Magistrados advierten que es un grave avance contra la Justicia

GUERRA JUDICIAL

La Comisión Directiva del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia se reunió ayer con el objetivo de analizar “la grave situación institucional” generada como consecuencia de la denuncia penal contra dos magistrados de nuestra provincia por el supuesto delito de “Abuso de autoridad en el fuero federal”. En tal sentido, y luego de un profundo análisis del cuadro de situación planteado, “nuestro Colegio hace público su más firme respaldo y acompañamiento a lo actuado por nuestros asociados -ambos jueces de Ejecución penal- en el entendimiento que lo hicieron dentro del marco legal que su actividad les impone, resguardando con firmeza los derechos e intereses de los ciudadanos pampeanos que se desprenden del convenio oportunamente firmado entre nuestra provincia y el SPF”.
Por otra parte, destacaron “la idoneidad profesional” de ambos magistrados que en esta cuestión “están protegiendo Derechos Humanos que emanan de los Tratados Internacionales firmados por nuestro país y cuyo incumplimiento generaría responsabilidad internacional”.

Exigen cumplimiento.
“No es una pelea, sólo exigimos el cumplimiento de un convenio que tiene vigencia al día de la fecha y que con recursos de los pampeanos se logró la ampliación de la Colonia Penal. Acá se exige y ordena el cumplimiento de un convenio firmado por los gobiernos y aprobado por ley provincial”, manifestó ayer el juez de Ejecución de la Segunda Circunscripción, Mauricio Pascual, en referencia a la guerra judicial desencadenada luego de que conjuntamente con el juez de Ejecución de la Primera Circunscripción, Martín Saravia, exigieran al director de la Unidad 4, Colonia Penal, Hugo Almeida, la prohibición del ingreso de condenados federales. A raíz de esta orden, el titular de la U.4 informó al presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Pablo Díaz Lacava, quien llevó la inquietud de Almeida ante el fiscal federal general, Leonel Gómez Barbella e impulsó la acción penal para ver si hay ó no delito, y para la cual habría requerido la revisión de los convenios existentes entre la Provincia y Nación como primera medida.
“Esto pone en evidencia el poder que tiene el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que a través de una nota articule una vista al fiscal federal. El incumplimiento del convenio no puede ser desconocido, cuando fue firmado por un ministro y un gobernador, y a su vez aprobado por la Legislatura provincial”, dijo Pascual ayer al ser consultado por el programa “Aunque parezca tarde” (Radio Noticias 99.5).

Sorprendido.
Con respecto a la denuncia que desencadenó una investigación por presunto “abuso de autoridad”, el entrevistado sostuvo que “este -Hugo Almeida- le envía una nota al Dr. Díaz Lacava -yo no hablo de Tribunal Oral Federal- y Díaz Lacava (por un comunicado que acabo de leer) le corre vista al fiscal federal a los efectos que investigue el delito de abuso de autoridad”. En este sentido, Pascual dejó en evidencia que “en el mes de mayo, Díaz Lacava remitó a Saravia una nota poniendo en conocimiento de una situación de hacinamiento en la localidad de Catriló a los efectos que se tome una medida pertinente y se haga cesar esa situación. Una de las cuestiones que motivó al visita a la U.4 era solucionar ese problema”. A su vez se mostró sorprendido por haberle “corrido vista” al fiscal federal para que investigue un delito que “se haya fundamentado en un pedido de él mismo”. dijo Pascual.

Sólo un tercio.
Durante su diálogo el magistrado recordó la visita realizada el pasado 14 de junio a la Colonia Penal junto a Martín Saravia y a los fiscales generales Máximo Paulucci y Armando Agüero. En aquella oportunidad recorrieron pabellón por pabellón y registraron la existencia de vacantes en distintos pabellones. En base a eso se tomó la decisión de “ordenar conjuntamente al director de la Colonia Penal, la prohibición del ingreso de condenados federales hasta tanto esas vacantes sean cubiertas con condenados pampeanos en virtud del cumplimiento del convenio que la provincia tiene firmado desde el año 2007, el cual fue firmado entre el Ministerio de Justicia de la Nación y Provincia”, sostuvo. Ante este convenio el Gobierno provincial amplió la Colonia Penal en cuatro pabellones y construyó una casa de pre-egreso (en el antiguo casco de “La Amalia”), “con el compromiso de dar lugar para alojar a 300 condenados pampeanos”, sin embargo “actualmente sólo hay 99 plazas cubiertas con presos pampeanos, con jurisdicción provincial”, indicó. De esta manera se desprende nuevamente el dato que adelantó este diario cuando se dio a conocer que sólo el tercio está ocupado por pampeanos mientras que el resto son condenados y procesados en la Justicia federal.

No ordenó, pero informó
El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Pablo Ramiro Díaz Lacava, se “desligó” de la denuncia contra los jueces Saravia y Pascual, al comunicar ayer que “en relación al contenido de diversas notas periodísticas atribuyéndome acciones que no se corresponden con lo sucedido, por la presente le hago saber que no he ordenado investigar a los jueces de ejecución penal de esta provincia, doctores Martín Saravia y Mauricio Pascual, sino que he puesto en conocimiento de quien tiene la función de impulsar la investigación de delitos de acción pública con competencia federal los hechos que me informó el titular del establecimiento carcelario federal Colonia Penal Santa Rosa (U.4), ante las constataciones y órdenes recibidas por los jueces mencionados”.

“Es un ataque de la justicia federal”
La orden del presidente del Tribunal Oral Federal para que se investigue a los jueces de Ejecución provinciales Martín Saravia (de Santa Rosa) y Mauricio Pascual (General Pico) por el supuesto delito de abuso de autoridad, por la situación de los presos pampeanos, generó el rechazo de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de La Pampa.
“Nos solidarizamos con los jueces de Ejecución pampeanos ante el ataque sufrido por la justicia federal. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) incumple los convenios aprobados por ley con La Pampa violando así tratados internacionales y generando una crisis sin precedentes en las comisarías y alcaldías provinciales”, afirmó la entidad.
De esa forma, los funcionarios del Poder Judicial pampeano salieron a “bancar” a los magistrados que serán investigados por el fiscal federal Leonel Gómez Barbella por el posible delito de abuso de autoridad al exigirles a las autoridades de la Colonia Penal Unidad 4 de Santa Rosa que prohíban el ingreso de condenados y procesados federales.
La disposición de los jueces de Ejecución pretende que se cumpla con el convenio firmado por el gobierno de La Pampa y el SPF para que los presos pampéanos puedan ser alojados en cárceles federales -precisamente, en pabellones construidos por la Provincia-. Son 300 plazas que deberían disponerse.
“No hay peor ciego que el que no quiere ver. La Justicia Federal se preocupa por las formas y no el fondo del problema. Condenados en Comisaría por años es violación de Derechos Humanos. Eso parece ser que no lo ven. Pascual y Saravia hacen lo que corresponde”, agregaron desde la Asociación de funcionarios del MPF.