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«La obediencia no es justificación»

COMENZARON LAS REPLICAS EN EL JUICIO DE LA SUBZONA 14 II

El juicio oral y público de la Subzona 14 II, en la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en La Pampa, ingresó en su etapa de definición con la parte de réplicas y dúplicas entre las partes, tras las jornadas de alegatos. Ayer, el querellante Franco Catalani planteó en diversos ejes la respuesta al planteo de la defensa de los ex militares y ex policías acusados. «El testigo víctima es antes que nada el fracaso del genocidio, es el reverso porfiado de los desaparecidos», manifestó.
Señaló que «no existió ninguna guerra» y que aunque «se hubiera verificado una situación de violencia interna, no autorizaba al uso de métodos ilegales utilizados». Por otro lado, cuestionó el uso de «una lógica belicista» para justificar los secuestros y torturas y afirmó que para los militares «no existieron las leyes» y «pretendían que los hechos sean comprendidos en los códigos de la corporación militar».
Sobre la eximición de la responsabilidad por la figura de obediencia debida, dijo que «en un Estado de Derecho, la obediencia es solo a la ley, no a una persona ni a una institución. Una orden que no es legal debe ser denunciada y desobedecida». Calificó como «inadmisible» justificar el ataque de la dictadura por el decreto de lucha contra la subversión porque «pretendían justificar la destrucción del enemigo».
Además, recordó que se intentó enjuiciar al máximo responsable de la represión ilegal y jefe de la Subzona 14, Fabio Iriart, algo que fue imposible por cuestiones de salud. «La obediencia no es una causa de justificación sino (el dictador, Jorge Rafael) Videla sería el único responsable del genocidio. Es imposible negar que un agente del Estado (como los policías acusados) desconocía la ley», indicó.
Por otro lado, comentó que «La Pampa no fue una isla de paz» y aseguró, en sintonía con los alegatos, que «un componente del genocidio es el ocultamiento, de donde se deriva el negacionismo y el justificacionismo, y la desaparición física de personas». Advirtió que en la provincia también «hubo desparecidos» porque «fueron secuestrados en forma ilegal y requeridos por terceros al Estado y fueron negados. Se negó la detención en cualquier centro. Eso es desaparición forzada de personas. Que la persona aparezca con vida no elimina la desaparición».

Son 30 mil.
Catalani también se refirió a las dudas planteadas por las defensas sobre la cifra de 30.000 desaparecidos en el país, indicando que «el genocidio no se configura por la cantidad de personas» y remarcó que «esa pretensión se inscribe en el negacionismo que se desarrolla cuando ocurren los hechos y tiene una serie de expresiones como el ‘ejecutado en fuga’ por ejemplo y la concepción del desaparecido».
Bajo «la figura fraudulenta del desaparecido, del supuesto abatido en fuga o enfrentamiento», dijo Catalani, «se pretendió negar el sentido de los hechos, los secuestros, las torturas, el aniquilamiento de pruebas y los cuerpos de los asesinados. Parte fundamental del terrorismo de Estado es el negacionismo».
El querellante dijo que «los hechos se ejecutaron en el marco del Estado terrorista de aquella época» y que se buscaba «eliminar» a personas por su ideología o por realizar «actividades políticas, sindicales y religiosas» porque «atentaban contra el ser nacional argentino.
La existencia de genocidio fue ratificada en no menos de 15 causas por delitos de lesa humanidad».

Los médicos.
Sobre el rol de los médicos en la dictadura, como Máximo Pérez Oneto -uno de los acusados-, agregó que «aportaban un elemento sustancial para el designio del aparato del terror, manteniendo al secuestrado con vida para sacarle más información» durante los secuestros, que «no se hacían por odio ni por una cuestión personal, era para que delataran a compañeros o asuman responsabilidades que no tenían».
Advirtió que los especialistas médicos «monitoreaban» en los centros clandestinos de detención «la salud de la persona para saber hasta dónde se podían exigirla» durante las torturas. Sobre la detención ilegal, señaló que «es un delito continuado, desde la detención hasta que la persona es liberada».
Por último, el abogado Catalani destacó «la tarea de la Justicia que es importante» y resaltó el rol del Tribunal Oral Federal «en todas las etapas» del proceso. En otra línea de su exposición, indicó que es «el Estado cometió los crímenes e hizo lo posible para evitar el juzgamiento de los hechos».

«Escuchen la voz de las víctimas»
«Señores jueces les pedimos que escuchen la voz de las víctimas, nada más», afirmó el querellante Franco Catalani ante los cuestionamientos de las defensas sobre los testimonios brindados en el juicio. Dijo que «la víctima es un testimonio de vida y resistencia ante el asedio durante años».
Y siguió: «Es una página salvada de una biblioteca que fue intencionalmente quemada. Su resistencia habría sido en vano si no los escucháramos». Más allá de las cuestiones económicas, explicó que para ellos la mayor reparación pasa por la cuestión simbólica y por la sentencia que deberá dictar el Tribunal Oral Federal.
La defensa en su alegato, recordó Catalani, señaló que los testigos fueron «previamente informados y guionados» y que «perseguían intereses económicos por leyes reparatorias». Ante esto, pidió analizar los testimonios en conjunto «y no en forma aislada» y ratificó que todos «coincidieron en cuestiones relevantes como la modalidad de los secuestros, el maltrato físico y psicológico, los interrogatorios».
«Hay fallos innumerables que ratifican el valor y la vigencia de los testigos únicos y víctimas que son cosas distintas. Acá no se manipuló ningún testigo. Los esfuerzos estuvieron en respetar la memoria. Los testimonios fueron veraces», argumentó.
Sobre los cuestionamientos a las víctimas, el abogado manifestó que «no hay fuerza que pueda hacer olvidar una picana eléctrica en la vagina, no hay fuerza que pueda borrar la espera del secuestro, la tortura y la muerte inminente».
Además, explicó que el «terrorismo quiso imponer una realidad, del supuesto ser nacional» y que se pretendió «consumar un genocidio, sin que nadie se diera cuenta. Se propuso eliminar a quien los contradijera. Pretendemos revalorizar el aporte de las víctimas, por haber sobrevivido y haber soportado años de asedio y mantener la voluntad de declarar».