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«La Pampa debería ser convocada»

EL DIPUTADO PEREZ ARAUJO DIJO QUE MENDOZA INCUMPLE UNA VEZ MAS LA SENTENCIA DE LA CORTE

El legislador advirtió que la movilización en Mendoza ignora la premisa de que el agua es un bien ecosistémico y no está limitada a fronteras. Se preguntó si a los activistas también les interesa el ambiente pampeano o solo el de ellos. 

La provincia de La Pampa «debería ser convocada a las mesas de diálogo» que ha llamado el gobierno mendocino tras el fuerte rechazo a la modificación de la ley 7.722, sostuvo el diputado nacional Hernán Pérez Araujo al advertir que, una vez más, esa provincia maneja el recurso hídrico como si fuera de su exclusiva propiedad. «Cuando dicen que están preocupados por el ambiente, ¿a qué ambiente se refieren? ¿solo al de ellos o incluyen también al oeste pampeano?», planteó.

Pérez Araujo emitió ayer un comunicado de prensa sobre el conflicto en Mendoza en el que sentó una postura en la que llama a encolumnar la lucha en el marco legal que estableció la Corte Suprema de Justicia cuando planteó que el agua es antes que nada un recurso natural al servicio de los ecosistemas.

«Antes que nada -señaló el diputado a LA ARENA- hay que aclarar que la ley 9.202 está vigente. Si (el actual gobernador Rodolfo) Suárez quiere preservar la paz social, como dice, lo primero que tiene que hacer es derogar esa ley. Mientras no se la derogue -reiteró-, la ley está vigente, aún cuando no esté reglamentada».

«Los pampeanos debemos sumarnos a esta lucha, pero también exigir que se nos tenga en cuenta y se nos respete. Y si eso no ocurren, se harán los planteos en los organismos de cuenca correspondientes, tanto la CIAI como el Coirco», anticipó.

Tutela

En el comunicado de prensa que difundió a los medios, Pérez Araujo recordó que cuando Mendoza sancionó en 2007 la ley 7722 lo hizo «a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico».

Los pampeanos «hemos padecido durante décadas lo que para la provincia de Mendoza significa esa tutela del recurso hídrico -advirtió-, su recurso hídrico, apropiado y utilizado a su antojo en claro desmedro de quienes estamos aguas abajo en los ríos interprovinciales.

En la ley sancionada la semana pasada, que lleva el número 9202, «sólo se bloquea la utilización del mercurio» en las actividades mineras -permitiéndose en consecuencia las otras sustancias-, y desaparece la exigencia de aprobar por ley las declaraciones de impacto ambiental, que hacían las veces de salvaguarda de los recursos naturales.

La ley 9202 «sigue manteniendo una terminología que no es la adecuada desde el punto de vista ambiental, aunque paradójicamente se hable de garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico», y fiel al estilo de los sucesivos gobiernos de Mendoza, «limita su accionar al ámbito territorial de su geografía, desoyendo y soslayando por completo los intereses de los habitantes de toda la región».

Dilación

A la par de celebrar «las espontáneas y multitudinarias movilizaciones de la sociedad civil en contra de la modificación de la Ley», Pérez Araujo planteó una comparación entre el daño que la posible utilización de sustancias tóxicas podría provocar, «con el daño ocasionado por el accionar unilateral, arbitrario e inconsulto de la provincia de Mendoza en el noroeste de la provincia de La Pampa».

«De ser ello posible, y lo es, ¿se plegarían las multitudes movilizadas, y los actores políticos y sociales que se han manifestado al fin a favor del ambiente, a nuestro reclamo pampeano por la recuperación del río Atuel y por el otorgamiento de un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema en el noroeste de La Pampa?», preguntó.

«Ante tamaña movilización el Gobierno de Mendoza, encabezado por el Gobernador (Rodolfo) Suárez, a quien como a su antecesor, Alfredo Cornejo, poco y nada les interesa el ambiente, ha anunciado la suspensión de la modificación de la Ley 7722, cuando en realidad solo se ha dilatado en el tiempo su reglamentación».

«La Ley está vigente -remarcó el diputado- y pareciera ser que no hay intenciones de derogarla, única manera de dejarla sin efecto. En su lugar convocarían a una mesa de dialogo, a la que seguramente no estaremos invitados los pampeanos, convidados de piedra y arena una vez más hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el caudal reclamado.

