Luego de iniciar la guerra judicial, el SPF ahora quiere dialogar

PRESOS PAMPEANOS

El conflicto entre el gobierno de La Pampa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por el incumplimiento de un convenio que establecía la obligatoriedad del alojamiento de 300 presos pampeanos en la Unidad 4 y 13 de Santa Rosa continúa generando polémica entre ambas autoridades. Ayer el titular del SPF, Emiliano Blanco, se comunicó con el ministro de Gobierno de La Pampa, Daniel Bensusan, para establecer un canal de diálogo ante la crisis. “No queremos más promesas”, sostuvo Bensusan tras la comunicación telefónica.
Bensusan reiteró ayer a LA ARENA que Nación “nunca cumplió” con el otorgamiento de la totalidad de las 300 plazas para presos pampeanos en las cárceles federales de la provincia y que “cada vez que hay una persona condenada por la Justicia pampeana, el SPF rechaza el ingreso porque no tiene lugares disponibles”.
Reconoció que el sistema de cárceles del SPF está “colapsado”, pero recordó que “nosotros firmamos un convenio y desde la Provincia se cumplió con el acuerdo, e incluso se paga el costo por día de cada preso”. La única contraprestación que debería dar el Servicio sería “el alojamiento”, algo que no está cumpliendo en la medida de lo firmado.
Bensusan señaló que el año pasado se firmó una ‘addenda’ por la que el SPF se comprometió a hacer arreglos edilicios en la Unidad 13 con el apoyo del gobierno provincial para “tener un cupo de 60 plazas más, lo que sería un gran alivio para los comisarías pampeanas pero nunca se cumplió”.
“Solo avanzamos en el sistema de arresto domiciliario, con unas 30 tobilleras electrónicas pero tampoco es una solución”, dijo el funcionario, agregando que “nosotros queremos que se cumpla con las 300 plazas que se obligó el gobierno nacional a otorgarnos a partir de la construcción del edificio de la Unidad 4”.
Ante el incumplimiento de Nación, las comisarías y alcaidías no son lugares para la resocialización de los condenados, una situación que también fue advertida por las autoridades de la Defensoría General de La Pampa.

Solución.
Bensusan destacó que está interviniendo también la Defensoría General porque “se están avasallando los derechos de las personas detenidas a estar en lugares de detención adecuados. Estamos ante una situación irregular, que es ajena a la Provincia”.
Además, apoyó a los jueces de Ejecución de Santa Rosa y General Pico que pidieron a las autoridades del SPF que no ingresen más presos de otras jurisdicciones a la U4 y 13 para que se cumpla con el convenio firmado en 2007 entre La Pampa y las autoridades nacionales.
En ese sentido, cuestionó al presidente del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, que pidió a la fiscalía federal investigar a los magistrados por el supuesto delito de abuso de autoridad.
“Los del Servicio están desoyendo e incumpliendo un acuerdo. Apoyamos la actitud de los jueces de Ejecución que están tratando que se cumpla el convenio firmado. Nosotros más allá de las denuncias, queremos que esto se solucione y se otorgue la plazas que corresponden”, siguió Bensusan.
El funcionario comentó que ayer recibió una comunicación telefónica de Emiliano Blanco, jefe del SPF, y manifestó: “No queremos más promesas, nosotros tenemos la mejor predisposición”.

Diputados repudian acción del TOF
Los diputados provinciales del PJ respaldaron ayer a los jueces de Ejecución provinciales que serán investigados por la fiscalía federal, a pedido del Tribunal Oral Federal de La Pampa, por prohibir el ingreso de presos de otras jurisdicciones a la Unidad 4 y 13, con el fin de dar cumplimiento al convenio firmado por La Pampa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para alojar en esas cárceles federales a unos 300 presos de la justicia pampeana.
En rigor, los legisladores del oficialismo presentaron un proyecto de resolución para expresar “repudio y preocupación” por el accionar del TOF que solicitó investigar a los jueces Martín Saravia (de Santa Rosa) y Mauricio Pascual (General Pico) por el supuesto delito de abuso de autoridad. En el articulado, también expresaron “solidaridad” con los magistrados.
Los magistrados pampeanos serán investigados por el fiscal Leonel Gómez Barbella por ordenar a los directores de ambas cárceles la prohibición de nuestros ingresos de procesados y/o condenados que no deriven de la Justicia ordinaria provincial hasta que se dé cumplimiento al convenio firmado en 2007 hasta alcanzar el total de plazas asignadas.
Ante esta situación de evidente incumplimiento de las autoridades del gobierno nacional con la provincia de La Pampa, por ahora no se conoce el pronunciamiento de los legisladores del macrismo y del radicalismo, que conforman la alianza Cambiemos.