Hacheros ilegales: la Justicia imputó a los empresarios

Durante la audiencia llevada a cabo ante el juez de control Diego Asin, el fiscal Juan Bautista Méndez informó a los imputados los hechos que se le atribuyen haber cometido, al igual que la correspondiente calificación legal. En un principio, fueron encuadrados en los delitos previstos por los artículos 205 y 239, ambos del código penal.
La diligencia se realizó a través de la plataforma Zoom, debido a los protocolos que deben cumplirse por la pandemia Covid-19. De la misma, también participó el abogado Hernán Danzi, quien actúa en representación de la Fiscalía de Estado de La Pampa, constituida en calidad de querellante. Como así también el defensor particular Benjamin Ortiz, que asiste a los dos imputados.

Declaración.
Antes de desarrollarse la audiencia de formalización ante el juzgado de control, los imputados prestaron declaración ante la fiscalía. Lo hicieron, después de haber recibido la asistencia técnica legal de su defensor.
El hecho que se haya confirmado que se tratan de los mismos hacheros, cuyo ingreso había sido impedido en el puesto caminero de Catriló, procedimiento sobre el cual oportunamente se refirió el propio gobernador Sergio Ziliotto, dejó en evidencia el peligro real de contagio de coronavirus generado por la empresa que administra la estancia Curacó, ubicada a unos kilómetros al oeste de la ciudad. Particularmente porque en esos días, la provincia de Chaco era una de las más comprometidas en relación a la cantidad de casos de Covid-19, a raíz de la circulación comunitaria del virus.

Hechos.
Por esa razón el fiscal Méndez formalizó la investigación iniciada contra Jorge Segura, dueño del campo «San Carlos», y el administrador de la firma Curacó, Germán Hirtz. En un principio se les atribuye conductas que representaron el incumplimiento de la cuarentena por el Covid-19. Concretamente, se les achaca haber permitido o facilitado el ingreso de ese grupo de hacheros, a pesar que las normas sanitarias lo prohibían.
El trabajo realizado por la fiscalía permitió establecer que los hacheros que ingresaron de manera ilegal a La Pampa, habrían permanecido varios días en el predio San Carlos -ubicado en la zona rural de General Acha- que administra la firma Curacó, donde realizaron tareas de desmonte.
A su vez, que al menos 17 de esos hacheros, fueron traficados a Río Negro en un semirremolque térmico de la empresa Vía Cargo, oportunamente interceptado por policías de Cipolletti. Esto fue el resultado de una tarea que demandó la colaboración de la fiscalía de esa localidad.

Campamentos.
Hace más de un mes personal de la División de Seguridad Rural, dependiente de la Unidad Regional Tres, se constituyó en el campo «San Carlos», donde comprobó la existencia de tres campamentos distribuidos en pleno monte, armados de manera improvisada, prácticamente a la intemperie. Habrían sido usados para albergar en condiciones «infrahumanas» a los hacheros provenientes de Chaco, para trabajos de desmonte.
El procedimiento se hizo en relación a la causa judicial que la fiscalía inició de oficio, después que el gobernador Sergio Ziliotto afirmó que se había impedido el ingreso a la provincia de un micro que trasladada hacheros de Chaco para trabajos de desmonte en la estancia Curacó, ubicada en la zona rural de General Acha. Se trató de un operativo efectuado en el puesto caminero de Catriló, y el micro que traía a los hacheros pertenecía a la empresa de transporte de pasajeros Vía Bariloche.

Infrahumano.
Los uniformados documentaron la existencia de los campamentos armados, además de las condiciones «infrahumanas» en las que los trabajadores habrían sido albergados durante los días que cumplieron las tareas de desmonte en el predio rural.
La causa fue iniciada por la fiscalía para determinar la comisión de hechos relacionados con el quebrantamiento de la cuarentena dispuesta por el Covid-19. Lo que posibilitó comprobar otro tipo de hechos que encuadrarían en delitos referidos con la trata de personas con fines laborales, que pertenece a la competencia federal.
Justamente por esa razón se dio debida intervención al Area de Trata de la Policía de La Pampa, para que por su intermedio se hiciera lo propio con el Juzgado Federal con asiento en la capital pampeana.