«Formó parte de un perverso círculo»

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Oscar Alpa, aseguró que esa casa de estudios «formó parte de un perverso círculo en el que se proyectó el aniquilamiento, simbólico y material, del derecho social a la educación» al declarar como testigo en el marco de la tercera etapa del juicio a los represores de la Subzona 1.4.
El juicio tuvo ayer una nueva jornada, realizada a través de la plataforma virtual Zoom, en la que además de Alpa declararon Víctor Giavedoni, del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, y Sergio Ibaceta, del Partido Comunista, en todos los casos como representantes legales de instituciones que se presentaron como querellantes.
Alpa detalló la Resolución 034/2013 del Consejo Superior mediante la cual se resolvió constituir a la UNLPam como querellante, de forma activa y trascendente, que no se limite a un mero control de las actuaciones sino que sea que sus acciones materiales sean tendientes al esclarecimiento de «la verdad y la obtención de justicia», teniendo en cuenta el alto porcentaje de personas pertenecientes a la comunidad universitaria que fueron víctima del terrorismo.
El rector destacó el control de lo ideológico al que fue sometida la Universidad, en la enseñanza, contenidos y libertad de cátedras; además de vigilancia sobre docentes y estudiantes con oficiales infiltrados.
Mencionó que la dictadura significó no sólo un daño en las personas, sino también un daño epistemológico: borrado de corrientes de pensamiento, enseñanza, investigación y extensión. La intervención en IER en 1975 inició la escalada de detenciones en La Pampa.
A su vez, indicó la existencia de un control interno hacia el comedor universitario y cooperadora, cierre de residencias y arrasamiento de sus órganos de gobiernos. Se puso de manifiesto la vigilancia, delación y expulsión, achicamiento del sistema, se planteó el cobro de aranceles, se incorporaron exámenes de ingresos: todos mecanismos para desalentar el ingreso masivo universitario.
«Hay que contar otro daño, el institucional: no sólo porque el estatuto de la UNLPam y sus órganos de gobierno y académicos fueron arrasados, al igual que los Centros de Estudiantes, sino también porque se puso de manifiesto el veneno de la vigilancia, la delación y la expulsión, en franca sintonía con el propósito de achicamiento del sistema universitario: el cobro de aranceles, los cupos por formación profesional, los exámenes y tests de ingreso; mecanismos todos de desaliento para el ingreso universitario», expresó Alpa.

«Proyecto político».
«En suma -añadió-, nuestra Universidad ha sufrido y ha formado parte de un perverso círculo en el que se proyectó el aniquilamiento -simbólico y material- del derecho social a la educación, su despolitización, el achicamiento y desfinanciamiento del sistema, la selectividad educativa, la descontextualización y atomización del conocimiento, así como los principios ‘epistemológicos’ adecuados para la construcción de nuevos saberes, el desmantelamiento del pensamiento científico y la extensión entendida como ‘culturalista recreativa’. Se clausura así el proyecto político de una universidad liberadora -del 74′-, al servicio del pueblo, donde las demandas organizadas empiezan a ser vistas como situaciones de ingobernabilidad que se extienden a toda la sociedad».
En el cierre de su testimonio el rector dijo que se creó una sensación que sitió a las futuras generaciones con «no te metas». En tal sentido afirmó que hoy la UNLPam asume la responsabilidad de un rol protagónico en la construcción de la sociedad con reivindicación, reparación histórica, simbólica y real, y perspectiva de género.

Derecho a la verdad.
A su turno, Giavedoni destacó que el Movimiento al que representa es querellante en la causa «porque promovemos la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos. Y muy especialmente nos interesa el derecho a la verdad, el derecho a conocer las circunstancias en que se dieron las violaciones a los derechos humanos. Esto debe hacerse con participación amplia, por eso la necesidad de que se escuche nuestra voz. Esto no sería tan necesario y relevante si no existiese el pacto de silencio de los genocidas, que nos impide saber la verdad por boca de los ejecutores, no dicen dónde están los cuerpos de los desaparecidos ni nuestros nietos y nietas apropiadas».
Y agregó que durante «mucho tiempo se sostuvo que La Pampa fue una isla. Seguiremos aportando y participando para recordar que no fue así. Treinta mil compañeros desaparecidos, ¡presentes!».

Orgullo.
Ibaceta, en tanto, señaló el «orgullo» que significa para el Partido Comunista local de ser el único partido político que se presentó como querellante para la defensa de los derechos de las víctimas de la última dictadura militar.
«El objetivo no era solo aniquilar la organización marxista leninista si no también nuestra visión ideológica de transformación de la sociedad. Esta visión de cómo construir una sociedad mejor es lo que se persiguió», sostuvo Ibaceta y recordó que el PC «fue afectado con más de 500 detenidos y 150 fueron desaparecidos, además de más de 5 mil despedidos de sus trabajos por cuestiones ideológicas».
«Con una gran maquinaria propagandística del imperio de Estados Unidos, comenzó la cacería, fomentando el miedo, el odio, la desinformación, algo que vemos todavía hoy en día, hasta llegar a recursos extremos como fue la persecución, los despidos y la represión, el exilio, el encarcelamiento, la tortura, la muerte y la desaparición de tantos militantes de las fuerzas populares. Esta simbología llega hasta hoy, el hablar de los zurdos, los rojos, y se vuelve a agitar en este presente. Las élites agitan esos fantasmas para que ningún gobierno pueda disputar estos poderes».

El TOF rechazó un nuevo reclamo
Durante la audiencia de ayer, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa rechazó otro reclamo de los y las abogadas defensoras de los represores para suspender el juicio por la Subzona 1.4. El pedido se basó en que algunos de los imputados supuestamente no están en condiciones de salud para participar del proceso judicial.
Luego de la petición, los jueces del TOF a cargo del juicio, Pablo Díaz Lacava, José Triputti y Marcos Aguerrido, decidieron no atender el reclamo de la abogada Laura Armagno, al que se plegaron las otras defensas, y seguir adelante con el proceso judicial. La fiscalía, a cargo de Iara Silvestre, dio a conocer sus argumentos para no atender el pedido de las defensas y por eso pidió que el juicio continúe según lo previsto. También coincidieron los abogados querellantes. En ese sentido, Franco Catalani pidió «realizar exámenes periódicos a los imputados para saber si están en condiciones o no de estar en las audiencias».
El Tribunal debe resolver si se aparta del juicio a Luis Baraldini, principal referente de la Subzona en los años de la dictadura en la provincia, y a Humberto Riffaldi. Se les realizarán estudios para determinar si sufren deterioro cognitivo que les impida participar del juicio. Además, se le tomará indagatoria al acusado Néstor Greppi una vez que deje el Hospital Militar, en donde está internado
Díaz Lacava, en tanto, le advirtió al abogado Pedro Mercado que «ya no se aceptarán nuevos pedidos» para frenar el juicio ya que ese reclamo se repitió en varias oportunidades y el Tribunal dejó en claro que no habrá una determinación en contrario.

«Pareciera que está durmiendo»
Durante la audiencia se escuchó un reclamo del abogado querellante Franco Catalani. Específicamente se quejó porque Baraldini «parece que está durmiendo» durante las audiencias en lo que parece «una falta de respeto». En la pantalla de Zoom el represor aparece acostado y sin prestar atención a lo que sucede. El abogado defensor Pedro Mercado insistió en que por cuestiones de salud «está imposibilitado de participar» del juicio y por eso pidió, una vez más, que se lo aparte de las audiencias, algo que fue negado por el TOF.