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Marín propone regular los planes de ahorro para autos

CRECIENTES RECLAMOS DE USUARIOS EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

«Es necesario contar con una legislación provincial que ayude al consumidor a acceder a información adecuada y veraz», afirmó el diputado del PJ.
La inestabilidad generada por la política económica del gobierno de Cambiemos empujó para arriba el monto de las cuotas de los planes de ahorro en el país, una situación que llevó a demandas presentadas por miles de usuarios que por ejemplo en Río Negro, se beneficiaron con un fallo judicial que retrotrajo las cuotas a abril del año pasado por el abuso en los aumentos.
Ante ello, el jefe del bloque PJ en Diputados, Espartaco Marín, presentó un proyecto de ley para regular los planes de ahorro y de capitalización para la adquisición de bienes muebles o inmuebles en la provincia. «Por la cantidad de reclamos recibidos en Defensa al Consumidor, vimos la necesidad y la urgencia de abordar el tema», dijo.
Agregó que se trata de una problemática que «veníamos analizando y mantuvimos reuniones con distintas agencias y consumidores, y hemos registrado información a partir de encuestas y de las experiencias que constan en las redes sociales también».
Marín, que también presentó una ley para regular los abusos de las financieras en La Pampa, pretende así «seguir trabajando a favor de los derechos de los consumidores, poniendo en evidencia a aquellas agencias que cometen abusos y, al mismo tiempo, resaltando a las que hacen bien su trabajo».
«Es necesario contar con una legislación provincial que ayude al consumidor a acceder a información adecuada y veraz, teniendo en cuenta que es allí donde reside la mayor falla del sistema. Si logramos que el consumidor se asesore y conozca los alcances de lo que está contratando, lograremos disminuir considerablemente los abusos que se dan en esta materia», dijo el legislador.
Además, siguió, «sería importante poder contar con un Registro Provincial, que ayudara a las autoridades a poder identificar a estas empresas que cometen irregularidades y controlar las obligaciones que establece este proyecto».
La jueza Civil y Comercial de Choele Choel (Río Negro), Natalia Costanzo, hizo lugar la presentación que presentó el diputado nacional Martín Doñate beneficiando a mil adjudicatarios de planes de ahorro de vehículos en Valle Medio y Río Colorado. Los declaró legitimados para actuar a través de una acción de amparo, en relación al abusivo aumento de las cuotas.
Los consumidores -que en muchos casos están pagando cuotas que rondan los 10 mil pesos mientras que en abril lo hacían por un promedio de 3 mil pesos- pagarán desde ahora cerca de un tercio de lo que venían abonando en los últimos dos meses. Las personas que adquirieron los planes de ahorro denunciaron que la cuota había aumentado un promedio de 120 %, mientras que la inflación de 2018 es cercana al 50% y los haberes se incrementaron entre un 15% a 23 %.

Reclamos.
En La Pampa, los reclamos por los planes de ahorro lideran las estadísticas en Defensa del Consumidor. La titular del área Marisa Casimiro explicó en su momento que este tipo de reclamos por los abusos se reflejan «en engaños» a los consumidores y advirtió «la ineficiencia» de la Inspección General de Justicia (IGJ) para controlar este tipo de cuestiones.
Los principales motivos de reclamos por esta problemática son la falta o demora en la entrega de autos, débitos o cobros indebidos, no devolución de cuotas aportadas en caso de rescisión de contrato, ausencia de información relevante, incumplimiento de las ofertas, promociones o bonificaciones publicitadas, gastos de entrega no previstos, imposición de seguros no solicitados y venta engañosa.
Las normas sobre planes de ahorro y de capitalización se encuentran reguladas a nivel nacional por las resoluciones de la Inspección General de Justicia, que es el organismo que habilita a estas empresas a ofrecer al público los productos y es también quien debe ejercer el control.
Si bien una legislación provincial no puede reglamentar ciertas materias que están reservadas a la esfera nacional, en materia de Defensa del Consumidor las provincias pueden intervenir en ciertos aspectos, siempre en el sentido de ampliar el manto protector hacia los consumidores y no al contrario de lo que indica la normativa nacional.