La FIA recomendó brindar datos al Ministerio de Salud

El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Juan Carlos Carola, recomendó al Ministerio de Salud de La Pampa brindar información que había solicitado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Por otro lado, advirtió que la ausencia de una ley en el plano provincial sobre el acceso a la información pública «implica que no existe una autoridad de aplicación ni un procedimiento específico que reglamente el acceso», generando en la práctica «dificultades concretas para efectivizar su acceso y la consecuente judicialización de las solicitudes».
El fiscal intervino a raíz de una presentación que realizó el Consejo Directivo provincial de ATE, ante la negativa que recibió por parte del Ministerio de Salud ante un pedido de información. Concretamente, mencionó Carola en la resolución Nº 186, el gremio había pedido por nota información «sobre cantidad de guardias activas y pasivas, profesionales y no profesionales que tiene asignadas el Hospital Dr. Segundo Taladriz de la localidad de Toay».
La solicitud fue rechazada «por el subsecretario de Salud, Gustavo Vera» el pasado 9 de febrero, bajo el argumento de que «la cantidad y distribución de las guardias de los establecimientos es un tema que compete a esta Subsecretaría y a la Dirección del Establecimiento».
El fiscal interpretó que la presentación del gremio «no contiene una denuncia sino una solicitud de acceso a información pública que no fue respondida favorablemente» y recordó que la Fiscalía ya se ha expedido al respecto en varias ocasiones. «El derecho al acceso a la información pública encuentra sustento en el artículo 1° de la Constitución Nacional y responde a los lineamientos fijados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por Ley nº 26.097», sostuvo Carola.
En esa línea, indicó que «el Estado debe fomentar la participación activa de personas y de grupos que no pertenezcan al sector público, tales como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y lucha contra la corrupción, advirtiéndose sobre la necesidad de adoptar medidas que tiendan a garantizar el acceso eficaz del público a la información».

Sin ley en la provincia.
En la resolución, el fiscal mencionó la ley Nº 27.275 de «Derecho de Acceso a la Información Pública» que se promulgó en marzo del 2017 y recordó que la normativa invita a las provincias a adherir, «opción que nuestra provincia no ejerció, ni tampoco dictó normativa propia en la materia».
A su vez, sostuvo que la ley provincial «Sobre libertad de acceso a las fuentes informativas oficiales de carácter público», reconoce «únicamente como legitimados para solicitar información pública a periodistas profesionales, no adecuándose a los estándares actualmente imperantes en materia de acceso a la información pública».
Luego de resaltar la importancia de la ley nacional, Carola advirtió que «la ausencia de ley en el plano provincial, implica que no existe una autoridad de aplicación ni un procedimiento específico que reglamente el acceso, generándose en la práctica dificultades concretas para efectivizar su acceso y la consecuente judicialización de las solicitudes».
«Toda vez que el fundamento del derecho a la información pública radica en el principio de publicidad de los actos de gobierno y en la rendición de cuentas, éste derecho va más allá del cumplimiento formal de la publicación en el Boletín Oficial de los actos administrativos que se dictan, (como efectivamente sucede en la Provincia)», agregó.

Recomendación.
Carola citó los fallos dictados por la Justicia provincial donde se reconoce el derecho de acceso a la información pública, entre otras, y afirmó que «implica la posibilidad de los ciudadanos de conocer la información que el Estado administra, conocer los procesos decisorios y la propia actividad que el Estado desarrolla».
En esa línea, resolvió «recomendar al Ministerio de Salud, que por donde corresponda, proporcione la información solicitada por el Consejo Directivo Provincial La Pampa de la Asociación de Trabajadores del Estado, consistente en la cantidad de guardias profesionales y no profesionales, activas y pasivas, asignadas al EA ‘Dr. Segundo Taladriz’ de Toay».