La movilización logró frenar la nueva ley mendocina

La modificación a la Ley 7.722 que permitía el uso de determinadas sustancias químicas para la explotación minera fue suspendida este jueves por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, ante el fuerte rechazo popular que había generado la norma. Anunció que convocará a un "amplio debate" sobre la minería y no descartó llamar a una consulta popular. Pese al tono conciliador de su discurso, el gobernador acusó a sectores sociales, políticos y ambientales de "sembrar el miedo" contra la norma en base a mentiras. "Hay muchos que buscan su obra política en esto sobre la base del miedo", disparó. El PJ mendocino, que dio sus votos para la aprobación, ahora quiere derogar la norma.
El mandatario mendocino brindó ayer una conferencia de prensa en la que convocó a un debate multisectorial para volver a analizar el tema y no descartó convocar a una consulta popular, tras resaltar que personalmente lo que más desea es "cuidar el agua".
Aprobada hace solo cinco días con amplio apoyo legislativo, la medida había generado el rechazo de ambientalistas, productores rurales y amplios sectores que defienden los recursos naturales, quienes realizaron protestas y cortes de ruta. La magnitud del rechazo, que generó masivas movilizaciones callejeras, hasta ponía en serio riesgo la realización de la tradicional Fiesta de la Vendimia.
Ante esas circunstancias, el gobernador decidió no reglamentar la Ley, que de ese modo no entrará en vigencia por el momento, y convocó a un "amplio debate" a todos los sectores de la sociedad en busca de consenso para llevar adelante las modificaciones. "Vamos a convocar al diálogo a todos: al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a organismos internacionales. Y yo voy a estar presente personalmente en el debate", manifestó el mandatario en conferencia de prensa.

Miedo y mentiras.
Si bien el gobernador aseguró que "es mentira que automáticamente porque hay una explotación minera hay contaminación", subrayó que un sector logró instalar un "miedo" que "ha calado hondo en la sociedad" y que incluso personas que lo votaron expresaron preocupación por estos cambios. "Nosotros contemplábamos esos grupos violentos que siempre están, pero estamos viendo que esto ha tenido otra dimensión. Lo reconozco. Bastan dos minutos de explicación de que esto (el tema de la contaminación) no es así para que cambie la opinión. Pero este miedo ha calado en la sociedad. Reconozco que quienes lo han sembrado lo han hecho bien, y lo han hecho mintiendo. Hay muchos que buscan su obra política en esto sobre la base del miedo", afirmó.
Por ese motivo, Suárez decidió llamar al diálogo y anunció la suspensión de la normativa en una conferencia de prensa brindada hoy en la Casa de Gobierno mendocina acompañado por varios funcionarios de su gabinete. No descartó, en caso de ser necesario, llamar a una consulta popular para decidir el tema. "Vamos a invitar a todas las entidades a que opinen. Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua", aseguró.

Derogación.
Luego de haber dado acuerdo y votado las modificaciones de la Ley 7722, el Frente de Todos Mendoza, solicitó por medio de un comunicado la derogación de la Ley 9209 -modificatoria de la 7.722- para "empezar desde foja cero".
"Cualquier otra instancia que no sea vinculante, puede ser interpretada como una maniobra dilatoria. Desde un primer momento dijimos que íbamos a discutir la matriz productiva de Mendoza de forma responsable", dice el escrito que dio a conocer el FdT mendocino.
"Siempre aclaramos que se hacía frente a un proyecto de ley malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros y sin contar con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7722 enviadas por Rodolfo Suarez", argumentaron.
Señalaron que "frente al escenario actual parece correcto el llamado al diálogo del gobernador, porque, tal como pusimos por condición, sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad".
"En su momento, aclaramos también, junto a nuestros legisladores provinciales, que el único lugar que contaba con dicha licencia era el departamento de Malargüe", comentaron.
Finalmente expresaron que "por todo lo expuesto reiteramos nuestro pedido de que se derogue la norma mencionada para comenzar la búsqueda del consenso".
Está firmado por los legisladores nacionales Anabel Fernández Sagasti, Alejandro Bermejo, Omar Félix y Marisa Uceda; los intendentes Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz); los legisladores provinciales Lucas Ilardo, Germán Gómez, Adolfo Bermejo; y el presidente del PJ Mendoza, Guillermo Carmona.

