La Cámara Federal ratificó el procesamiento de Bravo

TRATA DE PERSONAS EN 25 DE MAYO

La Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó el procesamiento del ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo, quien para las próximas elecciones se postula como candidato a viceintendente por el Movimiento Veinticinqueño, por el delito de trata de personas, y por proteger y permitir el funcionamiento del prostíbulo “Venus”, en la localidad del suroeste pampeano.
Mientras tanto, el parte de prensa dado a conocer este jueves indica que la Cámara también ratificó el procesamiento a la dueña del prostíbulo, Nurys Antonia Caraballo Castillo, como autora del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad en concurso ideal con el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia”.
El ex jefe comunal había sido procesado en el mes de julio por la Justicia Federal de Santa Rosa por los delitos de trata de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por habilitar y sostener un prostíbulo.
En la primara instancia judicial, el juzgado santarroseño también había procesado a los comisarios retirados Héctor Daniel Rosane y Miguel Ángel Oyarse por encubrimiento agravado pero ahora la Cámara de Bahía Blanca dictó la falta de mérito al comisario, Rosane porque Oyarse no apeló la resolución de primera instancia y dispuso que se procese a José Luis Carpio Castillo, encargado del cabaré, aunque en primera instancia se había dictado su falta de mérito.
Por su parte, sobre el ex intendente Bravo pesa en otro caso una condena a 7 meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación por el delito de abuso de poder, al haber habilitado de manera ilegal el cabaré “El Rancho”.

Argumentación.
En la argumentación del fallo se sostiene que “los hechos endilgados a Bravo se refieren al otorgamiento el primero de octubre de 2008 de una licencia comercial para un local llamado ‘Venus’, bajo la denominación cabaret y su mantenimiento mediante renovaciones sucesivas hasta el 31 de diciembre de 2012, pese a que el 29 de septiembre de 2010 el propio funcionario había promulgado una ordenanza que prohibía la habilitación de cabarets, whiskerías, clubes nocturnos y ‘night clubs’, por considerarse la necesidad urgente de tomar medidas contra la trata de personas con fines de explotación sexual”.
La jueza consideró su participación en el acogimiento de más de tres mujeres, mayores de 18 años, para su posterior explotación sexual y obtención de provecho económico.