Hay alta reincidencia de infractores

En el Juzgado de Faltas de Eduardo Castex, entre enero de 2019 y abril de 2020 se recepcionaron 2.091 actas de infracciones, se dictaron 643 fallos, por un monto total de 1.960.794 pesos. Las estadísticas de infracciones se reducen porque desde marzo no se labraron actas de infracción por la cuarentena obligatoria establecida para evitar la propagación de la Covid-19, pero entre enero y abril igualmente se multó por 1.003.796 pesos, y se recaudaron 548.056 pesos.
«Hay morosidad y alta reincidencia entre los infractores», admitieron fuentes del Juzgado de Faltas local, pero aclararon que se trabaja «para tratar de solucionar las denuncias o permitir que los infractores no reincidan porque no existe una finalidad recaudatoria». Y «es alto el índice de menores de edad que transgreden las leyes de tránsito», destacaron.
El informe del organismo municipal, remitido recientemente al Concejo Deliberante permite establecer que durante los meses estivales se generan mayor cantidad de infracciones, porque existe mayor circulación de tránsito, pero también existen otras actitudes desaprensivas de los vecinos como el vertido de aguas de natatorios a la vía pública.

Acciones.
La jueza de Faltas castense, María Evangelina Ramis, envió al CD el informe de las acciones anuales, como establece la ordenanza municipal vigente. Allí relató que asumió el 13 de diciembre de 2019, y se encontraban pendientes de resolución, desde febrero de 2019, un total de 1.294 actas de infracción; y también 16 denuncias realizadas por vecinos y varias actas de constatación de vehículos en estado de abandono.
«Tomamos conocimiento de la cantidad de motos retenidas que nunca fueron restituidas y comenzamos a evaluar el tratamiento que puede dárseles a fin de desocupar el corralón municipal», destacó.
El informe detalla que desde febrero a diciembre de 2019 se dictaron 328 sentencias, mientras que desde enero a abril de 2020 hubo 261 sentencias.
Además, transmitió a los concejales que participó -en marzo- en una reunión de jueces de Faltas, que organizó el Ministerio de Seguridad. El objetivo fue «coordinar políticas de nocturnidad, acciones sobre el tránsito, expendio de bebidas alcohólicas y también analizar los posibles contenidos de una normativa unificada para toda la provincia sobre la nocturnidad, que repercutan de manera directa en la seguridad de los jóvenes». Esto quedó postergado porque el 20 de marzo se estableció la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.
El organismo extiende los libre deuda para obtener las licencias habilitantes de cada categoría de vehículos, y cada semestre se renueva la clave de acceso a la base de datos de la Dirección de los Registros de la Propiedad del Automotor de Nación para contar con la información de quienes son titulares registrales de los vehículos que han cometido infracciones de tránsito.

Desconocimiento.
Desde el Juzgado de Faltas local recordaron que en septiembre se actualizó el valor de la Unidad Fija (UF), que es la unidad económica que se utiliza para establecer los montos de las multas, y está equiparado con el litro de nafta súper.
La jueza Ramis hizo hincapié en las problemáticas vecinales y el desconocimiento que existe de las ordenanzas municipales. Así detalló que se comenzó «a fijar audiencias de conciliación habiendo logrado acuerdos entre vecinos con intenciones de evitar la conflictividad, fomentando la paz y la tolerancia en la comunidad».
«Trabajamos conjuntamente con las diferentes áreas municipales para contar con la información precisa y visitar al vecino damnificado para resolver la problemática con la mayor precisión posible, abarcando la problemática de manera multidisciplinaria», explicó.
Destacó que entre los vecinos hay «mucho desconocimiento de las ordenanzas». Y se decidió «publicitar distintas faltas para que se tomen conocimiento y puedan revertir la situación y evitar la aplicación de multas».
«El Juzgado de Faltas no debe ser un organismo de recaudación, sino que preliminarmente debe concientizar y enseñar a los vecinos para evitar precisamente la aplicación de sanciones y de esta forma reducir la conflictividad y lograr una sociedad más pacífica, justa y segura», concluyó.