Imputados abonarán $600 mil

En la investigación llevada a cabo por el fiscal Méndez por el delito de abigeato agravado por el número de cabezas de ganado y la utilización de un medio motorizado para el traslado en grado de tentativa, se resolvió la suspensión del proceso a prueba.
Ahora los cinco imputados deberán cumplir reglas de conductas, y entregar la suma de 600 mil pesos a la damnificada. Además durante el término de un año no podrán cometer un nuevo delito, y deberán cumplir con las reglas de conductas impuestas.
El presidente de la Audiencia de Juicio de Santa Rosa, Carlos Besi, hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba oportunamente peticionada respecto a los cinco imputados en la causa caratulada como abigeato agravado -por el número de cabezas de ganado- y la utilización de un medio motorizado para su traslado, en grado de tentativa. El hecho ocurrió en la localidad de La Adela.
Se trata de una salida alternativa que fue solicitada por la defensa de los acusados, quienes a su vez ofrecieron abonar la suma de 600 mil pesos en concepto de reparación integral del daño causado a la productora.

Conformidad.
En representación de la oficina única del ministerio público fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez, prestó su conformidad para la aplicación del instituto y consideró razonable la reparación económica ofrecida por los imputados. Particularmente, consideró, si se tiene presente la índole de los hechos investigados. De todas formas también fue entrevistada la damnificada, quien aceptó la propuesta realizada por los cinco implicados.
A instancias del titular de la acción penal, los imputados deberán cumplir las siguientes reglas de conducta por el plazo de un año: fijar domicilio del que no deberán ausentarse sin conocimiento y autorización de la Oficina de Salidas Tempranas del Ministerio Público Fiscal; como así también, abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con la denunciante, se informó desde el ministerio público.

Hecho.
Como se recordará el hecho ocurrió antes del 17 de marzo del año 2016, en el predio rural "Los Valles" -ubicado a unos 60 kilómetros al este de la localidad de La Adela-, de donde sustrajeron al menos 61 vacunos de raza Angus colorado, Angus negro y Charolay; 25 terneros (13 machos y 12 hembras), y un toro raza Angus. No obstante ello, el planteo de incompetencia realizado en su oportunidad por parte de la fiscalía achense porque los animales fueron sustraídos y posteriormente trasladados hacia el predio "Bajo de los Avestruces" de la provincia de Río Negro, donde consumaron el hecho, generó una demora en la investigación.
En virtud de lo informado en ese entonces por fuentes judiciales, un veterinario, autorizado para realizar trámites ante Senasa, un camionero y el propietario del campo "La Tranquera", con una guía por 29 vacas con destino al frigorífico de esta ciudad, los trasladaron en camión a ese predio -ubicado en el camino viejo a Conesa-. Allí, se les reemplazó las caravanas por otras que se colocan en Río Negro a los animales que pierden la identificación. Los animales fueron ofrecidos a la venta a varias personas, quienes no accedieron por sus irregularidades, toda vez que no tenían guía y los precios eran muy bajos.
Los hechos fueron considerados graves por Senasa debido a que puso en riesgo el status sanitario de la región, ya que Río Negro es considerado "libre de aftosa sin vacunación". Mientras que La Pampa es declarada "libre de aftosa, pero con vacunación", lo que los imputados no podían desconocer debido a su profesión y actividad rural que habitualmente realizan.