La Pampa pide a la Corte que frene la licitación de Portezuelo

El gobierno pampeano realizó una nueva presentación en la Corte Suprema ante la decisión de Mendoza de avanzar con la obra de Portezuelo del Viento. En ella le comunicó formalmente otro ‘hecho nuevo’ ocurrido en la causa, cual fue la apertura de la licitación para construir el dique. En tal sentido, el gobernador Sergio Ziliotto solicitó se resuelva la medida cautelar peticionada en la demanda iniciada el 16 de agosto de 2019 por el entonces gobernador Carlos Verna.
En esta nueva denuncia, La Pampa pidió a la Corte que ordene no iniciar, o suspender si ya se hubieran iniciado, los procedimientos y trabajos que se estén llevando adelante con el fin de la concreción y puesta en funcionamiento de la obra denominada «Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento» hasta tanto se realice una Evaluación de Impacto Ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado, que respete el derecho de información pública y participación ciudadana y sea aprobada o desaprobada -con carácter vinculante- por el Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.

Un ‘hecho nuevo’.
La presentación de ayer incorporó a la demanda de agosto de 2019 la denuncia de un hecho nuevo ocurrido la semana pasada, cual fue la consumación del acto de apertura de la licitación.
«La Provincia de Mendoza hace caso omiso a la decisión tomada por el Consejo de Gobierno, órgano superior de Coirco, que a través de su Consejo de Gobierno entendió la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental Integral y dispuso la realización de la misma», sostuvo el gobierno pampeano al dar a conocer la novedad.
La Pampa plantea que se «está desconociendo la integralidad de la cuenca y la necesidad de manejarla como una unidad de gestión, procediendo así a un manejo sectorizado que pone en riesgo a la misma».
En la reunión del Consejo de Gobierno del Coirco realizada el viernes 26 de junio, cuatro de las cinco provincias partícipes de la cuenca -Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y La Pampa-decidieron a través de una votación la realización de la evaluación de impacto ambiental basándose a la Ley de Obras Hidráulicas Nro. 23.879, pedido que fue rechazado por Mendoza, que quiere seguir adelante con el proceso a toda costa.
En la presentación de ayer, La Pampa enfatizó que no obstante la decisión tomada por amplia mayoría «una vez más la Provincia de Mendoza, manifiesta un actuar contrario a las políticas adoptadas por las restantes provincias integrantes de Coirco, desconociendo, en consecuencia, la interprovincialidad del Río Colorado y la concepción misma de cuenca hídrica».
La semana pasada, la fiscala de Estado pampeana, Romina Schmidt, ya había comunicado a la Corte Suprema otro ‘hecho nuevo’ ocurrido en el tema Portezuelo del Viento cual fue la resolución tomada el último viernes de junio por los gobernadores de la cuenca del Colorado.

Acción de amparo.
El viernes 16 de agosto de 2019 y por medio de una presentación firmada por el ex gobernador Carlos Verna, el entonces fiscal de Estado, José Alejandro Vanini -ahora secretario General de la Gobernación-, y el procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo -actual diputado nacional-, la provincia de La Pampa presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo ambiental contra el Estado Nacional y la provincia de Mendoza para que ordene no iniciar y/o se suspendan los procedimientos o trabajos que se estén llevando adelante con el «Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento», sobre el río Grande, en la cuenca del río Colorado.
El reclamo del gobierno pampeano de ese entonces -vigente plenamente hoy en día- que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado, que respete el derecho de información pública y participación ciudadana y sea aprobada o desaprobada, con carácter vinculante, por el Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
La acción de amparo contraatacó el Decreto N° 519/2019 del Poder Ejecutivo Nacional que aprobó el acuerdo suscripto entre el Estado Nacional y la provincia de Mendoza para ejecutar la represa sobre el río Grande, y sus obras complementarias. Ese acuerdo estipuló que Nación emitirá letras intransferibles por un valor nominal de 1.023 millones de dólares y delegó en la Provincia de Mendoza la ejecución de la obra.

Rechazaron pedido de la Fuchad
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un pedido de pronto despacho que había presentado la Fundación Chadileuvú días atrás para evitar que Mendoza avance con la licitación de Portezuelo del Viento. Ayer, la Corte respondió que no encuentra motivos para tanta premura, por lo que no va a interrumpir su feria judicial.
La Fundación realizó la presentación de pronto despacho la semana pasada, en el ínterin entre el viernes 26 de junio en que el Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) decidió pedir nuevos estudios de los efectos ambientales que tendrá la represa, y el viernes 3 de julio en que Mendoza, desoyendo aquella reunión, abrió la licitación para construir el dique.
Si bien la presentación de la Fundación fue casi en simultáneo con la que realizó la Fiscalía de Estado Pampeana, la suya fue un paso más allá y además de imponer a la Corte del «hecho nuevo» que había generado el Consejo de Gobierno del Coirco, sino que le solicitó que interrumpiera la feria judicial y se expidiera sobre la licitación en marcha.
La intención de la Fundación era que la Corte se metiera de lleno en el tema y ordenara a Mendoza no abrir la licitación hasta tanto se cumpliera el mandato del Coirco de hacer más estudios ambientales.
«Desde ya que no puedo estar de acuerdo, es una barbaridad, porque lo que estamos pidiendo es simplemente dado que hay presentaciones en el mismo sentido aunque la nuestra fue la primera», sostuvo ayer el presidente de la Fundación, Héctor Gómez. «El amparo ambiental pide que no se haga la obra hasta tanto se haga el estudio de impacto ambiental, de acuerdo a lo que dice la legislación argentina», remarcó.
El pedido fue presentado por el doctor Mariano Julio Aguilar, un abogado especializado en temas ambientales que patrocinó a las organizaciones sociales y ambientales que accionaron contra las dos represas sobre el río Santa Cruz. En estos casos, la Corte actuó con mucha premura y ordenó frenar su construcción hasta tanto no se completaran las obligaciones que imponen las leyes.
La respuesta que ayer hizo llegar la Corte a Aguilar, y por su intermedio a la Fundación, fue breve y concisa: «El planteo formulado solicitando habilitación de plazos judiciales no demuestra que en la presente causa deba tomarse una decisión que no admita demora. Por ello, no se hace lugar a lo peticionado. Notifíquese».
El doctor Aguilar sostuvo al respecto: «Es sorprendente que la Corte no quiera habilitar la feria para tratar un tema tan importante para cinco provincias». «Nos parece que es un tema de suma importancia, por el valor de la obra, por el valor del agua, por lo importante de la cantidad de provincias afectadas, y por que se tome alguna medida al respecto desde el punto de vista judicial es la causa más avanzada sobre este tema», insistió.