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Espías macristas armaron causa contra Taco Marín

LA JUSTICIA SOBRESEYO AL DIPUTADO Y CONFIRMO QUE FUE UNA "INVESTIGACION" DE LA AFI

El Juzgado Federal de Santa Rosa, sobreseyó -entre otros involucrados- al diputado Espartaco Marín, a funcionarios policiales, y hasta a un sacerdote en una investigación a una presunta organización criminal destinada a recibir y distribuir estupefacientes en nuestra provincia.
En los considerandos queda reflejado que la causa fue armada por la Agencia Federal de Inteligencia, que la hizo llegar el 12 de octubre de 2016 al Juzgado, haciendo saber «del resultado de tareas propias de ese organismo, por medio de las cuales daban cuenta de la posible comisión de delitos previstos y reprimidos en la Ley 23737».

Testigo identidad reservada.
El pasado 27 de mayo de 2019 se dio a conocer una lista de 23 personas ligadas a una investigación de la Policía Federal sobre Narcotráfico, causa iniciada a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada.
¿Qué se investigaba, según la Justicia Federal? La presunta liberación de rutas y el crecimiento patrimonial de algunos empresarios.
En el listado se podía apreciar que figuraban, además del diputado Espartaco Marín -que rápidamente ofreció una conferencia de prensa en esos días para expresar que era totalmente ajeno a lo que se estaba investigando-; además a dos altos jefes policiales, los comisarios Luis Blanco y Marcelo Calderón.

No se salvó ni el cura.
También aparecía en la lista que se difundió el sacerdote Hugo Pernini, de la capilla Nuestra Señora de Luján, ubicada en Lope de Vega 615, quien era párroco en la Unidad 4.
Cabe recordar que cuando surgió la versión, el jefe de la Policía provincial, Roberto Ayala, dio cuenta que nunca había sido notificado, y tampoco se hizo parte a la fuerza de la investigación como habitualmente solía suceder.
Eran los días previos a las PASO, y la oportunidad de la noticia parecía tener un cierto tufillo político, como lo expresara Espartaco Marín, mencionado en el escrito que se estaba meneando.
Cuando el oficio llegó al Juzgado Federal en Santa Rosa las actuaciones fueron delegadas al Ministerio Público Fiscal, que llevó la pesquisa adelante.

Lo denunciado.
Aquel documento decía que quien proveería la sustancia estupefaciente dentro de la provincia sería Carlos Vigo del Valle, quien le entregaría la droga, para ser precisos cocaína, a Edgard Duarte Arce, a Juan Emilio Demora (en ese momento detenido en la U4 del SPF), a Jorge David Bergés y a Carlos Javier Artigues. Según ese informe se calculaba que cada línea de esa organización traficaría unos diez kilogramos en forma aproximada, incluyendo una sustancia llamada «alita de mosca», que es un derivado de la cocaína.

Sin elementos de juicio.
También se describe una suerte de «distribución de la sustancia estupefaciente y aporta como nuevo dato que Duarte Arce posee una estrecha relación con Facundo Alvarez (a) ‘Chuña’, encontrándose en el domicilio del segundo de los nombrados.
Que Duarte Arce también posee relación con Demora, quien estaba alojado en aquel momento en la Unidad nº 4 del SPF, compartiendo los negocios ya descriptos. Aquí en realidad, valga la aclaración, no se ha descripto nada», dice la sentencia del juez federal Juan José Baric.
El Juzgado sostiene que «sólo se ha hecho referencia a una posible relación entre ellos pero no se había aportado elemento de juicio alguno que los una a una actividad delictiva».

Nombres y más nombres.
En el oficio judicial se indicaba que el párroco Hugo Eduardo Pernini era quien introducía la droga en la U4. Y se agregaba que «al egresar Demora de sus salidas transitorias» era buscado por un ex interno de nombre Miguel Angel García (a) ‘Cabeza’ y por el chofer del diputado Espartaco Marín».
La «investigación» comenzada en Buenos Aires, que llegó a Santa Rosa, señalaba además a un comerciante de automotores «conocido como Gitano», pero dice la resolución judicial difundida este martes que «no se brindan mayores datos sobre nada».
Se expresaba en la denuncia que se tramitaba «un cargamento de estupefacientes que contenía cocaína, marihuana y 700 psicofármacos, fijando que una pequeña porción de los mismos ingresaría a la U4».

