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Fassina trata de probar que no espió expedientes

ACUSACION POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES

El jefe de Informática del Centro Judicial, Mario Luis Acattoli, confirmó ante el tribunal los ingresos a expedientes por parte de dos ex funcionarios de la Justicia provincial. Fernando Fassina y Romina Fernández fueron acusados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Ayer fue el turno del testimonio de cuatro testigos: el juez de Control, Gabriel Lauce Tedín; el jefe del área de informática, Mario Luis Acatoli; y los abogados Silvia Lorena Catoia y Guillermo Galcerán.
En el caso de Gabriel Lauce Tedín -hoy juez de control pero en 2015 fiscal- dijo que con su par Cecilia Molinari resolvieron solicitar un informe a Sistemas porque se estaba filtrando información sobre algunas causas.

Los hechos.
A partir de allí surgió que los fiscales sustitutos Fassina y Fernández habían accedido con su clave a expedientes que llevaban adelante otros funcionarios judiciales, pero en la que los dos antes de ser designados habían actuado como abogados particulares.
Fue el titular del Ministerio Público Fiscal, Mario Bongianino, quien trasladó las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, que desafectó a los dos fiscales sustitutos; mientras el 12 de noviembre de 2015 se iniciaron actuaciones administrativas y una investigación fiscal preparatoria.

Declaró Acattoli.
En la audiencia de ayer el jefe de Informática, Mario Luis Acattoli, explicó al tribunal de qué manera se trabaja, y señaló que se determinó que Fassina había ingresado al sistema desde la misma máquina con que trabajaba en la Fiscalía. El mismo imputado preguntó si después de ser separado del cargo alguien formateó la computadora que él usó, a lo que Acattoli respondió que no.

«No había restricción».
En la primera audiencia del juicio oral, Fernando Iván Fassina había reconocido que ingresó a un expediente, pero aclaró que «no había prohibición alguna para entrar a legajos». Expresó ante los jueces que reconocía que ingresó «a un legajo; tenía costumbre de mirar todos los legajos que habían ingresado durante mi turno para ir preparando mi trabajo y aprendiendo. Pero todo el mundo podía ingresar a cualquier legajo, no había restricción alguna», dijo cuando le tocó hablar. El es su propio abogado defensor.

«Romina estaba preocupada».
Cuanto le tocó testimoniar a Silvia Lorena Catoia corroboró lo expresado por Romina Fernández, acerca de que le había dejado un expediente con un cobro ordinario que involucraba a Matías Andrada, y que ella misma acompañó al cliente a la UAP (Unidad de Atención Primaria) para saber si estaba involucrado en la causa que tenía que ver con Carlos Luján Sosa.
El abogado Mariano Alomar, también en calidad de testigo, tuvo una breve intervención pero contestó ante una pregunta que en su momento efectivamente «la veía preocupada» a Romina Fernández, quien habría tenido miedo porque alguien le había señalado que Andrada tendría alguna vinculación con Sosa.
Por su parte el fiscal general Guillermo Sancho, viene sosteniendo que los ex fiscales actuaron por razones personales y no funcionales.

Porqué sólo a los ex fiscales.
Cabe recordar que en la primera audiencia del juicio oral y público, una de las integrantes del tribunal, la jueza Alejandra Flavia Ongaro -los otros dos son Daniel Sáez Zamora (presidente) y Carlos Besi- preguntó porqué si había muchos empleados judiciales que habían ingresado a los legajos -fiscales y no fiscales-, la causa se había direccionado solamente hacia Fassina y Fernández. No obtuvo respuesta.
En la jornada de hoy habrá más testimonios, con testigos aportados en su mayoría por Fernando Fassina, y mañana se realizarán los alegatos.

«Mi clienta es inocente»
El defensor de la abogada Romina Fernández -ex fiscal sustituta- está convencido de su inocencia, y sostuvo que «las audiencias y la prueba documental e instrumental acreditan con respecto a mi defendida que no hay delito».
Mario Aguerrido agregó que «no sólo no hay ningún elemento que pueda hacer pensar que transmitió algún tipo de información; sino que además no hay ninguna prueba fallida del Ministerio Público en función de alguna filtración… no es que pueden decir no pudimos hacer esto porque le habían avisado antes», razonó el abogado.
Cabe señalar que al momento de declarar en la primera audiencia -el martes último- Romina Fernández dijo que si ingresó a ver un expediente fue por «un motivo personal», porque «estaba aterrorizada por una serie de hechos que habían sucedido con un cliente». Expresó que por eso ingresó al sistema: «Quería saber si (el cliente) era una persona peligrosa. Pero de lo que vi no transmití nada a nadie», aseguró.
Ese cliente era Matías Andrada, a quien le llevaba un caso de cobro ordinario, que después -al asumir como fiscal sustituta- dejó en manos de la abogada particular Silvia Lorena Catovía. Alguien le había indicado que el mencionado Andrada tenía alguna vinculación con Carlos Luján Sosa, involucrado en lo que se conoció como el crimen de Villa Martita, en el cual resultó muerta de un disparo Griselda Fuentes Cabal, y herido gravemente el empresario gastronómico Eduardo Ros.