«No ser imparciales»

Al resumir su postura, quien fuera representante pampeano en los comités de cuenca del río Atuel y del Colorado sostuvo que «Desde La Pampa entendemos que el ambiente es uno, que es un concepto que debemos interpretar como transfronterizo, independiente de los límites geográficos y políticos que se le han impuesto antojadizamente».

Como señaló la Corte Suprema en 2017, «debe además mirarse, para su debida sustentabilidad, con una mirada ecocéntrica, que ya no tenga al hombre como sujeto exclusivo de la apropiación de los recursos, sino al ambiente como sujeto mismo, al que debemos preservar».

«Con esa mirada, tenemos la obligación de no ser imparciales, y de sumarnos al reclamo por el ambiente que vienen llevando adelante muchos de nuestros hermanos mendocinos, y actores políticos y sociales de todo nuestro país. Debemos además invitarlos, y porque no conminarlos, a que en dicho reclamo se incluya el de toda una provincia por la recuperación de un río que ha sido extirpado de su territorio, el río Atuel, que también es pampeano», concluyó.

Intersindical pide derogación

La Mesa Intersindical de La Pampa reclamó al gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, que convoque a una sesión extraordinaria de la Legislatura de su provincia y derogue en forma urgente la ley 9.202, que autorizó la minería metalífera en esa provincia en reemplazo de la ley 7.722.

«El arte de gobernar es el arte y capacidad de escuchar a un pueblo enardecido, que vela por la protección del suelo del agua como bien más preciado para la vida», sostuvo la Intersindical a través de un comunicado que difundió ayer.

«Por eso consideramos una falta de respeto hacia los ciudadanos que gobiernos de turno se jacten de gestionar solo protegiendo beneficios de empresas capitalistas, extractivistas como al megaminería, el fracking y los agronegocios», afirmó. Esta «explotación desmesurada de los recursos naturales» implica «explotar no solo el suelo sino la vida misma de los habitantes y el futuro de los pueblos», sostuvo.

«La ley que pretende impulsar el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, atenta contra la salud y el ecosistema, no solo de Mendoza sino de toda la cuenca hídrica, donde las y los pampeanos también seremos víctimas. Cuando se altera el curso natural de las cosas no es una democracia, es un genocidio a largo plazo», sentenció.
Por este motivo, la Intersindical demandó al gobernador mendocino «fervientemente la preservación del ambiente sobre todas las cosas, como bien más preciado donde la vida y el agua no se negocian».

El comunicado lleva la firma de Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza La Pampa, Ricardo Valcarcel, responsable operativo a cargo de UPCN Seccional La Pampa, Aldo Bafundo, de la Asociación de Empleados de la Legislatura, Mirta Gloria Viola, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa (Sitrasap), Susana Funes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores judiciales de La Pampa (Sitraj), Jorge Fraile, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de La Pampa (Sitravip), y Néstor Jorge Chazarreta, secretario general adjunto de la Comisión Directiva de ATE.

Amenazan en Malargüe

Mientras ayer viernes se conoció que siete departamentos mendocinos decidieron suspender sus tradicionales elecciones de reinas de la vendimia, en el departamento Malargüe «amenazan con suspender el abastecimiento de gas y petróleo si se deroga la ley 9209 de minería, tal como piden los ambientalistas y vecinos autoconvocados», informó el diario Los Andes.

«Hemos dado un tiempo, no mayor a 48 horas, para que el Gobernador replantee la situación en cuanto a la nueva ley», planteó el presidente de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, Gustavo Mira, al gobernador Rodolfo Suárez durante la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno como parte de la mesa de diálogo en torno a la nueva legislación.

El gobernador Suárez «pidió que no se inician medidas de fuerza y la cámara aceptó pero con condiciones». Según informaron a través de un comunicado, «se acordó esperar entre 48 y 72 horas sino se iniciarán las medidas de fuerza». Desde el organismo dejaron en claro su «absoluto respaldo a la reforma de la ley 7722 solicitando que la actividad minera se realice en el departamento de Malargüe».

Señalaron que están dispuestos a aceptar propuestas que plantean las modificaciones en la norma para desarrollar la actividad sin el uso del cianuro y excluyendo las cuencas de los ríos Salado y el Atuel. El gobernador les dijo que presentaría la opción en las próximas reuniones sobre el tema.

«Si no hay que hacer sobre la cuenca del Río Salado, y en el Río Atuel, no haremos, empezaremos con proyectos pequeños, y les aseguro que le vamos a mostrar a la provincia que los controles van a existir y van a ser eficientes», declaró Gustavo Miras.