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«Falta considerar participación civil»

EL PROXIMO VIERNES SE CONOCERA LA SENTENCIA EN LA SUBZONA 14 II

El escritor Juan Carlos «Pinky» Pumilla afirmó que «un año más o un año menos no disipa el tamaño del plan de genocidio» que se aplicó en La Pampa durante la dictadura y exigió cárcel común para los represores, al reflexionar sobre la sentencia del 16 de agosto en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la provincia.
Advirtió además que los acusados «lograron unificar el silencio», señaló que faltan juzgar los delitos sexuales ocurridos en aquellos tiempos y destacó que hay un conocimiento «mayor» de la sociedad sobre el plan represivo.
«Llegamos a esta etapa del final del juicio satisfechos porque creemos que hicimos una contribución sustantiva sobre la verdad y la memoria histórica, independientemente del resultado de la sentencia. Porque el fallo se relativiza a 40 años de los hechos y un año más o uno menos, incluso alguna absolución, no disipan el tamaño del plan genocidio que se aplicó en La Pampa», dijo el periodista sobre el fallo que deberá dar a conocer el Tribunal Oral Federal.
Y amplió: «Un año de prisión no repara un minuto de suplicio de Stella Maris Barrios, Susana Verdasco, Ana María Martínez, Raquel Barabaschi. Nosotros cumplimos una función docente para que la sociedad asimile que la provincia no fue una isla de paz, porque cuanto más se conoce del plan terrorista en La Pampa podemos solventar el futuro con mejores posibilidades».
Sin embargo, Pumilla explicó que terminado este juicio, en el que es querellante porque fue secuestrado en la dictadura, quedan cosas ausentes de consideración y justicia, como por ejemplo la participación de los civiles en el proceso».
Señaló que desde el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa, realizado en 2010, el «conocimiento de la población sobre lo que pasó acá es superior, fortaleciendo el activo militante, con reservas éticas, el Nunca Más, y al resto de la sociedad le cuesta digerir que ese discurso no era tan así y eso se manifiesta en la conducta ciudadana, incluso en las conductas electorales».
En el juicio de la Subzona 14 II, se juzgan delitos de detenciones ilegales, secuestros, torturas, tormentos y vejaciones ocurridosdurante la represión ilegal a partir del año 1975 y continuado durante el gobierno militar de facto vigente entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Civiles.
Pumilla advirtió que «falta no solo la participación civil, sino que en el tercer juicio se va a involucrar la cuestión de genero» y a su entender «quedaría un cuarto juicio sobre los asesinatos cometidos en la provincia, casi diez crímenes, y también faltaría un involucramiento en la coordinación represiva. Tenemos constancia de que pampeanos fueron desaparecidos en otros puntos del país producto de tareas de Inteligencia local. Esto fue el centro de un polo represivo».
Sobre la sentencia del próximo viernes, aseguró que «no va a diferir mucho conceptualmente» al fallo de 2010 en el que fueron condenados ocho represores, entre 8 y 20 años de prisión. «Nosotros pudimos introducir la calificación de genocidio aunque no creemos que prospere, a pesar que fue aceptada en otros juicios. Insistimos con ese concepto por lo que representa, lo que padecimos y por su importancia simbólica, implica un plan» porque «el golpe no empezó el 24 de marzo».
Afirmó que el plan represivo «no dejó nada librado al azar. La figura de los desaparecidos, el secuestro de bebés, apuntar a las zonas más sensibles de la militancia, a los líderes. Tiene todo un sentido y el plan venía de la mano con un discurso que lo justificaba, logrando reemplazar la realidad. Es algo parecido a lo que sucede en esta Argentina de hoy, la realidad ha sido subsumida por su relato y el niño que urga en un contenedor para alimentarse, según Duran Barba (asesor publicitario del PRO) no tiene hambre, está buscando un tesoro».
Por otro lado, señaló que en el juicio «quedó al descubierto» que los ex militares Luis Baraldini y Néstor Greppi, ex jefe de Policía y ex secretario general de la Gobernación en la dictadura, «tuvieron un rol importante, de dirigencia, de dominio sobre la aplicación del plan represivo. Llegamos al final de este juicio, y todos los que participaron no están. Se nota la ausencia de Iriart y de personajes vitales para la implementación del plan como el obispo Arana, Cobuta, Amarante, el socio de Greppi en algunas acciones represivas».
– Y el rol de Arana…
– Tuvo un papel decisorio, podía decidir sobre el destino de un detenido. Algunas veces lo hizo y otras veces se negó. En el caso de las familias Tartaglia y Molteni. Hay una anécdota que cuenta Nelson Nicoletti que lo fue a ver pidiéndole por Di Dio. Arana conocía su destino y se indignó que fueran a reclamar por él. Podemos englobarlo en la pata civil de la dictadura.
– La figura de Greppi en el juicio queda opacada de alguna forma por Baraldini, que es el ícono del terrorismo de Estado en La Pampa…
– Greppi se aferra a la versión de que llegó el 24 de marzo de 1976, y nadie lo puede asegurar. Las únicas constancias provienen de partes militares y nosotros no creemos porque dentro de la elaboración del discurso está la mentira y porque dentro del plan negacionista estuvo borrar las huellas, quemar los rastros. Nosotros tenemos que atravesar la muralla del relato, del silencio, de la falta de pruebas, que forma todo parte de este plan.
– ¿Cómo se atraviesa ese silencio?
– A la muralla la vamos a pasar en profundidad cuando avancemos con las cuestiones de genero. Las familias de los represores han digerido su discurso, de que lo hicieron por la Patria, que obedecían órdenes. Pero lo que no dicen los represores es que en el ejercicio de su poder omnipotente hicieron acciones atroces desde la dignidad y el ataque a la condición humana. Y muchos de esos delitos, tienen que ver con agravios a las condiciones sexuales y este aspecto es algo que las familias no pueden contemplar. Cuando eso se sepa, se van a quebrar, se nota que hay diferencias entre ellos, diferencias personales, pero sigue el grado de subordinación. Siguen unidos por cuestiones que no fueron reveladas. Han logrado unificar el silencio por ahora.

«Política de agravios»
Consultado sobre la política de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri, «Pinky» Pumilla fue terminante y afirmó que «cada vez que uno enciende el televisor, la radio, o lee un diario aparece el efecto de la dictadura militar por lo que está en esas crónicas y por lo que desplegó el gobierno en una política sistemática de agravios a los derechos humanos y de desconsideración para sacar la conciencia ciudadana».
«La sociedad no puede edificar un destino de país si no salda las cuestiones pendientes. Este gobierno aplica en lo político un plan destinado a contribuir a que este país sea una factoría con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI)».
Además, se mostró preocupado por «el poder de fuego de las fuerzas armadas que se lo han transferido a Gendarmería, que es artífice de asesinatos. Decir que (Santiago) Maldonado se ahogó es como decir que las víctimas de los vuelos de la muerte se ahogaron».

Por reclamar la libertad
«Pinky» Pumilla era militante del Partido Comunista y fue detenido varias veces. A fines de noviembre del ’75 fue llevado a la Seccional Primera de donde fue liberado a las pocas horas. También fue demorado y luego llevado a la seccional -principal centro clandestino de detención-. En el lugar, estaba Luis Baraldini, ex jefe de la Policía. Finalmente, fue detenido el 28 de enero de 1976 por orden del Comando Militar de la Subzona 14 por publicar una solicitada en el diario La Arena reclamando la liberación de los presos políticos.