Inicia el juicio por la Subzona 14 III en la UNLPam

Hoy a las 8,30 de la mañana comenzará en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) la tercera parte del juicio por la Subzona 14 III, donde se juzgarán a seis acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. «No creo que el juicio dure menos de 7 u 8 meses», dijo Iara Silvestre, la fiscala general subrogante.
Luego de posponerse en distintas oportunidades a causa de la pandemia y por cuestiones técnicas, hoy se llevará a cabo la primera audiencia de la tercera parte del proceso que busca condenar a los responsables de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado entre 1975 y 1982 y otorgar justicia para las víctimas.
En declaraciones a Radio Noticias, la fiscala Silvestre aseguró ayer que «las expectativas para el proceso son muchas» ya que «hemos llegado a una fecha muy esperada». A su vez, remarcó: «Junto al doctor Miguel Palazzani vamos a llevar adelante la acusación en búsqueda de Justicia y Verdad para las víctimas involucradas».
Según informaron desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa (TOCF), el total de víctimas relevadas para el juicio son 178, y prevén la recepción de 140 declaraciones testimoniales. «No se trata de víctimas nuevas, sino que hay un acusado que es Jorge Omar de Bartolo, integrante de la plana mayor de la Subzona 14, a quien no se ha juzgado, tiene que ser sometido al proceso por esa cantidad de víctimas», aclaró la fiscala.
El juicio se realizará en el Aula Magna de la UNLPam recientemente refaccionado para albergar el proceso. Debido a la situación sanitaria se podrá seguir a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. El espacio donde se realizará cuenta con una nueva oficina especial para albergar a personal administrativo vinculado a las audiencias y también con un refuerzo de las instalaciones concernientes a la conectividad.

Acusados.
En el proceso que se inicia hoy estarán como acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención que Jorge Omar De Bartolo, quien a la fecha de los hechos era oficial de Logística e integrante de la Plana Mayor de la Subzona 1.4; Néstor Omar Greppi, secretario general de la Gobernación del Gobierno de La Pampa de facto y Luis Enrique Baraldini, quien entre el 28 de octubre de 1975 y el 24 de marzo de 1976 se desempeñó en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 como Oficial de Inteligencia del Estado Mayor General de esa unidad, y desde esa fecha como jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa hasta noviembre de 1979.
La lista se completa con Humberto Riffaldi, jefe del Departamento Informaciones de la Policía de La Pampa entre marzo de 1976 y enero de 1981; Roberto Oscar Fiorucci, jefe de Informaciones del Grupo de Trabajo de la Subzona 1.4 y Carlos Roberto Reinhart, oficial ayudante de la Policía de La Pampa en la Seccional Primera y Brigada de Investigaciones, quien prestaba servicios para el Grupo de Trabajo de la Subzona 1.4.
Respecto de la situación de Baraldini, cuya defensa presentó meses atrás un pedido al TOCF para que le hagan un estudio médico con el objetivo de no formar parte del juicio, Silvestre explicó: «Sobre de las cuestiones de salud el Tribunal no se ha pronunciado. Hay un dictamen del Cuerpo Medico Forense que estableció que no podía dar fe a ciencia cierta de que (Baraldini) no estuviera en condiciones de afrontar el juicio porque por la pandemia la entrevista fue virtual. Por eso nosotros sostenemos su capacidad hasta tanto haya un dictamen médico que lo excluya del juicio, todavía no esta».

El proceso.
Al ser consultada sobre la modalidad del proceso judicial, Silvestre estimó que la tercera parte del juicio no durará menos de 7 u 8 meses. «Es algo relativo, depende de la frecuencia de las audiencias y hasta ahora solo tenemos dos notificadas, no sabemos cuantas va a haber en mayo», manifestó.
Asimismo, añadió: «El juicio va a tener modalidad mixta, es decir, presencial y remota. Por ejemplo: yo voy a estar en la sede mientras que Palazzani en Zoom. De la misma manera con los imputados y defensores. La intención es que quienes quieran comparecer personalmente lo puedan hacer y quienes no que lo hagan de forma virtual».
Los represores mencionados anteriormente llegan al juicio acusados de distintos hechos calificados como asociación ilícita, privaciones ilegales de la libertad agravadas por su carácter de funcionario público, por haberse cometido con violencias o amenazas y por su duración superior a un mes, imposición de tormentos y abuso sexual deshonesto con acceso carnal.

