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Inicia el juicio por los asesinatos de tres pampeanos

LUEGO DE 45 AÑOS, INTEGRANTES DE LA "TRIPLE A" DE BAHIA BLANCA SERAN JUZGADOS

A partir de hoy, a las 10 de la mañana, un tribunal de la Justicia Federal de Bahía Blanca, integrado por dos jueces pampeanos, llevará a cabo el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la ciudad ubicada 300 kilómetros al sur de Santa Rosa. Será la primera vez que se juzga a la patota de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que operó durante los años previos a la última dictadura sembrando el terror.
La causa es la denominada «Aceituno, Raúl Roberto y otros s/tortura, privación ilegal de libertad y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas…», más conocida como la Causa Tiple A, donde se juzgará la participación de cuatro acusados de pertenecer a la patota parapolicial que persiguió, torturó y asesinó en la última etapa del gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Víctimas pampeanas.
El juicio no será uno más para los pampeanos, puesto que la patota que será juzgada es la misma que se cobró la vida de tres jóvenes pampeanos durante aquellos años: Carlos Davit, Hugo Ardiles y Orlando Walker. A su vez, en el tribunal que juzgará los crímenes de lesa humanidad estarán Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, dos comprovincianos, junto a Roberto Amábile. Además, la acusación del Ministerio Público Fiscal la llevaron adelante el pampeano Miguel Palazzani y sus pares Pablo Fermento y José Nebbia.
En el banquillo de los acusados estarán Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, a quienes se les endilgó el delito de asociación ilícita. Otro imputado que no participará del debate es Héctor Oscar Chisu, quien fue procesado pero falleció hace unos meses, antes de concretarse esta instancia procesal.

El primero.
Pablo Fermento, el fiscal que participará hoy de la primera audiencia en la UNS, aseguró que este es el primer juicio que se realiza a los integrantes de la patota de la Triple A en Bahía Blanca. «Acá se hicieron seis juicios pero todos sobre lo ocurrido después del 24 de marzo de 1976. Este juicio incluye 24 homicidios que van desde septiembre de 1974 hasta noviembre de 1975», explicó el fiscal.

-¿Qué importancia le asignan a este juicio?
-Desde que se inició esto, con Hugo Cañón (NdR: falleció trágicamente en 2016, era fiscal federal de Bahía Blanca y fue el primero en reclamar la inconstitucionalidad de los indultos a los represores), nunca se pudo llegar a esta instancia. Este juicio tuvo algunas idas y vueltas. En 2007 se retomó esta denuncia y la causa se fue para Buenos Aires, pasó al juzgado federal de Norberto Oyarbide. El criterio entonces era juntar en un solo juzgado a todos los casos de la Triple A. Desde mi punto de vista no fue lo más conveniente porque la investigación se centró en López Rega y Almirón, y luego Oyarbide, después de muchos años, se desprendió de los casos que no eran de Buenos Aires. Recién en 2013 ó 2014 nos llegó la causa y formulamos la imputación. En todo ese proceso se perdieron varios años en los que se podría haber avanzado. El procesamiento a los imputados fue dictado en 2015, los procesó el juez Alejo Ramos Padilla, que estaba en Bahía Blanca cubriendo una subrogancia y el juicio estaba en condiciones de realizarse en 2016.
-¿Por qué se realiza recién en 2020?
-Por falta de integración del tribunal, porque no había agenda para hacer juicios de modo paralelo y se pateó para adelante hasta la fecha actual. A las cuatro décadas de impunidad se sumó también el ida y vuelta institucional.
-¿Hay imputados que ya fallecieron?
-Hay dos imputados fallecidos, Pablo Argibay, que no llegó a estar indagado, y Héctor Chisu, quien falleció en diciembre del año pasado, entonces llegamos con cuatro imputados, que son jóvenes, porque eran jóvenes entonces, pero todos tienen más de 70 años, con lo cual también corremos con esto de la impunidad biológica y este tipo de cosas que plantean estos juicios, con muchos testigos que ya fallecieron.
-¿Por esta imposibilidad de conformar el tribunal es que hay dos jueces de La Pampa en la integración?
-Claro. Una de las razones es la jubilación de los jueces naturales del TOF de Bahía Blanca y otro que falleció, así que el TOF está vacante. Se llamó a concurso, hubo una serie de idas y vueltas y hoy no tiene jueces titulares, sino que se designan jueces de otras jurisdicciones. Los que fueron nombrados en primer término, que son los que realizaron el último juicio de lesa en Bahía, se les venció el plazo, ahora se nombró otros jueces. En el caso de Aguerrido se le vence la subrogancia a fines de marzo, pero queda hasta la finalización del juicio. Y Amábile, que es el tercer juez, un camarista de Bahía Blanca, asumió porque el que correspondía había participado en la instrucción de la causa cuando era fiscal, entonces no podía.
-¿Entre los imputados de este juicio hay alguno que tuvo participación en los crímenes de la dictadura militar?
-Uno de los imputados que no llegó a juicio, Chizo, que falleció en diciembre, y otros que están sin vida, sí. Pudimos verificar que en 1976 se incorporaron como personal civil de inteligencia al Ejército de Bahía Blanca, integrándose al esquema de la dictadura.

