miércoles, 27 octubre 2021
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Gigena advierte que no hay que pagar facturas con aumentos

CELULARES

Los aumentos comunicados por las empresas de telefonía celular a sus abonados son ilegales. Así lo dijo ayer el director del Enacom Alejandro Gigena, el ex funcionario provincial que llegó al organismo nacional luego de su tarea en La Pampa para la creación de Empatel. En diálogo con El Aire de la Mañana, en Radio Noticias 99.5, el abogado aseguró que no existe autorización del órgano de contralor a los citados incrementos en las tarifas.
«En agosto del año pasado, mediante un DNU el presidente de la Nación (Alberto Fernández) declaró servicio público esencial y estratégico a la telefonía fija, a la telefonía móvil en todas sus modalidades, a la TV por cable y al servicio de Internet. En ese contexto, la definición que da el DNU es que los precios pueden ser fijados por las empresas pero deben ser autorizados por la autoridad de aplicación, en este caso el Enacom», explicó.

Aumentos.
«Las compañías para los meses de mayo y junio han solicitado una autorización para aumentar sus tarifas, desde el Enacom no se autorizó ningún tipo de aumento. Las empresas comenzaron a anunciar aumentos sin ninguna autorización, lo cual llevó al Enacom a emitir un comunicado de prensa el 14 de abril diciendo que este aumento es ilegal y le comunicamos a las empresas que cualquier aumento que ellos decidan, sin la previa autorización del Enacom, es ilegal», sostuvo.
En un mensaje dirigido a los abonados de los servicios, Gigena aseguró que, en principio, no hay obligación de pagarlo por parte de los usuarios. «Tenemos que ver si efectivamente facturan con aumento o no. Recordemos que las empresas en 2021 facturaron por demás, y han tenido que refacturar, reacomodándose a la normativa el Enacom. Ahora podría pasar eso nuevamente», dijo.

Prestación básica.
Días atrás, en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, encabezó una reunión con el directorio del Enacom, del cual Gigena es uno de sus miembros, y con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que preside Victoria Tolosa Paz. Allí se habló del incumplimiento por parte de las compañías telefónicas de la obligación de brindar una prestación universal básica de sus servicios.
Anteriormente, el Enacom había trasmitido su malestar a los representantes de las empresas. «Se planteó la necesidad de que las empresas cumplan con la prestación básica universal, para que los sectores de mayor vulnerabilidad tengan acceso a la conectividad. Uno de los servicios era telefonía móvil a 150 pesos, más un adicional por datos. Y, si bien las empresas lo publicitan, luego generan toda una complicación para hacerlo cumplir y la gente no se adhiere», explicó.

No corte.
Gigena reveló que los sectores de menos ingresos destinan al 30% de sus ingresos a la conectividad. «Eso es inaceptable. Una prestación básica universal tiende a bajar el costo de la conectividad en los sectores más desprotegidos. Entonces, se planteó la necesidad de resolver rápidamente ese acceso y los equipos técnicos del Enacom están trabajando para rápidamente, en un plazo de 30 días, resolver esta situación», añadió.
El funcionario pampeano aseguró que «el gran problema» es la telefonía móvil. «Una de las empresas está prácticamente en rebeldía con la ley, las otras empresas quieren aumentar, como todas. Telecom está en rebeldía con la ley, no está de acuerdo con que el Estado intervenga. En realidad, ninguna lo está pero la declaración de servicio público es una decisión política del Estado, para beneficio de las personas. Por eso estamos viendo sacar una resolución que obligue al no corte, ante esta rebeldía de las empresas a la norma. Y si el usuario ya lo pagó deberán restituirle el dinero», concluyó.