«Un Estado que ampara»
Otro de los que se pronunció a propósito del inicio de la tercera etapa del juicio por la Subzona 1.4 fue el ministro de Gobierno, Pablo Bensusán, quien aseguró que tanto en la provincia como en el país «hay un estado democrático que ampara y defiende derechos».
El funcionario resaltó la realización del juicio a los represores y reiteró la consigna de que «La Pampa no fue una isla», en referencia a que en la provincia también se cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. «Desde el gobierno provincial asumimos el compromiso de que se llegue a la verdad histórica de lo sucedido en nuestra provincia. No fuimos una isla. Esto ya se comprobó durante las dos instancias anteriores de este enjuiciamiento», afirmó.
Bensusán destacó que el juicio se lleve a cabo durante el periodo democrático ininterrumpido más largo de la historia del país para traer justicia «donde no la hubo». Por eso consideró: «Esta es la única forma de cerrar las heridas que dejó este tiempo oscuro que nos tocó vivir a todos los argentinos, y de que estas situaciones no se vivan nunca más en nuestro país».
Y reiteró que desde el Ejecutivo se pondrá en marcha el dispositivo de acompañamiento y asistencia al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa junto con la logística para garantizar el desarrollo del proceso. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se realizó la notificación de las víctimas y las y los testigos. También la asistencia, a través de un equipo multidisciplinario, a quienes deben declarar ante el tribunal, según indicaron.

«Generar cambios positivos»
El procurador interino Eduardo Casal fue apuntado días atrás por un grupo de fiscalas de todo el país, incluso la pampeana Iara Silvestre, por presiones tras reunirse con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. «Casal nos recomendó pedirle permiso a él para hacer nuestras manifestaciones», denunció la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa.
En declaraciones a Radio Noticias, Silvestre contó que días atrás participó junto a un grupo de colegas mujeres de todo el país de una reunión con Soria a quien le hicieron algunos planteos para mejorar el proyecto de Reforma del Ministerio Público Fiscal. «La intención era llevarle nuestros aportes para mejorar el proyecto con la perspectiva de género que le falta al Poder Judicial», contó.
Después de esa reunión, Silvestre contó que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto con la abogada macrista Florencia Arietto presentaron una denuncia ante Casal con el argumento de que no estaba publicado el documento que las fiscalas le habían entregado y que podían haber incurrido en un delito de incumplimiento de funciones. «Esa denuncia fue archivada por Casal con muy buen tino», consideró Silvestre.
Sin embargo, agregó: «No obstante al archivo de la causa, Casal aprovechó para hacernos una recomendación diciendo que como la reunión pudo prestarse a equívocos, y recordando la disciplina del MPF, nos recomendaba ir por las vías correspondientes para hacer nuestras manifestaciones, es decir, pedirle permiso».
Según la fiscala santarroseña, en esa misma resolución el procurador hizo la recomendación extensiva a todos los fiscales del país. «Elevamos una nota diciendo que no cometimos una falta y que fuimos con agenda propia de género, que nadie mejor que nosotras la puede tratar. Incluso al otro día Soria se reunió con el fiscal Carlos Rívolo y no fue denunciado ni objeto de ninguna resolución», expresó Silvestre.
En esa línea, la fiscala aseguró que «nos sentimos discriminadas» porque «lo único que nos diferenciaba era la agenda con temática de género». Y cerró: «Además de eso hay un derecho a expresarnos como ciudadanas que tenemos un plus que es ocupar lugares donde podemos para generar cambios positivos».