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Jueces piden más seguridad

EL COLEGIO DE MAGISTRADOS ADVIERTE POR EL ATAQUE FRUSTRADO

Será sin dudas uno de los hechos más resonantes que se haya ganado un lugar en las planas policiales de Santa Rosa. Es que resulta casi impensado que una persona ingrese a las oficinas de la Ciudad Judicial con intenciones de dispararle a un juez empuñando un arma casera. El episodio vivido el jueves trajo al centro de la escena la falta de dispositivos de seguridad dentro de un ambiente donde la seguridad debería estar por demás garantizada. Es por ello que, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de La Pampa, expresaron su «profunda preocupación y más enérgico repudio» por los actos intimidatorios sufridos por el Poder Judicial y por quienes trabajan dentro de ese ámbito. Desde la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal también se sumaron a la solicitud y, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, manifestaron que «apoyamos a los trabajadores de ‘Ofiju’ y al Dr. Saravia por el episodio de violencia sufrido cuando una persona armada ingreso al edificio en busca del juez, exhibió un arma y gatillo contra el personal sin que la bala saliera». «Exigimos control de ingreso al edificio urgentemente», sostuvieron.
El hecho ocurrió el jueves pasado el mediodía cuando un muchacho de 26 años ingresó al Centro Judicial portando un arma tumbera (de origen casero), estaba alterado y pedía hablar con el juez Saravia. Empleadas del Centro llamaron a la policía y estos alcanzaron a detenerlo. Previo a ello el chico alcanzó a preparar el arma de fuego y percutó, pero no salió el disparo. Ayer mismo fue acusado formalmente por la Justicia y quedará detenido hasta el 20 de diciembre. Además se pidió una evaluación de salud mental.

Solicitan medidas.
Desde el Colegio de Magistrados dieron a conocer un comunicado en el cual expresaron que «la ocurrencia de este suceso puso en evidencia, la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de todos los edificios judiciales de la provincia. Es nuestro deber reaccionar enérgicamente y solicitar la urgente adopción de las medidas necesarias a fin de preservar el desempeño del ejercicio de las tareas de magistrados, funcionarios y empleados, en condiciones seguras».
«El hecho de que hoy no tengamos que lamentar víctimas, no releva a los responsables de brindar condiciones seguras de trabajo, de la obligación de implementar con urgencia los mecanismos de control y prevención necesarios e idóneos para evitar la reiteración de episodios como el del día de ayer -por el jueves-, cuyas consecuencias impredecibles nadie desearía lamentar», argumentaron.

Formalización.
La fiscal de Delitos Contra la Propiedad, Cecilia Molinari, encabeza la investigación del hecho y ayer acusó formalmente al muchacho de 26 años identificado como (F.S). A través de una audiencia presidida por el juez Carlos Chapalcaz, Molinari solicitó la prisión preventiva del acusado, y el magistrado dispuso su detención hasta el próximo 20 de marzo. Además, se expidió una evaluación de salud mental, luego de que el abogado defensor Juan José Hermúa pidiera que se revea esa situación; basándose en principio en las declaraciones que la madre del joven brindó a este diario el jueves, pocas horas después del episodio y diera a conocer que había estado internado en Salud Mental del hospital Lucio Molas.
Se pudo saber también que desde esa área brindaron a la letrada un informe preliminar de la historia clínica del acusado, que tuvo una internación en el pasado mes de septiembre. Sin embargo el chico no estaría atravesando ningún trastorno psicológico, sino que la causal de su situación estaría ligada a una presunta adicción a las drogas. De todas maneras eso ello será ratificado o no en la investigación fiscal preparatoria.
En cuanto a la carátula, Molinari formalizó a F.S por los delitos de portación de arma de uso prohibido (sería arma de guerra), aunque la calificación cambiaría de acuerdo a como vaya avanzando la causa tras el informe de Balística. También le imputó el delito de amenaza con armas en concurso real.
La portación de arma tiene una pena de 3 a 6 años de prisión, y es parte de la reforma «Blumberg» o «Ley Blumberg»; que reprime la portación de armas con pena de prisión o excarcelable.
«Tendría que levantar patrullas».
El pedido para que se garantice la seguridad en el Centro Judicial traería consigo una problemática para la Policía de La Pampa, ya que, de ser necesario, tendrían que retirar efectivos de la calle (patrullas). «Para designar más personal de seguridad al Centro Judicial tengo que levantar patrullas; saldrían efectivos de la calle. Por eso preferimos reforzar con personal de guardia y no asignar personal permanente. Regulamos la seguridad según los requerimientos», indicó ayer el jefe de la fuerza pampeana, Comisario General (R) Roberto Ayala, tras una consulta de LA ARENA.
De acuerdo a su explicación «la seguridad dispuesta en el Centro Judicial está compuesto por efectivos de la Seccional Sexta, que en el horario de atención al público se distribuyen en distintos ámbitos del Centro Judicial y que está reforzados por personal retirado que está en calidad de convocado; la seguridad está dada», confió Ayala y graficó que «si hay audiencia se refuerza con personal de guardia de la Seccional Sexta o con el personal que designe o disponga la Unidad Regional».
Ante la consulta de este diario, el jefe de la Policía pidió que se aclare parte del episodio registrado el jueves: «el individuo en ningún momento intentó manipular o utilizar el arma tumbera contra el personal que lo atendió, ni contra el personal policial. El lo tenía, lo guardaba en el bolsillo, pero en ningún momento intentó usarlo como se dijo», concluyó.