Dos amigos albañiles y peronistas.
Hugo Modesto Ardiles y Orlando Walker, a diferencia de Davit, no pertenecían al ámbito universitario, sino al gremial. Ambos eran albañiles y trabajaban en una obra en la Petroquímica de Bahía Blanca. Los dos militaban en el Peronismo de Base, grupo que se encontraba abiertamente enfrentado con el peronismo ortodoxo, representado en esta ciudad por el entonces diputado nacional Rodolfo Ponce.
Nacido en la localidad de Rolón, Ardiles tenía 24 años de edad. Walker era oriundo de Jacinto Arauz, tenía 23 años de edad, estaba casado y tenía una hija que todavía no había cumplido su primer año. Amigos desde la infancia, ambos se habían radicado con sus familias en la ciudad de Bahía Blanca en busca de empleo. El primero llegó en 1970 y el otro al año siguiente.
El 24 de julio de 1975, sus cadáveres, en ropa interior, fueron hallados por la mañana de aquel día en la calle Zelarrayán aproximadamente a la altura 3000, a 80 metros del camino de cintura, en proximidades del lugar donde sería luego hallado el cuerpo del joven estudiante coreano Carlos Nakandakare.
Stella Maris Lechner -pareja de Walker- dijo que su marido fue visto por última vez en su lugar de trabajo, por donde pasó a buscarlo Ardiles el día anterior a la aparición de los cadáveres. Por otra parte, según se consigna en el libro El informe 14: la represión ilegal en La Pampa, 1975-1983, «Familiares de Ardiles recordaron que ambos pasaron esa madrugada por la confitería de la vieja terminal de ómnibus, situada en calle 19 de Mayo y poco después fueron hallados muertos».
Lechner dijo además que, según le relatara su marido, Ardiles ya había sufrido un ataque a su persona 4 ó 5 meses antes del asesinato, y que -en dicha oportunidad- logró resguardarse herido, oculto en una obra de construcción, de un grupo de personas que querían atentar contra su vida.
Los pampeanos estaban identificados por los organismos de inteligencia local, «como izquierdistas pertenecientes al grupo de los hermanos Bustos. Luego del homicidio, sectores del Peronismo de Base difundieron un comunicado denunciando «la política de los patrones y del Peronismo de Arriba, que en todo el país asesina a trabajadores, delegados y compañeros combativos que no pueden asustar ni sobornar.

Un puente por la memoria.
Carlos Davit era de Guatraché y llegó a Bahía Blanca en el año 1971, luego de terminar sus estudios secundarios, para iniciar la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional del Sur. Cuando fue asesinado por la Triple A tenía 26 años y trabajaba en la venta de productos de laboratorio. También se había desempeñado como marinero de segunda en la Base Aeronaval Comandante Espora. Era militante de la Juventud Universitaria Peronista y posteriormente del Partido Auténtico, desde 1973 participó en el ámbito político universitario, siendo elegido presidente del Centro de Estudiantes de Economía.
Davit fue un ferviente opositor al rector interventor de la UNS, Remus Tetu. Si bien Davit habitaba una pensión de estudiantes ubicada en Yrigoyen 228, durante el último período se había ausentado de la misma por la persecución desplegada contra su persona, alojándose transitoriamente en distintas casas de sus amistades.
El 19 de noviembre de 1975, de regreso de una confitería, Davit se dirigió, junto a José Ivo Lolli, a la pensión, lugar donde irrumpió un grupo de personas que, tras amenazar con armas de fuego a los moradores, secuestraron a la víctima. Horas más tarde, el cadáver de Davit fue hallado acribillado y colgando de una pierna del puente ubicado en el kilómetro 679 de la Ruta Nacional 3, a la salida de la ciudad.
Desde 2015, ese puente lleva su nombre. Aquel, día en un acto del que participaron familiares, viejos compañeros de militancia y amigos, se descubrió un cartel con la inscripción: «Aquí fue asesinado, por el terrorismo de Estado, Carlos Alberto Davit el 19 de noviembre de 1975. Reafirmemos, como homenaje a su memoria, nuestra convicción de lucha inclaudicable por la democracia, la libertad y la dignidad del pueblo argentino – Ley 27004».