Marino tenía un proyecto igual, pero no votó el DNU

El senador nacional por La Pampa Juan Carlos Marino (UCR-Juntos por el Cambio), prefirió el silencio y la ausencia en la larga sesión del jueves en la Cámara Alta del Congreso Nacional.

La ausencia de Marino fue sólo parcial, ya que el legislador que se acerca a los 18 años ocupando la banca tomó parte del debate y votación de un gran tramo del orden del día e hizo mutis por el foro al momento de abordarse el tema de varios DNU dictados por el presidente Alberto Fernández, entre ellos el que declaró como servicios públicos esenciales a internet, telefonía móvil y televisión por cable.

Sucede que Marino, cuyo bloque se pronunció en contra y votó en el mismo sentido, había presentado hace muy poco tiempo atrás un proyecto de ley por el cual pedía declarar «derecho humano de carácter universal» la prestación del servicio de internet en todo el país.

Con la firma del legislador pampeano y bajo el expediente 1290-20, la propuesta va por la incorporación a un artículo de la ley 27.078 (Argentina Digital, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), el 15, de un nuevo texto que imponga el carácter de «servicio público esencial y estratégico» para el uso de las redes de telecomunicaciones para «garantizar el derecho humano de acceso a internet».

El jueves, el Senado sesionó más de diez horas y recién en la parte final se abordó el tratamiento de varios DNU dictados en el marco de la pandemia por el presidente Alberto Fernández.

La lista de oradores por la oposición reiteró sus argumentos, por un lado en contra de la medida específica de declarar servicios públicos a internet, telefonía móvil y televisión por cable y por otro el hecho de decidirlo vía un DNU. «El Congreso está funcionando, era mejor hacerlo mediante una ley», se quejaron. En medio hubo también argumentos a favor de los grandes grupos concentrados y abundaron, de ambos lados, las habituales chicanas.

A la hora de votar, el resultado fue de 41 a favor y 26 en contra. No hubo abstenciones. Para completar el total del Senado hay que contabilizar a los ausentes Carlos Menem, por razones de salud, y José Alperovich y Juan Carlos Romero, en uso de licencia.

El otro senador que el jueves tampoco estuvo a la hora de los DNU es Eduardo Costa, de Santa Cruz. Para la opinión pública en general su nombre puede pasar desapercibido, pero es el legislador con mayor fortuna personal del Congreso y se lo conoce como «el patrón del sur». Es empresario y entre otras cosas dueño de Hipertehuelche. Los especialistas en temas legislativos aún buscan explicación a la ausencia en el momento de votar.

Juan Carlos Marino tomó parte de casi toda la sesión. Al momento del debate y posterior votación de los DNU se retiró, eso se reflejó claramente en el conteo individual por parte del Secretario Legislativo y al llegar en la lista por orden alfabético al pampeano indicó «Marino ausente».

El proyecto

Mucho se ha dicho y escrito sobre esta decisión del PEN de declarar esenciales a los tres servicios. En el debate del jueves, todos esos argumentos a favor y en contra fueron reafirmados. La «perla» es que el proyecto que Juan Carlos Marino presentó pocas semanas atrás, específicamente sobre uno de ellos, va en el mismo sentido y casi con iguales palabras que las expresadas por el gobierno.

Para ser precisos, la transcripción del artículo primero del proyecto Marino dice: Derecho humano al acceso a Internet. Declárese el acceso a Internet como derecho humano de carácter universal. La provisión de dicho servicio será gratuita para los usuarios en condiciones de vulnerabilidad social o económica. La Autoridad de Aplicación dispondrá lo necesario para su cumplimiento en todo el territorio nacional.

Y va más allá en el segundo: Incorpórese el artículo 15 a la Ley N° 27.078, con la siguiente redacción: «Artículo 15.- Carácter de servicio público en competencia. Se reconoce el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para garantizar el derecho humano de acceso a Internet».

Y lo reafirma en el tercer artículo diciendo: Modifíquese el artículo 48 de la Ley N° 27.078, el que quedará redactado del siguiente modo: «Artículo 48.- Precios y tarifas- regla. Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios y tarifas, los que deberán ser justos y razonables, fijados de modo tal que permitan cubrir los costos de explotación de una prestación eficiente y sostenible y obtener un margen razonable sobre la operación. La Autoridad de Aplicación podrá regular las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, así como de aquellos que ésta considere pertinente por razones de interés público».

Vice de la Comisión

Marino es integrante de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Prensa del Senado. La preside el oficialista Alfredo Luenzo (Chubut) y el pampeano fue elegido vicepresidente.

Al momento de la conformación de la Comisión, Marino dijo que «es un verdadero orgullo continuar trabajando en esta comisión y, aún más, que mis pares me hayan elegido para el cargo de vicepresidente. Es un reconocimiento a la labor que hemos desarrollado y a los pampeanos. Ya hemos delineado junto a mi equipo algunos de los temas más relevantes a estudiar. Entre los primeros, está la propuesta de declarar el acceso a internet como derecho humano, que confío será tratada con celeridad».

En varios medios se destacó que la iniciativa «declara el acceso a internet como derecho humano de carácter universal, por lo que la provisión de dicho servicio deberá ser gratuita para los usuarios en condiciones de vulnerabilidad social o económica» y además reconoce «el carácter de servicio público esencial y estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en relación al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para así garantizar el derecho humano de acceso a Internet».

Difiere respecto de la medida de Alberto Fernández en cuando a precios y tarifas. Si bien indica que deben ser «justos y razonables», su fijación estará a cargo de los licenciatarios, «de modo tal que permitan cubrir los costos de explotación de una prestación eficiente y sostenible y, a la vez, obtener un margen razonable sobre la operación».