Guerra judicial por pabellones de presos ocupados por SPF

LA JUSTICIA FEDERAL HOSTIGA A JUECES PAMPEANOS QUE PIDEN SE CUMPLA EL CONVENIO

El presidente del Tribunal Oral Federal, Pablo Díaz Lacava, solicitó al fiscal federal general de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, que investigue a los jueces de Ejecución Martín Saravia y Mauricio Pascual por el delito de abuso de autoridad, luego de que le exigieran a las autoridades de la Unidad Penitenciaria Nº 4, Colonia Penal, que prohíban el ingreso de condenados y procesados federales. Las mismas exigencias habían sido efectuadas ante las autoridades carcelarias del Instituto Correccional de Mujeres, U-13. La orden de los jueces pampeanos busca que se cumpla el convenio existente entre Provincia y Nación para que los condenados de nuestra provincia ocupen las celdas y pabellones que Provincia edificó. La intervención de los representantes de la Justicia local desató de esta manera una guerra judicial. Conforme a los trascendidos, la solicitud de Díaz Lacava fue a través de una exposición judicial que sus secretarios hicieron llegar al fiscal general federal, quien ya inició una investigación, y habría dispuesto ciertas medidas, como la revisión del convenio existente.
La Pampa suscribió el año pasado junto al Servicio Penitenciario Federal (SPF) un convenio donde se crearon cuatro pabellones, comprendidos por 300 calabozos, para la ocupación de los presos pampeanos.
Cabe recordar que el pasado 15 de junio LA ARENA dio a conocer la visita realizada por las autoridades judiciales pampeanas a la Colonia Penal. El recorrido se había llevado a cabo en el marco de un trabajo conjunto entre los jueces Martín Saravia y Mauricio Pascual y los fiscales generales Máximo Paulucci y Armando Agüero, con el fin de ver la situación actual del Servicio Penitenciario Federal. De esa visita surgió como dato que “de cuatro pabellones construidos por el Gobierno, comprendidos por 300 calabozos para la ocupación de presos pampeanos, un tercio está ocupado por pampeanos y el resto por condenados por otras provincias”.

Causa penal.
El conflicto de poderes inició en los últimos días, cuando Saravia y Pascual le ordenaron al director de la U-4, Hugo Almeida, la prohibición de ingresos de procesados y condenados que no sean de la Justicia ordinaria provincial ya que no se esta llevando a cabo el convenio que Provincia y Nación tienen desde el 2007. Todo surgió de la visita realizada a mitad de mes, y en este sentido, el prefecto Almeida fue quien comunicó sobre lo mandado al presidente del TOF de Santa Rosa quien actuó con celeridad y, de acuerdo a los datos a los cuales accedió este diario, envió el martes a sus secretarios para que entregaran una presentación judicial ante la oficina del fiscal federal. En base a ese documento se abrió una causa penal que llevará cierto tiempo de investigación y, de acuerdo a los trascendidos, Barbella ya solicitó medidas para ver qué surge de esta investigación, entre ellas revisar los convenios que tiene la Provincia con el SPF.
La presentación que se hizo ante el fiscal federal busca sobre todo cuestionar la orden y objetar si los jueces de la Primera y Segunda Circunscripción tienen la facultad, o no, de poder hacer llevar a cabo la acción de prohibir el ingreso de condenados y procesados federales dentro de un organismo justamente federal. Además pide que se investigue “el abuso de autoridad”.

Cumplimiento deficiente.
Luego de que las autoridades judiciales pampeanas visitaran la Colonia Penal, dejaron al descubierto que Nación no estaba cumpliendo el convenio que hizo con La Pampa: “hemos tenido problemas judiciales respecto del convenio y su ejecución. El cumplimiento es deficiente o imparcial”, dijo el fiscal Armando Agüero el pasado jueves 14 -el día que recorrieron el Penal- tras un diálogo con el programa “Aunque Parezca Tarde” (Radio Noticias 99.5) y aseguró que de la totalidad de los calabozos “un tercio está ocupado por pampeanos y el resto por condenados de diferentes provincias”. En este sentido aseguró que existieron contactos a través de las fiscalías, los jueces y del Ministerio de Justicia, “para que se dé cumplimiento total al convenio y se den esas 300 plazas o estén disponibles para pampeanos”.