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La pandemia profundizó los «prejuicios viejistas»

ISOLINA DAVOVE

Durante el mes de mayo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vio envuelto en una polémica, pues decidió que, para cuidar a los adultos mayores, en medio de los crecientes casos de coronavirus en su distrito, estos debían quedarse en su casa y no salir ni siquiera a realizar las actividades exceptuadas. De este modo, si una anciana o un anciano querían salir de su casa para ir a la farmacia o a la despensa, debían antes comunicarse con un teléfono del gobierno local para solicitar un permiso.
La abogada Isolina Davove, graduada de la Universidad Nacional de Rosario y doctorada en la Universidad de Madrid, utilizó ese ejemplo días atrás para graficar cómo con la pandemia se profundizaron los «prejuicios viejistas». Entre ellos, uno de los más comunes, es aquel que considera a las personas mayores como incapaces de cuidarse a sí mismas, algo que la especialista consideró falso.
Davove fue entrevistada en La Parte y el Todo, en CPEtv. Allí aseguró que está pasando «de todo» con las personas mayores desde la irrupción del coronavirus en el mundo. «La pandemia es un hecho transformador de manera ambivalente. Por un lado es una enfermedad tremenda, nos ha puesto a todos en alerta roja pero en relación a las personas mayores sirvió para hacer visibles las desigualdades estructurales, profundas en las que ellos viven hoy», dijo.

-¿Cuáles son esas desigualdades estructurales?
-Algunas tienen que ver con las desigualdades económicas. Las personas mayores en el mundo, no solo en Argentina, viven situaciones de empobrecimiento respecto de su vida anterior, si además le sumamos a esto los prejuicios viejistas que se expresan en el lenguaje, en base a concepciones falsas, que se usan como si fueran válidos…

-¿Cuáles son esos prejuicios?
-Un viejismo común es que todas las personas mayores son iguales, que hay un único modo de envejecer. Otro prejuicio negativo muy generalizado es advertir que las personas mayores no pueden comprender la realidad, son caprichosas, egoístas o directamente son incompetentes para discernir lo que está bien o mal y, por lo tanto, para tomar decisiones. Todo esto se puso en evidencia, sobre todo en Argentina, al adoptar una actitud de excesivo paternalismo, donde el poder institucional, a través de la familia o de todos los estamentos del Estado, se arroga el derecho de decidir por ellos en lugar de preguntarles qué les pasa, qué sienten y cómo les gustaría autocuidarse.

-¿Te referís a la limitación a que los visiten sus hijos?
-Me refiero, sobre todo, al permiso especial extra que se había impuesto en la CABA, que por suerte no se expandió a otros distritos. Se había dispuesto que tenían que llamar, antes de salir, para contar porqué querían salir, dónde necesitaban ir… Y del otro lado los iba a atender un voluntario con la misión de hacerlos desistir y enviarles a alguien que realizara el trámite o la compra por ellos. Esto por suerte fue dejado de lado porque hubo una clara reacción en contra y luego un recurso de amparo colectivo. Es cierto objetivamente que las personas mayores tienen más riesgos de enfermarse y que se agrave el cuadro, pero de ahí a que el Estado se arrogara el derecho de tomar decisiones por ellos como si fueran niños. Hay una extralimitación del deber de cuidado que los infantilizó y no fue digno para ellos.

-¿No es una razón justificada la necesidad de las autoridades sanitarias de cuidar que no se saturen las limitadas camas de Terapia Intensiva? ¿O el derecho de las personas mayores a decidir está por encima de todo?
-Es interesante el planteo. Efectivamente ninguna solución va a ser nítidamente plena o justa, porque acá, en la situación de pandemia, como en cualquier otro contexto de emergencia y catástrofes como podría ser una inundación o una guerra, ninguna solución que se adopte será cien por ciento respetuosa de los derechos, porque justamente las libertades se ven restringidas. Ahora bien, una cosa es entender que todos por igual debemos quedarnos en casa, debemos hacer todo lo posible para evitar contagios usando barbijos, alcohol en gel, lavándonos las manos, cumpliendo horarios y todo lo que sabemos, porque entendemos que así contribuimos a sostener la salud pública, pero no es adecuado el exagerado anhelo de hacer que las personas mayores entiendan y cumplan cuando sabemos que estadísticamente en nuestro país, en el peor de los escenarios de un proceso de envejecimiento, ubicándonos en las últimas edades de la vejez, un 60% de esas personas mayores son autoválidas, comprenden la realidad y toman decisiones muchas veces con criterios más sabios y prudentes que, por ejemplo, los jóvenes que han sido noticia por actitudes que provocaron contagios.

