¿La sombra de un decano denunciado detrás de la movida contra la comisión?

Las actuaciones del presente año de la «Comisión de Intervención institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en dependencias de la UNLPam» podrían ser anuladas si el Consejo Superior no reconoce la actividad de ese organismo.
El día miércoles 26, por plataforma zoom, con la participación de más de cien asistentes, el Consejo Superior de la UNLPam sesionó y entre los temas de agenda se buscó dar tratamiento a la validación de lo actuado por la comisión de intervención en temas de género durante el 2020.
En 2017, la UNLPam mediante resolución 310/17 sancionó el Protocolo de Intervención en casos de violencia de género, acoso sexual y discriminación basada en el género que prevé la existencia de una comisión destinada a la tramitación e investigación de aquellas denuncias traídas a su conocimiento.

No vinculante.
La Comisión no tiene potestad disciplinaria ni sancionatoria, sino que se trata de un órgano que estudia los casos y recomienda a las autoridades universitarias el curso de acción. De allí que lo recomendado por la comisión de intervención no tiene carácter vinculante y son, en última instancia, el rector y las y los decanos, según corresponda, quienes deban tomar cartas en el asunto y decidir la aplicación de sanciones.
Desde 2018 que la Comisión se encuentra trabajando no sólo en la tramitación de los casos, sino también en la visibilización de la problemática y en la difusión del protocolo para su operatividad. El protocolo prevé que la integración de la comisión se renueve cada dos años, con la posibilidad de prorrogarse su composición. Su integración debe conformarse por representantes del sector docente, no docente, graduados, estudiantes y participantes de instituciones.

Prórroga implícita.
Este año debían renovarse o prorrogarse el mandato de sus integrantes, las cuales continuaron con su labor en la tramitación de denuncias de violencia machista acaecidas en el ámbito universitario. La fecha en que los mandatos vigentes expiraban era el 20 de febrero, pero sus integrantes no fueron notificadas de ello por el Consejo. En cambio, les fue derivado un nuevo caso por parte del Consejo Superior, algo que la Comisión interpretó como la validación implícita de la prórroga de su composición.
Pero, sorpresivamente, el Consejo Superior advirtió semanas atrás que lo actuado durante 2020 por la Comisión podía ser anulado, dado que no se había realizado una prórroga formal o un llamado a renovación de sus integrantes. La cuestión no reviste mayor complejidad a un acto administrativo de parte del Consejo de reconocer lo actuado hasta aquí, por lo que la complejización de la cuestión hace pensar que existe un interés en anular las actuaciones de este año.
La sospecha quedó instalada entre las integrantes de la comisión y de la comunidad universitaria, ya que la nulidad podría alcanzar también al dictamen de recomendación sobre el caso del decano de Ingeniería, Prieto, que, de considerarse nulo volvería las actuaciones a cero.

¿Una pantalla?
En su reunión del miércoles, vía Zoom, el Consejo no contó con los votos necesarios para tratar el tema, a pesar de que las consejeras decanas Ana Urioste (Agronomía) y Beatriz Cossio (Ciencias Humanas) y Beatriz Dillon, Silvia Siderac y Ana Rodríguez (del claustro docente) insistieron en la importancia de su tratamiento.
Tanto las decanas Cossio y Urioste, como las docentes Dillon, Siderac y Rodríguez, solicitaron el tratamiento sobre tablas de la validación del actuar de la comisión. Urioste habló de la necesidad de renovar a la comisión por dos años más porque es su derecho, destacó el trabajo que ha realizado conforme el Consejo les ha encomendado, reconocer formalmente lo actuado porque de otras maneras han reconocido la existencia y trabajo de la comisión. «Es algo simple, es reconocer formalmente lo actuado» expresó. Urioste dejó en claro que, su sensación, sino no aprobaba la actuación de la comisión era que todo lo actuado desde el protocolo y la comisión había sido «una pantalla para el afuera» pero no una convicción de la Universidad.
Cossio recordó la necesidad de políticas institucionales de erradicación de violencia de género con las que la Universidad se ha comprometido, y que la Comisión es parte de este lineamiento. También destaco que la UNLPam es una de las pocas universidades argentinas que cuentan con dispositivos de estas características. La decana de Humanas dijio que no validar lo actuado por la comisión, un órgano creado por el propio Consejo, era un punto de ruptura.

