asidero esta denuncia, es muy probable que también comuniquen al Poder Judicial, o sea al Superior Tribunal, para el comienzo de un jury, de un juicio de conductas de los funcionarios judiciales».
De esta manera intervendría el Jurado de Enjuiciamiento, compuesto «por el presidente del Superior Tribunal, dos diputadas provinciales y dos abogados de la matrícula, que deben ser sorteados en el momento de que intervenga el jurado».
Para que el jury intervenga solo es necesario que se presente una denuncia. «El fiscal que está investigando tranquilamente la puede presentar», acotó.
«Si hay algún fiscal que ahora está investigando la conducta de estos tres magistrados y presenta ante el jury que hay una inconducta administrativa, más allá de la penal, el jury se adentra a investigarlo», explicó.

Pueden ser apartados.
Consultado sobre la situación laboral de los denunciados durante el proceso, Sappa indicó que «puede haber dos variantes: pueden ejercer su cargo o el tribunal que esté actuando puede suspenderlos». Esto dependerá de la investigación que se lleve a cabo. «El fiscal puede tener algunas alternativas preventivas y eso lo determina un juez», afirmó
A su vez, indicó que en el marco de la investigación se van a tomar «tomar diferentes pruebas, como por ejemplo el tema de los teléfonos celulares para ver si estuvieron o no en una reunión, a qué hora. Hay muchos medios probatorios, todo esto tiene que ser llevado ante un juez para que ordene».
«Ahora, una de las medidas preventivas puede ser apartamiento o prisión domiciliaria. Lo pedirá el fiscal y lo determinará un juez. Eso en la investigación penal, si hay una investigación por parte del Jurado de Enjuiciamiento, el jurado también tiene la alternativa de ordenar la separación momentánea del cargo», amplió.

«Justicia responsable».
Sappa brindó su «opinión personal y como ciudadano», y sostuvo que le gustaría que «la Justicia sea responsable en el actuar y en estos hechos. Ni ejemplificador ni no ejemplificador, que sea justa como lo es con el resto de los ciudadanos. Los funcionarios y magistrados judiciales somos ciudadanos pampeanos y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes que el resto».
«Tiene que ser el Poder Judicial respetuoso como lo hacemos con todos los ciudadanos e investigar. Ahí se va a ver, con los resultados finales, si tenemos un Poder Judicial serio, respetuoso de las normas, y que todos somos iguales delante de la ley como lo establece la Constitución provincial y nacional», afirmó.
Finalmente, señaló que espera que se pueda demostrar «que todos somos iguales ante la ley» y aseguró que su intervención «dentro del proceso que posiblemente pueda haber va a ser con la mayor objetividad».