-¿Cómo hay que denominar a los ancianos: abuelos, adultos mayores, viejos?
-Si uno se va a dirigir a ellos de modo genérico, lo ideal sería utilizar el lenguaje que hoy ha sido consagrado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, por lo tanto, cabría denominarlos así, personas mayores. Sin embargo, lo importante es hablar siempre desde un lugar de respeto, atendiendo a su condición de seres humanos, de sujetos de derecho y no de objetos o calificarlos a partir de una función como es la de la abuelidad. Suele ser habitual en algunas personas y también en los medios de comunicación que, detrás de un discurso cariñoso, se utilice esa expresión, abuelos, que puede ser hasta maleducada para aquellos que no tienen nietos.

-¿Hay una carga de subestimación al decirles abuelos?
-Sí, no me cabe duda. Si no sos el pariente o el nieto, no tengo dudas. En suma, considero que cualquier término está bien si es usado desde el respeto, pero no parece conveniente calificarlos a partir de una función que quizá no cumplen. Es mejor llamarlos personas mayores, ancianos, viejos… A mí me gusta más «personas mayores» porque además es respetuosa con la cuestión de género. Es una forma inclusiva.

“Estamos a la vanguardia”.
Davove afirmó que, en cuanto a la normativa, Argentina es uno de los países más avanzados del mundo respecto a los derechos de las personas mayores. “Desde el punto de vista de la legislación y de tratados de derechos humanos estamos a la vanguardia, incluso por encima de países europeos. Nuestro país fue el primero en el mundo en plantear a Naciones Unidas, en 1948, la necesidad de aprobar una declaración de derechos específica para las personas mayores”, afirmó.
La especialista recordó que fue Eva Perón quien llevó ese planteo ante la ONU, institución que acababa de constituirse. “Es un dato que no se sabe tanto. Sí es más conocido el episodio en el que Eva Perón leyó en público la declaración de los Derechos de la Ancianidad, que luego el presidente Juan Domingo Perón incorporó dentro de la Constitución de 1949”, sostuvo.

–Algo que luego fue anulado por decreto.
–Exacto. Ese capítulo 3, dedicado a los derechos económicos, culturales y sociales, la protección de la familia, la niñez y la ancianidad, quedó reducido al actual Artículo 14 bis, pero además de eso, a nivel internacional es muy importante decir que tal como surge de los registros oficiales de Naciones Unidas, Argentina llevo por primera vez en septiembre de 1948 la propuesta a las distintas comisiones que estaban organizando la Asamblea General que se iba a realizar en diciembre en París.

–¿Y qué pasó?
–En el año 1948 se estaba discutiendo la elaboración de una declaración mucho más genérica, que era la Declaración de Derechos Humanos. La ONU se había puesto en marcha recién en 1945 y estaba en plena tarea de redactar sus tratados internacionales que hoy conocemos. Entonces, la propuesta argentina fue tomada con mucha alegría pero quedó en suspenso. Luego, a lo largo de los años, Argentina fue reiterando este pedido. En esto Argentina tuvo coherencia.

–¿La “Revolución Libertadora” siguió el tema?
–No. Otros gobiernos democráticos. Luego, en 1982 la ONU aprobó el primer documento internacional, que se llama Plan de Acción de Viena sobre el Envejecimiento, y luego, en 2002, la ONU vuelve a pronunciarse con un segundo programa internacional. Pero lo interesante es que paralelamente, nuestro sistema regional de DDHH recoge el guante del desafío de elaborar una convención y liderado por el gobierno argentino, el 15 de junio de 2015 aprueba el Tratado Interamericano sobre la Protección de los Adultos Mayores. Ya en 2017, el gobierno anterior, de Cambiemos, ratifica esta convención y entra en vigor. Es una historia que trasciende las grietas.