La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) rechazó la denuncia anónima que se efectuó desde la Administración Provincial de Energía (APE) contra quienes ejercen los cargos de Administrador General, Gerente de Explotación y Gerente Técnico, Cristian Javier Andrés, Javier Schanck y Luciano González respectivamente.
Tras una investigación de varias semanas que incluyó el testimonio de los acusados, la Secretaría de Energía y la Contaduría General de la provincia, según pudo saber LA ARENA de fuentes seguras, el fiscal Juan Carlos Carola concluyó en que no hubo ningún tipo de irregularidad en el pago de horas extras a tres agentes que pertenecen a la planta permanente del personal de APE y que por decreto se les ha encargado el cumplimiento respectivo de las funciones mencionadas.
Andres, Schanck y González pertenecen a la Administración encuadrados como trabajadores de Luz y Fuerza y se rigen bajo el convenio colectivo de trabajo 36/75 que entre otras cosas, prevé en pago de horas extras a quienes por razones de servicio -cualquiera sea su función- trabajen más que el tiempo común estipulado.
Antes de decidir, Carola recibió el testimonio por escrito de la Secretaría de Energía, de la que depende APE, donde consta que los acusados son trabajadores de planta y se adjuntaron copias de los decretos mediante los cuales se les encomendó la tarea que cada uno desarrolla. Es decir, no son funcionarios políticos, lo que es parte de los cambios operados con la creación del organismo superior que es la SE.
También Contaduría General informó que los pagos de horas extras se hicieron conformes a la legislación administrativa correspondiente y que el control del cumplimiento de ese trabajo extra no está bajo su órbita.
En su nota de declaración-descargo, Cristian Andrés, en representación de los tres acusados, remarcó los datos anteriores y su pertenencia al plantel de trabajadores con varios años de antigüedad y al convenio 36/75. Además, resaltó que en pandemia el organismo técnico siguió trabajando a pleno al ser el que atiende un servicio esencial y mostró documentación por la cual se verifica que tampoco tomaron la totalidad de la licencia anual a la que tiene derecho a causa del requerimiento del servicio.
Dijo Andrés que la denuncia anónima es «maliciosa, malintencionada y acusa sin conocer los procedimientos administrativos», desmintiendo a la vez que en el organismo haya un desorden administrativo a causa de la pandemia.
Cerró diciendo que «nos expone injustamente ante la sociedad en general y ante nuestros seres queridos en particular».
La denuncia.
El mail que recibió la FIA con las acusaciones, mencionando expresamente con nombre y apellido a los tres afectados, fue presentado como «un hecho grave de corrupción».
Acusó de «robar horas extras», en forma sistemática desde agosto del año 2020 y aprovechando que la pandemia produjo en la repartición un alto desorden administrativo, y tildó de «delincuentes» a los trabajadores.
Ahora, tras la investigación, el fiscal desestimó la denuncia como resultado de la investigación.
