“Fuerzas constitucionales, subordinadas”

FRANCO CATALANI, ABOGADO QUERELLANTE EN LA SUBZONA 14 II

Los querellantes continuaron ayer con los alegatos en el marco del juicio de la Subzona 14 II y en la próxima audiencia podrían finalizar con los pedidos de condena para los 14 ex policías y ex militares acusados por los delitos de secuestros, torturas y genocidio, por los hechos ocurridos durante la última dictadura en La Pampa.
Ante el Tribunal Oral Federal, en el reinicio de los alegatos Franco Catalani afirmó que “las fuerzas constitucionales estaban subordinadas al poder militar” respecto a los procedimientos que se dieron antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y rechazó la legalidad de los procedimientos realizados en conjunto entre las fuerzas militares y policiales antes del golpe. “Desde ese momento, operó un Estado de facto en el país, las autoridades constitucionales recibían órdenes de los militares”, indicó.
Además, explicó que el coronel Fabio Iriart era el jefe de la Subzona Militar 14 y también a él respondía el grupo de tareas. “Era la máxima autoridad en La Pampa”, aportó el querellante de la Universidad pampeana, el Partido Comunista, al Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos -junto a Miguel Villagra y Maximiliano Corroinca- y las víctimas Juan Carlos Pumilla, Elida Rodríguez, Guillermo Quartucci, Rafael Guardia, Graciela Bertón.
Sobre el acusado Luis Baraldini señaló que participó de la estructura militar desde el Batallón 101 de Inteligencia del Ejército y luego pasó, designado en “comisión” en 1976, a ser jefe de la Policía pampeana, a partir del golpe de Estado. “Seguía respondiendo a la cadena de mando”, aseguró Catalani.
En tanto, el jefe de la Unidad Regional I era Roberto Constantino, el represor ya fallecido en el juicio de 2010. Dijo que Néstor Greppi también integraba el Batallón, y que en la Subzona policial estaba conformada por Roberto Fiorucci y Omar Aguilera como parte de la plana mayor, Baraldini como jefe de Policía, Oscar Yorio como secretario privado, y Humberto Riffaldi como jefe de Inteligencia, que tenía al mando a Hugo Marenchino y Luis Lucero. Luego el grupo de tareas estaba integrado por Athos Reta, Néstor Cenizo, Carlos Reinhart y Oscar “Miseria” López, hoy de apellido Melazzi.

Usaron la UNLPam para secuestrar.
Catalani detalló los secuestros y torturas que sufrieron integrantes de distintos subgrupos de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Aquellos que pertenecían al Instituto de Estudios Regionales (IER), dirigido por Hugo Chumbita; docentes, no docentes y estudiantes; y los detenidos por la causa “Mingote”, que integraban una agrupación universitaria. Por estos casos, acusó a Baraldini, Greppi, Cenizo, Reinhart por asociación ilícita, secuestro agravado por amenazas, tormentos y genocidio, y a ellos incorporó al médico policial Máximo Pérez Oneto como participe necesario.
“Usaron la estructura de la UNLPam como instrumento de recolección de información para seleccionar las personas a secuestrar. Hay 49 personas, más otras 14 que estaban también directamente vinculadas con los detenidos ilegales”, dijo el letrado.
Agregó que los secuestros se produjeron entre noviembre y diciembre de 1975 por “el cambio en la dirección política en el Ministerio de Educación de la Nación, donde estaba (Jorge) Taiana y luego asumió (Pedro) Arrighi”, que se basó en “la extrema derecha y prohibió las actividades políticas en las universidades”.
Ante el cambio de autoridades, recordó, comenzaron las persecuciones y en La Pampa fueron detenidos, entre otros, los rectores Jorge Bragulat -de la UNLPam- y Carlos Agaya -de la UTN-, quienes estaban allí por la gestión Taiana. “Existió un patrón común en las detenciones”, afirmó Catalani.
Por otro lado, el abogado también se refirió a un grupo de 11 personas -entre ellos el ex rector Sergio Baudino- que fueron detenidas ilegalmente por pertenecer al Federación de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (Faudi). Fueron secuestrados por su actividad política y también los torturaron en la planta alta de la Primera, donde funcionó el principal centro clandestino de detención de la provincia.