Imponen reglas de conducta a cuidadora

GENERAL ACHA: AGREDIO A UNA MUJER DE 90 AÑOS

En marzo una empleada de un geriátrico fue denunciada por agredir a una anciana de 90 años que cuidaba. Ayer el juez Diego Asin decidió la suspensión de juicio a prueba. La violenta trabajadora deberá cumplir un año de reglas de conducta. La víctima rechazó una indemnización económica.
El ministerio Público Fiscal reveló que la situación de violencia ocurrió el 5 de marzo pasado en un instituto geriátrico ubicado en calle Campos al 1.100 de esa ciudad. “Una empleada agredió físicamente a una residente de la entidad, quien no camina porque esta operada de cadera. La víctima fue golpeada por la denunciada, causándole diversas lesiones”, informó.
Familiares hicieron la denuncia luego de que al ir de visitar a la anciana se enteraron que la cuidadora, de 44 años, había golpeado a la anciana en el rostro y la había sujetado con fuerza de manos y brazos. La mujer presentaba hematoma y escoriación en pómulo izquierdo, además de otras hematomas en piernas y brazos.
El magistrado resolvió hacer lugar al pedido del Defensor Oficial de la imputada, Marco Mezzasalma, y dispuso la suspensión de juicio a prueba por el término de un año, durante el cual la imputada no deberá cometer nuevos delitos. El Fiscal Juan Bautista Méndez, con los argumentos expuestos, expresó que es procedente hacer lugar a lo solicitado.

Reglas de conducta.
Paralelamente, a fines de trabajar en su reinserción social, la mujer tendrá que cumplir las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio; abstenerse de usar estupefacientes y/o de abusar de bebidas alcohólicas; imponer la realización de dos horas semanales de trabajos no remunerados en favor del Estado o de institución de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
Asimismo desde el MPF refirieron que la anciana agredida habría manifestado no aceptar la suma ofrecida en concepto de reparación monetaria, por este motivo se eximió a la imputada de reparar el daño causado. No obstante, solicitó se evalúe la posibilidad de aplicarle sanciones mediante las que deba cumplir tareas comunitarias en beneficio de adultos mayores o realizar y aprobar cursos que la instruyan como se debe tratar y cuidar a personas vulnerables.
La suspensión del juicio a prueba es una alternativa prevista en el Código Penal para evitar condenas de prisión. Se le fija a los procesados el cumplimiento de determinadas condiciones -en la mayoría de los casos tareas comunitarias- y si estas son cumplidas se deja sin efecto el juicio, es decir, se extingue la acción penal, explicaron desde el MPF.