Lovera: «No podemos permitir que haya desamparados»

Durante este martes a las 18 se reunió, mediante videoconferencia, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que está integrada por ocho senadores nacionales y ocho diputados nacionales, para tratar los DNU emitidos por el presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia por el coronavirus.

El senador nacional por La Pampa, Daniel Lovera, fue el encargado de defender la aprobación de los decretos en relación al trabajo.

Lovera argumentó que, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/20, el presidente Alberto Fernández, prohibió -por el plazo de 60 días- los despidos y las suspensiones sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo.

«No me asombra pero sí me preocupa la postura de un sector de la oposición al respecto. Estamos atravesando un momento inédito a nivel mundial. La pandemia castiga con crudeza a toda la sociedad y exalta, como pocas veces en la historia, el principio de solidaridad. Solidaridad que no encuentro en quienes intentan invalidar este decreto, cuyo objetivo es impedir la disolución de los vínculos laborales en este período de crisis. Nuestro presidente, Alberto Fernández, ha reafirmado, tal como lo hizo el Papa Francisco, que en esta crisis nadie se salva solo. Esta pandemia no solo mata, sino que arrasa con los derechos más preciados que tenemos como seres humanos, como personas. Entre ellos está el trabajo.», expresó el senador.

UN ESTADO PRESENTE.

Y amplió: «Como representantes con responsabilidades políticas, institucionales y sociales, no podemos permitir el desamparo de las personas más vulnerables, la desprotección de quienes son el sostén de las familias. Hoy tenemos un Estado presente, un gobierno que está generando y creando las herramientas económicas, técnicas y legales necesarias para hacer frente a la crisis, provocada por la COVID-19. Durante este tiempo se ejecutaron medidas de emergencia para proteger a las familias, a las personas que están sufriendo los efectos adyacentes del aislamiento social preventivo y obligatorio. Se instrumentaron diversas políticas públicas, tales como: el ingreso familiar de emergencia, la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, préstamos, REPRO, subsidios a empresas para el pago de sueldos, aportes, contribuciones patronales y cobertura de cheques diferidos, prórrogas de vencimientos de deudas a empresas hasta el 30 de junio, asignación compensatoria del salario de las trabajadoras y los trabajadores a cargo del Estado, medidas que tienen el objetivo de morigerar el impacto económico que causa esta pandemia. Pero todo ello resulta insuficiente si existen sectores que no acompañan este esfuerzo. No alcanzan las medidas extraordinarias que tome el Poder Ejecutivo si la sociedad en su conjunto no acompaña. Evidentemente, es necesario un nuevo pacto social, un firme compromiso que incluya a todos los sectores de nuestra Argentina, que sea transversal a la sociedad en su conjunto, pero esencialmente que se brinde hacia quienes más lo necesitan. Uno de los principios fundacionales del partido al que pertenezco es la justicia social. Y no hay justicia social sin solidaridad. Desde ese lugar es que debemos enfrentar esta crisis. Esta medida dispuesta por el presidente Alberto Fernández mediante este DNU resulta necesaria y urgente para hacer frente a este contexto de emergencia que atraviesa nuestro país, y toma más fuerza si existen sectores que no colaboran».

«NO PODEMOS PERMITIR DESAMPARADOS».

Para Lovera, «inmersos en esta pandemia resultan inadmisibles los despidos y suspensiones de trabajadoras y trabajadores. No podemos permitir que, una vez más, queden desamparadas y desamparados ante la crisis. Estoy convencido de la acertada decisión de nuestro presidente, y de la imprescindible validez de este decreto. Las trabajadoras y los trabajadores requieren nuestra urgente intervención en pos de salvaguardar sus derechos y proteger su fuente de ingresos. Cada trabajo que se pierde es una persona y una familia condenada a la pobreza y la exclusión.  A modo de ejemplo, repasemos algunos datos de la historia reciente para ayudar a algunos desmemoriados. En mayo de 2016, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.251, que declaraba la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días, se prohibían los despidos y suspensiones de trabajadores sin justa causa, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esa ley, que fue de mi autoría, tenía como objetivo preservar el empleo, cuidar las fuentes de ingresos de todas las argentinas y los argentinos ante un contexto de incertidumbre. El entonces presidente. Mauricio Macri, vetó esa ley mediante un DNU, la consecuencia fue la pérdida de 300 mil empleos registrados. ¿Qué digo con esto?, digo que la protección y la promoción del trabajo no fue una preocupación de la gestión de gobierno anterior, y por lo visto, sigue sin preocupar a algunos que hoy forman parte de la oposición y pretenden invalidar este decreto. Por mi parte, no tengo ninguna duda de que el trabajo decente con salarios dignos, con la protección de las leyes y con todos los beneficios de la seguridad social, es la principal herramienta para contribuir a erradicar la pobreza y promover la movilidad social ascendente. Ojalá que este instrumento excepcional deje de ser necesario en el corto plazo y se inicie la reconstrucción de la economía de nuestro país. Hasta tanto eso suceda, nadie puede olvidar que el trabajo es un derecho humano fundamental, y que es nuestro deber proteger a quienes se encuentran más expuestos frente a esta pandemia: las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país».