Miércoles 27 de marzo 2024

"Hay una sobrepoblación de presos"

Redacción 20/11/2019 - 01.11.hs

(General Pico) - El fiscal general Armando Agüero, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, se opuso al hábeas corpus presentado por los defensores oficiales de esta ciudad, tras alegar que no existe hacinamiento en las comisarías pampeanas.
Ayer a la mañana en los Tribunales piquenses se desarrolló una audiencia que coordinó el juez de control Heber Pregno, y de la que participó el fiscal Agüero; los defensores oficiales Walter Vaccaro, Guillermo Costantino, Alejandro Caram y Elba Pozze; además de los jueces de ejecución de pena Mauricio Pascual y Martín Saravia; y los comisarios Daniel Guinchinau y Lucas Rinaldi, responsables de la Unidad Regional II y de la Comisaría Tercera, respectivamente.
La audiencia de ayer se realizó para tratar el recurso de hábeas corpus correctivo y colectivo presentado por los defensores penales oficiales de esta ciudad, en favor de las personas detenidas y alojadas en la Comisaría Tercera de General Pico. Los letrados argumentaron que están en condiciones de hacinamiento, dado que hay 40 detenidos en un espacio que tiene capacidad para 21 personas. También señalaron que "sufren tratos inhumanos y degradantes".
En el inicio de la audiencia, en representación de la Defensa Pública, Vaccaro solicitó al juez de control que realice los trámites correspondientes para que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) cumpla con lo pactado en cuanto al cupo de condenados pampeanos.

 

Convenio incumplido.
Luego declararon los jueces de Ejecución, quienes hicieron hincapié en el incumplimiento del convenio por parte de SPF desde fue acordado.
"En 2014 se dictaron diversas resoluciones por la cual se le ordenaba al SPF que hiciera cumplimiento del convenio firmado, pero esta serie de resoluciones fueron incumplidas. Desde Provincia siempre se estuvo dispuesto, incluso con algún aporte económico, para lograr más plazas, pero nunca se obtuvo respuesta del Ministerio de Justicia de Nación y del SPF. Nos encontramos hoy en una situación crítica respecto a los condenados y detenidos en comisarías, y el incumplimiento se viene manteniendo", dijo Pascual.
El magistrado local agregó que en el penal de Senillosa, donde se alojan condenados por delitos de índole sexual, el trámite de admisión tiene demoras que pueden llegar a ser de un año, aunque ello va de forma separada respecto a la disponibilidad de lugares.
"Hay condenados pampeanos y de otras partes del país. Se están por habilitar dos pabellones más pero aún no informaron que existan nuevas plazas para condenados de esta jurisdicción", señaló.
Por su parte, Saravia indicó que desde los últimos años, hay un promedio de 120 condenados pampeanos en el SP, cuando la provincia tiene un cupo de 300 plazas.
"Me pregunto si es necesario un servicio penitenciario propio teniendo cuatro cárceles federales instaladas en la provincia. La problemática va al ámbito constitucional, porque existe violación de derechos humanos en un sector de la sociedad, existe violación de derechos laborales a la policía y no tendríamos que tener esta problemática. El Estado pampeano en su conjunto colabora permanentemente con el SPF. Es responsabilidad del SPF esta situación que se está viviendo en la provincia", dijo el juez santarroseño.

 

Sobrepoblación de detenidos.
Por su parte, Agüero se refirió al planteo que hicieron los defensores en el recurso de hábeas corpus, quienes indicaron que se hace un uso abusivo de la prisión preventiva.
En este punto, el fiscal de General Pico, en consonancia con el resto, coincidió en que "el problema tiene que ver con el incumplimiento del convenio con el SPF", y que el mismo, "es lo que nos pone en una situación complicada respecto de los presos con prisión preventiva".
El funcionario judicial local, dijo que la Unidad Regional II tiene capacidad para alojar a 91 detenidos, y que en la actualidad tiene poco más de 150, de los cuales, el 55 por ciento son presos que cumplen condena firme. Por ello, alegó que en el ámbito policial habría lugar de sobra para alojar a los procesados con prisión preventiva, si no se tuviera que dar lugar a los condenados por el incumplimiento del convenio. En este sentido, explicó que no hay hacinamiento en las comisarías locales sino un problema de sobrepoblación, para lo cual propuso solucionarlo con la instalación de más camas.
"Solicité el rechazo del hábeas corpus por entender que no existe hacinamiento ni trato degradante del personal policial para quienes están detenidos. El 55 por ciento que están en las comisarías son condenados, el resto son personas con prisión preventiva. Es decir que si sacáramos a los condenados nos sobraría espacio. La policía ofrece la construcción de una tarima para que haya más cuchetas. En realidad no hay hacinamiento, porque supone otros condimentos que tiene que ver con problemas de sanidad, higiene, salud, de visitas, de estimulo educativo, y ningún problema de esos se da en la provincia de La Pampa. Los condenados no deberían estar acá, pero nos encontramos en un contexto que obedece al incumplimiento del Gobierno nacional. En las comisarías nos sobra espacio para las personas con prisión preventiva, pero se nos agota el espacio cuando sumamos a los condenados que no tienen que estar", señaló.
Agüero además de hacer este pedido de construcción de tarimas, solicitó se designe más personal, para que en otras 17 localidades de la zona norte de la provincia, también se pueda alojar a detenidos, y de esa manera descomprimir la situación. En los próximos días, el juez Pregno emitirá el fallo.

 

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