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Exigirán «planes de integridad» a empresas

A pesar de que Mendoza aún no adhiere a la Ley de responsabilidad penal empresaria (27401) sancionada en 2018, los pliegos para licitar la obra de Portezuelo del Viento estipulan que las empresas deben presentar sus planes de integridad, sumando así un requisito nuevo a quienes sean proveedores.
Así lo informó el diario Los Andes, al destacar que la novedad implica que muchas de las firmas que pretendan ser proveedoras de la megaobra en el Sur mendocino deberán adecuarse a lo que establece la normativa nacional. «Esto representa un beneficio ya que se elevarán los estándares de ética y transparencia» para las empresas, sostuvo Paula Cortijo, abogada especialista en compliance y titular de la consultora Transparencia Latam, quien además colaboró en la elaboración de la Ley 27401 y en el proyecto de adecuación provincial, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores de Mendoza.
Cortijo, mendocina, es la responsable de la primera consultora del interior del país en brindar el servicio de elaboración de los programas de procedimientos y buenas prácticas a las organizaciones, con el objetivo de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, como así también establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
«Se viene dando un viraje a nivel mundial hacia ese cambio de paradigma desde hace algún tiempo y se está empezando a vincular al desarrollo sostenible», destacó Cortijo, aunque aclaró que en Mendoza «recién se está empezando a hablar de esto».
Sin embargo, destacó que empresas locales de mayor envergadura han avanzado al respecto para poder presentarse en licitaciones con el Estado nacional. «En Mendoza es muy incipiente el desarrollo de estos planes de integridad, apenas los han hecho las empresas que han participado de licitaciones nacionales en el último año».
Con esto, las firmas interesadas en participar de la construcción de Portezuelo deberán desarrollar estos procesos que la Ley define como el «conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos».
Para esto, la Oficina de Anticorrupción emitió una resolución en la que se establecieron lineamientos para el diseño y evaluación del Programa.