Consistencia y legalidad.
En una postura opuesta, el consejero decano Francisco Marull, titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, dijo que la actuación del Consejo Superior debía ser «consistente con la regularidad, legalidad, la plena vigencia de los derechos de todas y todos los integrantes de la comunidad académica». Por esa razón, tal como lo había hecho durante el debate del tema en comisión, propuso no acompañar el tratamiento sobre tablas de la iniciativa y en cambio esperar a contar con «el dictamen legal de la Secretaría Legal de la Universidad». «Hasta tanto no hay dictamen no se puede tratar el despacho», concluyó.
Dillon le respondió que si el CS, el máximo órgano de gobierno de la Universidad, no podía avalar lo actuado por la comisión lo que quedaba sobre la superficie era un evidente y grave problema de institucionalidad. «Si una asesoría legal tiene que indicarle al Consejo lo que hay que hacer, el problema de institucionalidad es grave», sentenció.

Herramienta pedagógica.
Durante la sesión también expusieron, por pedido de Siderac, las integrantes de la Comisión Daniela Rodríguez -representante de los no docentes – y Victoria Santesteban -del Observatorio de Derechos Humanos de la UNLPam- quienes explicaron la tarea que realizan y manifestaron su preocupación sobre la falta de reconocimiento de la labor de la comisión.
Rodríguez puso de manifiesto la precarización del trabajo de la comisión, que ha sesionado sin un espacio físico para ello, que no ha tenido elementos para trabajar, y que las integrantes sin perjuicio de ello han trabajado incansablemente, comprometidas con la universidad y con la temática.
Sobre el caso particular, dijo que el 21 de mayo el Consejo envió un caso a la comisión para que interviniera. Como los plazos de renovación estaban vencidos, Rodríguez seguró que enviaron una consulta respecto a si tenían plazo para actuar y a lo que las autoridades les dijeron que sí. «Dado este pedido del secretario del Consejo es que la comisión intervino en los casos de este año», explicó.
Santesteban, recién llegada a La Pampa luego de completar un máster en Derechos Humanos en Estados Unidos, destacó que la comisión era una herramienta pedagógica, similar a un órgano de asistencia técnica para las autoridades en temáticas de género. Mencionó la falta de institucionalidad, de reconocimiento y de legitimación, las trabas burocráticas y administrativas al momento de trabajar en la comisión.

Una pregunta por el gobierno universitario
Desde la agrupación Universidad Amplia, opositora a la coalición que llevó al rectorado a Oscar Alpa, emitieron ayer un duro comunicado de prensa en el que se preguntaron si en la Universidad gobernaba el Consejo Superior o el área de Legal y Técnica. Se trata del sector que impulsó el tratamiento sobre tablas del proyecto que reconocía lo actuado durante este año por la Comisión, el cual no logró los votos necesarios y quedó sin tratar.
“La situación que se vislumbra es que el oficialismo no quiere legitimar el trabajo de la comisión de protocolo en estos meses justamente cuando ésta recibió denuncias y actuó al respecto. Dicha comisión resolvió casos y ya elevó al rector y a lxs decanxs (sic), según correspondía, las recomendaciones, dado que las autoridades son quienes resuelven la sanción, la comisión no sanciona”, expresaron.
“A pesar de los sólidos fundamentos vertidos por las consejeras Urioste, Cossio, Siderac, Dillon y Rodríguez, más los argumentos de dos de las integrantes de dicha comisión no fueron suficientes para lograr el tratamiento del despacho. Nos preocupa la falta de atención por parte del oficialismo y es muy difícil entender el posicionamiento que tuvo en la sesión del Consejo Superior”, añadieron.
“Implementar políticas de género no puede quedarse únicamente en discursos vacíos, sino que es una necesidad materializarlas en acciones concretas. Dilatar y no validar el trabajo realizado por la Comisión únicamente beneficia a los agresores. Como agrupación comprometida en la defensa de los derechos de las mujeres e identidades disidentes no lo podemos permitir”, concluyó.