Investigarán a los policías que «perdonó» Bullrich

Durante la primavera de 2019 cuatro agentes federales requisaron a estudiantes frente a la sede piquense de la UNLPam. Un dictamen administrativo avaló esa actuación policial, pero la Procuraduría lo consideró «arbitrario» y ordenó abrir una investigación en la Fiscalía Federal.
JUAN JOSE REYES
A fines de 2020 la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)informó que había serias deficiencias en el sumario administrativo que absolvió a cuatro policías federales, acusados por presuntos maltratos a ocho universitarios en General Pico, e instó a la Fiscalía Federal de Santa Rosa a determinar las penas correspondientes.
El incidente ocurrió en septiembre de 2019, sobre la vereda de la UNLPam en General Pico, cuando ocho estudiantes que estaban tomando mate fueron amedrentados, acorralados y maltratados por cuatro efectivos federales que se desempeñan en la División Antidrogas. En un dictamen firmado por el fiscal general de la Nación, Sergio Rodríguez, la PIA determinó que «la absolución de los efectivos imputados por irregularidades durante su actuación en el marco de un operativo de control poblacional, resulta arbitraria».
El informe, dirigido a la ministra Sabina Frederic (Seguridad), al jefe de la Policía Federal Juan Carlos Hernández y a la Fiscalía Federal de Santa Rosa advierte «la necesidad de revisar la correcta implementación de las resoluciones del Ministerio de Seguridad, luego de advertir serias deficiencias en el control realizado por el funcionario a cargo de la instrucción del sumario». La investigación había sido encargada por la jefatura de la propia fuerza a la Superintendencia de Asuntos Internos e Inspectoría General, tras una fuerte repercusión del incidente y el repudio explícito del rector Oscar Alpa (Resolución 452/19).

Todo conduce a Bullrich.
Según el dictamen, «sin identificarse ni expresar motivo o razón alguna, los efectivos obligaron a los y las estudiantes (de la Agrupación Emancipación) a ponerse de pie, los ordenaron en fila uno junto a otro, y palparon solo a los estudiantes varones. Con modos bruscos les quitaron y revisaron sus billeteras y les hicieron abrir las mochilas. Les preguntaron si estaban «enfierrados» y si «tenían falopa». Todo ello fue corroborado por Jesica Montalbano, consejera departamental de Ciencias de la Educación de la UNLPam de General Pico, quien testificó que fueron «acorralados y maltratados por la Federal en una clara actitud que responde a las directivas emanadas desde el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich».
La PIA recordó que el accionar policial «fue considerado legítimo mediante una resolución ministerial» firmada días después del incidente por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El sumario se inició el 20 de enero de 2020 y su instructor consideró que el marco normativo vigente autorizaba esa actuación policial en el marco de la Resolución 845/2019, que creó el programa «Ofensores en Trenes» y que habilitaba la identificación preventiva de personas en la vía pública.
Sin embargo, hay numerosos motivos que en este caso vuelven inaplicable esa norma, según la PIA. En primer lugar, el episodio investigado no ocurrió «en la estación de tren ni en sus inmediaciones» y además, al momento de iniciarse el sumario la Resolución 845 ya había sido derogada, porque criminalizaba a los trabajadores e incrementaba los criterios de selección y discriminación en manos de policías. Según la Procuraduría, «la valoración del informe recorta ostensible y arbitrariamente cualquier dato que ponga en duda la legitimidad del accionar policial».