Evitan desalojo

La situación económica acentúa la crisis habitacional que existe en la provincia de La Pampa, donde crece la cantidad de desalojos con familias que quedan en la calle por no poder cumplir con el pago de un alquiler, a partir de la falta de empleo que golpea a los sectores más vulnerables.
El director de Gestión Social municipal Sandro Martín aseguró que “los desalojos son cada vez más frecuentes” en Santa Rosa y que “se incrementaron notablemente”, con “muchos casos de madres solas con niños a cargo que no pueden pagar un alquiler de la vivienda”.
En ese sentido, agregó a LA ARENA que “la situación se genera por la problemática laboral, ya que las familias se van separando y lamentablemente se llega a estas situaciones”.
“Nosotros desde el municipio tratamos por todos los medios que sean pacíficos los desalojos y que no tengan un lamentable desenlace de realizarse por la fuerza”, siguió el funcionario.

Seis por semana.
Por su parte, según afirmó el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, Juan Pablo Meaca, en La Pampa durante este año se registraron seis desalojos judiciales por semana a familias con hijos chicos. Si se compara con el año pasado, el aumento es del 100 por ciento de casos, y si se tiene en cuenta el 2016, la cifra asciende al 500 por ciento.
Lo cierto es que la falta de empleo y el incremento en los precios impactó directamente en esta situación que tampoco es resuelta por el Estado, que apenas otorga un subsidio que se extiende por unos meses para solucionar la problemática del grupo familiar.
En ese contexto, en muchas ocasiones han desalojado a la misma familia en tres situaciones distintas, ya que quienes tienen que pagar el alquiler, de pronto no lo pueden hacer más, y vuelven a ocupar otro lugar.

Desalojo.
Martín asistió ayer a un nuevo intento de desalojo ordenado por la jueza Fabiana Berardi en una vivienda ubicada en Catriel Norte al 600. Después de varias horas, el procedimiento quedó postergado sin fecha cierta ante un acuerdo entre las autoridades provinciales y municipales para gestionarle una asistencia económica a la familia involucrada.
Además, al lugar también llegó un grupo de efectivos policiales, acompañados por la oficial de justicia y el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, que intervino porque en la vivienda hay dos niños junto al adulto mayor a cargo.
“Es un litigio entre privados, donde las personas que están habitando la vivienda estarían usurpándola y la oficial de justicia pide la intervención del municipio”, comentó el director comunal, que estuvo acompañado por personal de Niñez, Adultos Mayores del municipio y la provincia, entre otras reparticiones.
“El equipo viene trabajando hace tres meses con varias intervenciones con este hombre pero no quiere acceder. Nosotros le garantizamos el pago de un alquiler, la comida, pero el adulto mayor no quiere abandonar la casa”, añadió Martín.
El abogado Franco Catalani también participó del procedimiento como letrado patrocinante de la propietaria de la vivienda, donde la familia acusada vive hace seis años. Ante ese escenario, las autoridades acordaron suspender el desalojo y buscar una alternativa para que la familia no quede en la calle.