"Fernández está muy preocupado"
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, aseguró ayer que el Gobierno nacional "bregará por el cuidado del agua" de las cuencas que se verían afectadas por el desarrollo minero en la provincia de Mendoza, pero afirmó que el conflicto social lo debe resolver el gobernador radical de esa provincia, Rodolfo Suárez.
El funcionario reveló también que el presidente Alberto Fernández "está muy preocupado" por lo que está sucediendo en la provincia cuyana y señaló que habló "varias veces" con él para hacer un seguimiento.
Según reveló la agencia Noticias Argentinas, el presidente Fernández estuvo también reunido el lunes durante una hora en la Casa Rosada con la senadora nacional y ex candidata a gobernadora de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, para poder conocer mejor el conflicto y tomar una posición, pero hasta el momento no ha hablado del tema.
"La ley mendocina que habilita la minería evidentemente no está obteniendo consenso social. Y es un tema que tienen que resolver el gobernador y la Legislatura. Los únicos que pueden frenar esta situación son ellos", sostuvo el funcionario nacional en una entrevista que brindó antes de que se conociera la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de no avanzar con la norma.

"Un tema de todos".
Cabandié recordó que la cartera que conduce tiene estudios científicos que informan que Mendoza sufre escasez de agua debido al impacto del cambio climático en los glaciares que están en su territorio y hacen a las cuencas del Atuel y del Desaguadero.
En declaraciones radiales, el ministro señaló que la Constitución Nacional establece que los recursos naturales son de las provincias, pero aclaró que el Estado nacional tiene competencia sobre el agua por dos leyes: la de Glaciares y la de Gestión Ambiental del Agua.
"El agua es un tema de todos", dijo el funcionario al señalar que por ejemplo la cuenca del río Desaguadero integra a las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
"Por ello, mi competencia como ministro de Ambiente está en cuidar los aspectos ambientales del agua", afirmó y aclaró que eso no indica que su postura como ministro sea "en contra de la minería" sino que Mendoza debería "rever el tema" por dos motivos: la falta de consenso social y la escasez de agua.
También sostuvo que la mayoría de los bienes de uso que adquieren los ciudadanos argentinos tiene algún punto de contacto con los minerales, por lo que la discusión está en torno al modelo de desarrollo, fundamentalmente cómo se hace y dónde se hace.
"Hay situaciones en las que el agua tiene un lugar muy importante. Por supuesto que la competencia nacional está sobre el agua. Por eso, nosotros vamos a bregar por el cuidado y la protección del agua", expresó Cabandié.

Reclamo pampeano por el agua
El gobierno pampeano también salió a dar su postura sobre la polémica suscitada en Mendoza en torno a la modificación de la ley 7.722 de esa provincia. Lo hizo recordando que los ríos que nacen en Mendoza son los mismos que llegan a La Pampa y que el pedido pampeano por las aguas de esos ríos contemplan no solo cantidad sino calidad de agua.
"Tanto el río Desaguadero, el Atuel y el propio Colorado que nacen en la provincia de Mendoza, son cuencas sostenidas en la defensa como unidades ambientales ante el avance de la minería", sostuvo el gobierno a través de un comunicado de la Secretaría de Recursos Hídricos.
Esta postura es concordante con lo planteado por La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) y en los intentos por establecer el comité de cuenca del Desaguadero-Salado.
"Tanto el derecho a compartir estos recursos interprovinciales, como a hacerlo sin contaminación alguna, han sido los pilares de la postura pampeana en todos los ámbitos", recordó Recursos Hídricos. "Estas posiciones incluso han avanzado en estudios y presentaciones específicas (con la UNLPam en la determinación de caudales ambientales, evaluaciones de impacto ambiental, entre otros) porque es preocupación de la Provincia poder contar con agua en cantidad y calidad adecuada".
Además de pedir informes sobre los emprendimientos mineros que podrían afectar la cuencas mencionadas, el gobierno pampeano reiterará el requerimiento de "de un efectivo 'manejo conjunto' de las cuencas" que se extienden en ambas provincias.
"La situación actual, en la que los ríos se encuentran cortados de manera unilateral y ante el riesgo de contaminación, pone de manifiesto esta deficiencia y consolida la proactiva e incansable actitud pampeana en virtud de llegar a una gestión integrada y compartida del agua", concluye el comunicado.