"Exigimos un Estado que sea laico"

El Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reclamó al gobierno provincial que garantice que el de nuestra provincia sea un Estado laico, donde las creencias morales, religiosas o de cualquier índole no perjudiquen la salud integral de las mujeres y personas gestantes.
La ONG se manifestó así luego de conocerse las dificultades que existen para las interrupciones voluntarias del embarazo en los casos previstos por la legislación actual (abortos no punibles) en el hospital Lucio Molas de Santa Rosa. Las trabas impuestas por los propios profesionales de la salud llevaron a las autoridades a dictar un decreto por el cual los abortos no punibles pueden realizarse en todos los hospitales de la provincia y no solo en los de nivel 4 como ocurría hasta ahora.

Derecho centenario.
"Manifestamos una profunda preocupación por la situación que atraviesan las mujeres de la provincia cuando solicitan el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Hasta la actualidad, el Estado provincial no cumplía en todo su territorio con los requisitos establecidos en las normas constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos, los códigos y las convenciones que garantizan nuestro derecho a la interrupción por causales y en condiciones de seguridad", sostuvo la organización.
El Foro recordó que desde hace casi 100 años existe en Argentina el derecho a acceder a los abortos por las causales salud o violación, según el artículo 86 del Código Penal. Y que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto a través del histórico Fallo FAL, emitido el 13 de marzo de 2012. "El máximo tribunal fue contundente al establecer los procedimientos que deben ser garantizados por el Estado e instó a las provincias a generar normas protocolares para su aplicación", dijo el Foro.

Protocolo.
Las activistas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito recordaron que luego de aquella sentencia el gobierno provincial, entonces encabezado por el justicialista Oscar Jorge, dictó el decreto 279/12, cuyo contenido no se ajustó al fallo y dejó a La Pampa entre el grupo de provincias con normativas restrictivas.
"En las últimas horas y a través de los medios de comunicación, tomamos conocimiento de que el Ministerio de Salud modificó el Protocolo. Resta aún saber si se ajusta a lo establecido en el fallo FAL", dijeron desde el Foro.
La ONG sostuvo que desde el mes de marzo había conocido casos concretos en los que el Servicio de Tocoginecología del hospital Lucio Molas incurrió en incumplimientos a las normas vigentes generando barreras a la atención y a la accesibilidad de los procedimientos adecuados. "El resultado de estas políticas conlleva a la expulsión de las mujeres del sistema público de salud, las deja en extrema vulnerabilidad y expuestas a una maternidad forzada o a prácticas abortivas inseguras", plantearon.

Diálogo infructuoso.
Por esa razón, el Foro aseguró que mantuvo reuniones con representantes del Ministerio de Salud y del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, pero sin lograr, en la práctica, soluciones definitivas.
En ese marco, la organización hizo público un documento con las siguientes consignas: "rechazamos la imposición de prácticas dentro del sistema de salud público basadas en creencias morales, religiosas o de cualquier índole que perjudiquen la salud integral de las mujeres y personas gestantes; reclamamos no solo la implementación de la ILE sino también la difusión a nivel provincial de este derecho; demandamos la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, la difusión confiable, universal y oportuna de todos los métodos anticonceptivos disponibles y el acceso gratuito a los mismos y exigimos un Estado laico, respetuoso de nuestras decisiones y que garantice nuestro derecho humano a la vida, a la salud y al ejercicio libre de nuestra sexualidad".