La Fiscalía de Delitos Económicos y contra la Administración Pública inició una intervención de oficio ante la denuncia que tomó estado público ayer en relación a presuntos apremios ilegales que sufrieron personas que estaban detenidas en la Seccional Segunda de Policía, con sede en Santa Rosa.
Según explicaron fuentes judiciales a este diario, la Fiscalía a cargo de Guillermo Sancho tomó conocimiento ayer «a raíz de lo que había salido en los distintos medios de comunicación. No había ninguna denuncia, pero a partir de esas publicaciones hoy mismo (por ayer) iniciamos de oficio una investigación precisamente para ver qué es lo que sucedió y si sucedió algo anoche en la Seccional Segunda».
A su vez, precisaron que ya tienen conocimiento de «quienes son los detenidos que estaban ahí, se va a examinar a cada uno con el médico, y después se verá cómo continuar». De todas maneas, aclararon que «lo más importante en este momento es saber si alguno de los detenidos tiene lesiones y saber qué personal estaba trabajando en el horario en que habrían sucedido estos hechos».
Por estos motivos, afirmaron que se le pidió «una serie de informes a la Unidad Regional» y ayer se dispuso que «el médico de sanidad policial se constituya en el lugar para examinar a todos los detenidos». En base a eso, decidirán si avanza la investigación o qué rumbo seguirá.
Pedido de informes.
Por su parte, el jefe de Policía de La Pampa, Roberto Ayala, explicó a este diario que ayer se le solicitó un informe «al jefe de la Segunda por un incidente puntual que ocurrió anoche (por el domingo) en el sector de alojamiento de detenidos para consideración de la Jefatura, elevarlo al Ministerio (de Seguridad) y para poner en conocimiento también a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas».
Ante la acusación contra el personal policial, Ayala indicó que «lo que hice fue constituirme, como también el segundo jefe de Regional, esta mañana (por ayer) en la Seccional Segunda y tomar conocimiento directamente del jefe de la Comisaría sobre lo que había sucedido».
«Una vez que esté elaborado el informe, con certificados médicos y todos los detalles, se pone todo a consideración de la Fiscalía de Investigación Administrativa y Fiscalía Penal». De esta manera, se analizará y estarán a la espera de las medidas de prueba que va a disponer en principio.
«Tenemos en la Segunda, como en todas las dependencias, un exceso en la cantidad de detenidos. Las personas que entran detenidas por transgredir el artículo 205 del Código Penal, que se ha multiplicado en estos días, no están juntos con los detenidos comunes, pero algunos quedan en el sector de aislamiento que tenemos al lado de donde están alojados los detenidos. Las demás personas permanecen en la guardia o en la sala de espera de la Seccional Segunda hasta que son notificados y se retiran», aclaró en relación al funcionamiento de la Seccional.
«Dijimos Nunca Más».
Ante la denuncia pública que tomó estado público ayer, desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos rechazaron «la actuación de la policía pampeana en este contexto de cuarentena por la pandemia de coronavirus» y recordaron que «se suma a las que se han manifestado en la provincia de La Pampa en relación a apremios ilegales y prácticas de tortura».Dado que el personal de las Seccionales no actúa de manera autónoma, sino que sus prácticas responden a una política de seguridad, exigimos que el Gobernador, a través de su Ministro de Seguridad, arbitre los medios para dar instrucciones precisas con el fin de que estas acciones no se vuelvan a reiterar, y que quines cometan hechos aberrantes como los mencionados en la denuncia pública sean separados en forma inmediata del ejercicio de su función hasta el final del proceso investigativo sin reasignación de otros destinos o puestos de trabajo», agregaron.
Desde la organización también exigieron que «el organismo competente realice una recorrida supervisando las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas» y que se tomen «medidas urgentes con todo personal policial que genere violencia hacia la ciudadanía. Declaramos nuestra posición para crear una nueva ley de seguridad que tenga como objetivo principal respetar las garantías y derechos. Dijimos nunca más», concluyeron.
