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Fiscal apeló sobreseimientos

CAUSA ARMADA POR AGENTES DE LA AFI

El fiscal federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, apeló esta semana los sobreseimientos dictados al diputado provincial Espartaco Marín, a dos jefes policiales, a empresarios y hasta a un sacerdote en una investigación sobre una presunta organización criminal destinada a recibir y distribuir estupefacientes en La Pampa.
«Los sobreseimientos resultan, al menos de momento, prematuros. En ese orden de ideas es que aún se encuentran pendientes de producción y contestación gran cantidad de pedidos de informes y diligencias de prueba que fueran solicitadas por la División Antilavado de la Policía Federal a organismos públicos y privados vinculados a los imputados que fueran encomendados por esta fiscalía a sugerencia de la Procelac», argumentó.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca tiene ahora la decisión. Puede confirmar el sobreseimiento u ordenar que se profundice la investigación.
El fiscal destacó que el Juzgado Federal de Santa Rosa es el que autorizó y avaló diferentes medidas jurisdiccionales necesarias para la investigación como el levantamiento del secreto fiscal, tributario y bursátil y la solicitud de entrecruzamiento de llamadas entrantes y salientes.
Sobre el planteo del juez, sobre que la investigación se trataría de una «excursión de pesca», Gómez Barbella no compartió el criterio porque la AFI que inició la investigación «es un órgano institucional de inteligencia criminal del Estado Nacional».
«Los fiscales tenemos el deber de emplear criterios que conduzcan al mantenimiento de la acción penal y la misión de velar por los intereses generales de la sociedad», dijo el fiscal, señalando que según la Corte Suprema de Justicia todos los órganos del Estado Argentino que «intervengan en un proceso en el que se investigue el tráfico ilícito de estupefacientes deben comprometer sus mejores y máximos esfuerzos, para que el enjuiciamiento sea agotado sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita».

Espías de la AFI.
La causa se inició por datos confusos aportados por un agente de la Agencia Federal de Inteligencias (AFI). En el sobreseimiento, el juez federal Juan José Baric señaló que «el informe inicial carece de todo tipo de elemento de prueba que avale su contenido. Se refiere a todos los temas que menciona en modo potencial y a la existencia de tareas de campo, información propia. No aportó una sola evidencia, testimonio, filmación, documento o dato certero».
En el listado de la investigación, figuraban además de Marín, dos altos jefes policiales: los comisarios Luis Blanco y Marcelo Calderón; el sacerdote Hugo Pernini, de la capilla Nuestra Señora de Luján, quien era párroco en la Unidad 4. También estaban involucrados empresarios del medio, prestamistas y condenados por narcotráfico.
El expediente judicial tuvo en su momento gran trascendencia mediática, justamente días antes de las primarias de agosto. Los acusados, principalmente Marín, advirtieron que la cuestión estaba relacionada con una operación política por parte del gobierno nacional, considerando que agentes de la AFI, que responden al macrismo, fueron los que iniciaron el expediente.