Las pymes denuncian que "cierran 25 firmas por día"

Pequeños y medianos empresarios entregaron ayer a legisladores de la oposición en el Congreso un petitorio de medidas de emergencia y denunciaron la crisis del sector, por la que "cierran 25 firmas por días".
Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), dijo en declaraciones a la prensa que el objetivo es que se dicten medidas urgentes para ayudar a que las compañías puedan subsistir a la crisis económica.
Más de 20 cámaras y entidades que agrupan a empresarios pymes se concentraron este mediodía frente al Congreso Nacional, para reclamar "medidas urgentes que permitan afrontar la situación de crisis terminal" que sufre ese sector.
Fernández señaló que los empresarios decidieron acudir al Congreso para encontrar mediación con el Gobierno de Mauricio Macri, dado que "no hubo respuestas" a una serie de reclamos expresados en los últimos meses.
Los empresarios piden tasas de financiamiento más bajas que las actuales, una reducción en la presión impositiva y una "administración inteligente" del comercio exterior para evitar una "inundación de importaciones", señaló Fernández.
En la marcha, los empresarios y dirigentes pyme consultados por NA dijeron que el Gobierno les prometió "una sala de primeros auxilios para pymes" en el ministerio de Producción y Trabajo, que conduce Dante Sica, pero lo que hay es "una sala de velatorios".
Autoridades de Apyme se habían reunido el 6 de noviembre pasado con el secretario de Emprendedores y Pymes del ministerio de Producción, Mariano Mayer.
Según un relevamiento propio de Apyme, antes de la devaluación y del inicio de la recesión "la tasa de mortalidad de las pymes era de 10 cada 24 horas" y "hoy la cifra ha escalado de manera dramática: cierran sus puertas 25 empresas cada día".
Entre las organizaciones empresariales, estuvieron la Fundación ProTejer, Apyme, Industriales Pymes Argentinos (IPA), la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel) y la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera). También se hizo presente la Central de Entidades de Empresarios Nacionales (CEEN), entre otras.

Cierre en Junín.
La empresa Induspol Aislaciones SRL, dedicada a la producción de poliestireno expandido para la construcción, cerró sus puertas y despidió a sus 37 empleados por la crisis económica.
Los trabajadores afectados se encontraban reunidos este jueves frente a las instalaciones de la planta ubicada en calle colectora de la Ruta Nacional 7 y Uruguay, unos 267 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La planta fue cerrada por los propietarios el 30 de noviembre pasado pero los trabajadores mantenían las esperanzas de negociar la continuidad, aunque este jueves ya ni siquiera pudieron ingresar a ocupar sus puestos.
Rubén Moyano, secretario general de la Unión Obreros y Empleados Plásticos de Chivilcoy, dijo al diario La Verdad que "el cierre es definitivo" e indicó que los trabajadores se enteraron cuando llegaron a la planta y "encontraron una nota pegada en la puerta con la firma de los dos socios, Antonio Regés y Carlos Ravazzano".
Induspol Aislaciones SA era desde hace tres décadas una de las cuatro únicas empresas productoras y transformadoras de materia prima para la elaboración de poliestireno expandido en toda la Argentina.
La planta de Junín se dedicaba precisamente a la producción, procesamiento y transformación de un producto conocido en el mercado genéricamente con el nombre de telgopor, que es utilizado mayoritariamente por la industria de la construcción.

Situación complicada.
Los dueños de la compañía argumentan que no pueden seguir operando debido a la fuerte suba de las tarifas y al desplome de la demanda de telgopor, en medio de la crisis económica y de la retracción de la construcción, que solo en octubre cayó 6,4% anual.
Los trabajadores expresaron en la puerta de la fábrica que "no corresponde" enterarse de sus despidos por un cartel en una puerta y aguardaban que lleguen telegramas o cartas documento para oficializar la decisión.
Moyano indicó que la empresa propone a los trabajadores pagar indemnizaciones menores a las que corresponden por ley y anticipó que hay unanimidad entre los operarios para rechazar esta iniciativa.
El dirigente describió que el cobro de las indemnizaciones y los sueldos atrasados forman parte de una "situación complicada, porque los dueños (de la empresa) dicen que no tienen el dinero para saldar las deudas".