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Fiscalía pidió perpetua para Santillán

ULTIMA AUDIENCIA POR EL ASESINATO DEL "CHUECO" FUENTES

En una semana el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa dará el veredicto en el juicio por el crimen de Aldo Horacio «Chueco» Fuentes ocurrido en 2018. Ayer, la fiscal Cecilia Martín pidió una pena de prisión perpetua sobre el principal acusado por el homicidio, Manuel «Mono» Santillán y de dos años de prisión a Alan Pérez Barreiro, por encubrimiento. La querella, que representa a la familia, coincidió con el pedido de pena. La defensa de Santillán pidió la absolución y la de Pérez Barreiro la suspensión del juicio a prueba y que realice tareas comunitarias.
«Quedó acreditado que Santillán entró a la casa de Fuentes y acometió contra él cuando estaba durmiendo. Lo agredió con tres golpes en la cabeza que le produjeron la muerte, aprovechándose de la existencia de herramientas que había en el lugar», afirmó Martiní, considerando probado que el arma usada fue un hacha.
Dijo que el acusado del homicidio «aprovechó» la situación de que Fuentes estaba solo y era de noche, buscando impunidad. «Y en forma tranquila tomó distintos elementos como un equipo de audio, herramienta, ropa, un decodificador», siguió. También robó una moto Honda Wave 110cc, que luego vendió a Pérez Barreiro.
El hecho ocurrió entre la tarde noche del 30 de enero y la madrugada del 31 de enero de 2018 en el domicilio de Neveu y Luther King. Según la fiscalía penal, el acusado le dio al menos tres golpes en la cabeza a Fuentes para lograr «impunidad» sobre el robo, es decir para ocultarlo.
Martiní explicó que la víctima no pudo defenderse porque Santillán emprendió «contra él con toda su fuerza» y destacó que las pruebas genéticas sobre el hacha «no dejan dudas» que fue el arma utilizada por el acusado y el decodificador de CPEtv, registrado por Fuentes y hallado en la vivienda del imputado.
«Santillán manejó el hacha con suma fuerza», insistió en su exposición, recordando que también «divulgó» en diversos ámbitos que él fue el autor del homicidio. Se lo dijo a una persona cercana y a un compañero de celda cuando estuvo detenido en la Alcaidía de Santa Rosa. «Los testimonios coinciden con las pruebas», resaltó.

«Hay certeza».
En el final de su alegato, la fiscal manifestó que «hay grado de certeza absoluta» que Santillán atacó a Fuentes «en forma salvaje, sin ningún riesgo para él, por la hora de la noche, era una persona mayor que estaba dormida contra un joven que lo atacaba, estaba obrando sobre seguro para llevarse distintos elementos».
Contó que Santillán vivía cerca de la casa de Fuentes y en otra oportunidad le había robado, según testimonios de la familia de la víctima. Agregó que aquel día robó la moto de la víctima y que en otro momento posterior, hizo 40 cuadras y se la vendió -por apenas 2.000 pesos- a Pérez Barreiro, para sacársela de encima porque «era una prueba evidente».
«No existen obstáculos para que Santillán sea una persona punible porque comprende la criminalidad de los hechos. Era conciente de lo que hacía», señaló Martiní sobre el acusado para el que pidió prisión perpetua por el delito de homicidio calificado cometido con alevosía y para procurar la impunidad del robo. Le pidió al Tribunal que valore la «afección» que causó el hecho «en los familias de la víctima que viven con trauma y en estado de angustia».
Por otro lado, la fiscal solicitó una pena de dos años de prisión para Pérez Barreiro, acusado por del delito de encubrimiento por recepción dolosa, porque «pagó un precio irrisorio» por la moto de Fuentes -que le vendió Santillán- «para modificarla» y luego revenderla. Consideró también la situación del imputado -al pedir la pena- porque no tiene antecedentes penales, a diferencia de Santillán que fue condenado recientemente -a perpetua- por la muerte del femicida Facundo Pérez, cuando ambos estaban detenidos en la Alcaidía.

Suspensión.
La defensora oficial Paula Arrigone pidió la suspensión de juicio a prueba para Pérez Barreiro, argumentando que la fiscalía cambió la calificación del delito en el proceso. En un principio Martiní había señalado que el acusado sabía que la moto que compró a Santillán a bajo precio provenía de un hecho grave, pero ello no pudo ser probado y quitó el agravante, abriendo la posibilidad al pedido de juicio a prueba.
Arrigone solicitó que se suspenda el proceso judicial por un plazo de dos años en los que el imputado de encubrimiento debe cumplir con una serie de reglas de conductas impuestas y luego se le dicta el sobreseimiento y no le quedan antecedentes. Propuso que se presente en los tribunales mensualmente y que realiza tareas comunitarias en un desayunador. Si comete otro delito se le daría una condena de efectivo cumplimiento.
En este sentido, las partes, es decir la fiscalía y el querellante Juan José Hermúa, que representa a la familia, prestaron consentimiento al planteo de la defensa de Pérez Barreiro. La familia «busca justicia y no venganza», consideraron desde la querella. Por su parte, Pablo de Biasi, defensor de Santillán, planteó la actividad procesal «defectuosa» en cuestiones como el secuestro del hacha del homicidio, solicitó la absolución por beneficio de la duda y en forma subsidiaria una pena más leve.

Una negativa por la moto
Antes de los alegatos de las partes, Manuel «Mono» Santillán declaró en el juicio refiriéndose al otro acusado Alan Pérez Barreiro, imputado por comprarle una moto de la víctima, que después comercializó en un tercero, y aclaró: «No sé donde vive él con su madre como para ir a venderle una moto. Sé que vive en el Plan Vial pero no sé en qué departamento, él fue una sola vez a mi casa a venderme ‘falopa'».