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Formalizan a imputados por WhatsApp

LOS JUECES EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

En un importante allanamiento que se hizo el sábado a la noche en el barrio Federal, la policía detuvo a un hombre que violó la cuarentena por coronavirus e intentó atropellar a motoristas de la Comisaría Primera. Fue puesto a disposición de la Justicia local, que le inició una causa por resistencia a la autoridad y por quebrantamiento de la cuarentena dispuesta por el presidente Alberto Fernández. Ayer a la tarde, en una audiencia de formalización que se hizo a través de medios electrónicos, se le dictó la prisión preventiva hasta la finalización del proceso judicial.
El hecho se registró cerca de las 22, en el momento en el que motoristas de la Comisaría Primera que patrullaban el Barrio Federal en razón de hacer cumplir la cuarentena, observaron a un Fiat Siena circulando por las calles. Cuando los efectivos intentaron interceptar al conductor, este les tiró el auto encima, se dio a la fuga y descendió en una vivienda de la 444 bis entre 113 y 115, dijeron voceros oficiales.
Ante la negativa del vecino de entregarse a la policía, se libró una orden de allanamiento, del que participó el Grupo Especial de la Unidad Regional II. La policía logró irrumpir en el domicilio y detener al sospechoso, quien se había ocultado en una de las habitaciones. Luego fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Justicia. Previo al allanamiento había intentado escapar por los patios lindantes, pero la policía cercó la cuadra para evitar la fuga.

Formalización.
El detenido fue puesto a disposición de la Justicia piquense, y ayer a la tarde se le formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria en una audiencia que se llevó a cabo mediante una videollamada de la red social Whatsapp. La audiencia la coordinó el juez de control Alejandro Gilardenghi, y contó con la participación de la fiscala Verónica Campo y del defensor oficial Alejandro Caram.
En esta instancia, el magistrado le dictó la prisión preventiva hasta la finalización del proceso judicial, haciendo lugar al pedido fiscal. Además le inició una causa penal por la presunta comisión de los delitos de Atentado y resistencia a la autoridad y por violar el decreto de la cuarentena, que está enmarcado en el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, que sanciona con penas de 6 meses a dos años de prisión, a quien viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
La fiscala argumentó el pedido de la prisión preventiva, al considerar que el imputado incurrió en conductas gravísimas, como lo fueron el incumplimiento de la cuarentena, como la resistencia a la autoridad.
Hasta ayer a la tarde, en el marco de la UR II, se habían iniciado 410 causas judiciales por violación de la cuarentena, con 122 personas demoradas y 288 notificadas.

En Santa Rosa también.
A través de celulares y de Whatsapp, la Justicia provincial, en cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno nacional y utilizando las nuevas tecnologías junto con el Sistema de Gestión de Legajos Penales, formalizó a un hombre de 39 años, por violar dos veces el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora deberá permanecer en prisión preventiva hasta el próximo sábado.
La resolución fue dictada por el juez de control, Carlos Matías Chapalcaz, a pedido del fiscal general Máximo Paulucci. El defensor oficial, Martín García Ongaro, había requerido que el imputado -permanece detenido desde anoche en la Seccional Tercera- quedase en libertad y, subsidiariamente, que se le dictara la prisión domiciliaria.
Desde el STJ destacaron que lo novedoso de la causa fue que se tramitó sin declaraciones ni audiencias presenciales. En ese sentido, explicaron que García Ongaro se comunicó con la comisaría y entrevistó al imputado por teléfono. En esa conversación, le explicó los alcances de la acusación y le preguntó si quería declarar o si se abstendría. Luego, también telefónicamente, informó la versión que dio su defendido de lo ocurrido el sábado y propuso el domicilio donde cumpliría la prisión. Sin embargo, sus moradores se negaron a alojarlo aduciendo que el acusado ya tenía una orden de restricción de acercamiento.

Desde la casa.
El magistrado resolvió desde su vivienda particular, subió la resolución al Sigelp y las partes se notificaron de ella por vía electrónica. Incluso, la denuncia escrita y otra documentación fue incorporada al legajo digital a través de fotos de Whatsapp.
La formalización fue por la presunta comisión de los delitos de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia y desobediencia, en dos hechos, y amenazas simples.
Los hechos por los que fue imputado se registraron el sábado a las 10, cuando la policía identificó al hombre en pleno centro santarroseño, y este no pudo dar ninguna justificación válida de porqué estaba circulando por la vía pública.
«Adujo que quería lavar autos y, cuando se le explicó que no podía hacerlo por el decreto de emergencia que dictó el Poder Ejecutivo Nacional, respondió que igual iba a quedarse en el lugar». Por estos motivos, fue detenido y trasladado a la Seccional Tercera, y alrededor de las 12.40 fue notificado en libertad.
Sin embargo, media hora más tarde se recibió un llamado advirtiendo que una persona estaba ocasionado molestias, nuevamente en cercanías del centro, y amenazando con que nadie lo iba a parar o a detener. Era el imputado, quien al ser interceptado por la policía en la plaza San Martín, dijo que nadie iba a sacarlo de allí e incluso amenazó a los agentes con hacerlos «cagar».

Riesgo a la salud.
Chapalcaz señaló en la resolución que «en primer lugar, no puede dejarse de lado las circunstancias especiales en las cuales el imputado habría incurrido en el delito de desobediencia, en donde está en juego la salud pública de toda la población, lo cual motivó el dictado de normas de emergencias a nivel nacional y provincial, que deben ser cumplidas por todos los ciudadanos».
El magistrado, resaltando la tarea de concienciación y control de la policía, indicó que «en un primer momento anoticiaron al ciudadano de las restricciones vigentes -aun cuando son de conocimiento público y notorio-. No obstante ello, el imputado no solo habría incumplido en una segunda oportunidad, mostrándose agresivo, sino que además habría formulado amenazas a terceras personas presentes en el lugar». El acusado adujo en su declaración que desconocía las limitaciones para circular libremente.
Paulucci, por su parte, en los fundamentos para requerir la prisión preventiva, remarcó que el accionar del imputado fue «el que pretende enérgicamente evitar el decreto presidencial, toda vez que puso en riesgo serio su salud, y la de todos los ciudadanos, inclusive la de la propia policía».
«Resulta insostenible, a la luz de todas las noticias e información al respecto, incluso la proporcionada por la prevención a él -cuando entre el primer y el segundo hecho fue notificado en libertad-, que no comprendiera con suficiencia que no debía violar las medidas de aislamiento social», concluyó.