También policías.
En esa trama urdida al parecer casi fantasiosamente, se involucraba a distintas personas, incluido personal policial, y hasta se manifestaba de «las conexiones que el comisario Calderón posee con los principales distribuidores de estupefacientes en la Provincia, a saber: Luis Alberto Cofré, Espartaco Marín, Sergio Javier Bertello y Julio Angel Lucero».
La AFI era la encargada de aportar «datos», siempre vagos, para sumar a la causa.

Investigados y sobreseídos.
Las personas que fueron investigadas, y ahora sobreseídas, son Carlos Vigo del Valle, Edgar Duarte Arce, Juan Emilio Demora, Raúl Beltramino, Miguel Angel García, Cristian Martín García, Facundo Alvarez, Carlos Javier Artígues, Esteban Horacio González, Viviana Analía Cieré, Marcelo Calderón, Luis Blanco, Marcos Santos, Guillermo Correa, Rodrigo Ledesma, Marcelo Cisneros, Jorge David Bergés, Sergio Bergés, Hugo Edgardo Pernini, Luis Alberto Cofré, Espartaco Marín, Sergio Bertello y Julio Angel Lucero.
En razón de haber finalizado las medidas instructorias en la investigación, el Juzgado Federal de Santa Rosa decidió sobreseer a todos los encartados en la causa en la que fueran investigados, «dejándose constancia que la formación del proceso no afectó el buen nombre y honor de que pudieren haber gozado con anterioridad».

«La verdad se impone»
El diputado provincial Espartaco Marín hizo una breve reflexión a través de las redes sociales con respecto al sobreseimiento que decidió la Justicia. «La verdad siempre se impone», manifestó. Y agregó: «Gracias por darme la chance de derribar mitos en sede judicial. Gracias a los que bancaron. Siempre son los más. A los que no, los invito a conocerme».
Sobre la investigación y el proceso judicial, el jefe del bloque del PJ en la Legislatura afirmó que «dio vergüenza la animosidad y difamación de los menos. Siempre son los menos y espero con ansias su reculada. Ampliaremos solo cuando corresponda…».

«Carece de elementos de prueba»
La Justicia Federal de Santa Rosa determinó que «el informe inicial aportado por la AFI, carece de todo tipo de elemento de prueba que avale su contenido. Se refiere a todos los temas que menciona en modo potencial y a la existencia de tareas de campo, información propia. No aportó una sola evidencia, testimonio, filmación, documento o dato certero de lo que dijera».
En los considerandos de la resolución que se conoció por estas horas consta que en la causa armada solo se encuentran agregadas «unas fotografías borrosas que, va de suyo, jamás podrían servir para imputarle a persona alguna la comisión de un delito. Se asociaron y acumularon nombres sin lógica alguna, sin compartimentar e investigar el despliegue de cada uno de ellos para después poder relacionarlos de forma alguna a actividades delictivas».
Además el Juzgado Federal de Santa Rosa indica que «no hay una cadena lógica en esta ‘organización delictiva’. No se mencionan datos elementales como ser de dónde vendría el material estupefaciente y dónde llegaría. Quién la recibiría y en qué medio. Cuál es la tarea de cada uno de los nombrados. Se intentaron corroborar los dichos denunciados».
Por otra parte se hace referencia a un informe remitido por Gendarmería Nacional, «de cuya lectura puede advertirse sin mayor esfuerzo que se trata de un trabajo realizado en su gran mayoría por medio de búsquedas de páginas de Internet, pero con un escaso trabajo de campo».

Sin «conclusión válida».
Así se mencionan la base de datos Nosis, información de Renaper, de la red social Facebook, datos de la Dirección de Migraciones, fotos de los vehículos de las fachadas de las viviendas. «Toda información acumulada, sin analizar ni entrecruzar, que, claro está, poco y nada pueden sumar a la pesquisa expuesta de esa manera. No se extrae una sola conclusión válida, ya sea en modo positivo o negativo».
También se hace referencia en la resolución conocida en estas horas que el 17 de mayo de 2017, «el entonces Juez Federal subrogante, Facundo Cubas, deniega el pedido realizado respecto a unas intervenciones telefónicas, y hacía notar que de la información aportada no se observaban elementos objetivos idóneos que permitieran alcanzar el estado de sospecha mínimo para realizar esa tarea», se concluye.