Más de 3.000 empleados del Estado, embargados

Algunas estimaciones están dando cuenta que serían más de 3.000 los empleados de la Administración Pública Provincial que tienen sus sueldos embargados, y que naturalmente soportan una quita considerable cada fin de mes. Es una situación de la que se viene hablando desde hace varios años.
En las últimas horas desde la Asociación de Trabajadores del Estado se había indicado que más de la mitad de los sueldos estatales se encuentran embargados por empresas que venden créditos de rápida ejecución. Cabe señalar que los trabajadores de la Provincia suman más de 40 mil.

No llega al 1%.
La consulta a Roxana Rechimont -titular de la central sindical- surgió después de conocerse que en La Rioja se daba una situación similar, y así las cosas el gobernador Ricardo Clemente Quintela resolvió que el Estado provincial comprará esa deuda.
Una fuente indubitable estimó que los sueldos embargados por deudas, correspondientes a empleados de la Administración Pública pampeana no llega «siquiera al 1%» del total de trabajadores.
Desde hace mucho tiempo -en febrero de 2018, gestión de Ricardo Araujo al frente de ATE- se mencionaba que las deudas de los empleados públicos eran cuantiosas, y obviamente hacían mella en sus salarios de una manera muy importante.

Las financieras.
Más o menos dijo algo parecido hace algunas horas la actual titular de ATE. La dirigente manifestó que «es uno de los temas pendientes que tenemos para llevar a la mesa de discusión paritaria porque tenemos compañeros que sacaron créditos en esas empresas, los embargan y después devuelven cuatro veces más de lo que fue el préstamo».
Rechimont dijo que desde el gremio piden que «esas empresas no tengan acceso a los recibos de sueldo, pero no hemos podido concretar nada. Les dan carta libre a las financieras de hacernos los embargos de los recibos de sueldo», y por eso «muchos trabajadores sobreviven con adelantos de sueldo por la cantidad de embargos que tienen».

Mayormente, municipales.
La secretaria general de ATE especificó que la mayor cantidad de deudores se da entre empleados municipales.
Ayer, ante una consulta de este diario, una fuente confiable señaló que «ese número del 50% que se maneja no es así, por lo menos en los empleados de la Provincia». El informante fue más preciso al señalar que «no llega al 1%. Más concretamente los embargados son el 0,84% del personal», redondeó.
No obstante, como señalara Roxana Rechimont, ese número cambiaría bastante cuando se habla de empleados municipales en la provincia.

«Cartera sucia».
Alguna vez un intento de que el Estado provincial comprara la deuda de los empleados públicos fue desechada. Se explicó que sería una situación muy diferente a lo que se dio en llamar «cartera sucia», porque aquella vez «lo que se intentó fue proteger al Banco de La Pampa» haciendo que muchos de sus clientes pudieran refinanciar sus deudas.
Hoy, un planteo de salvataje parecido que pudiera involucrar a los empleados públicos que tienen sus sueldos embargados no aparecería como posible.

Capitalizar al BLP.
Ante la situación que podría presentarse ahora, un economista consultado por este diario explicó como fue aquel fideicomiso que se dio en llamar «cartera sucia».
Allá por el año 2000 se implementó una medida que terminaría favoreciendo al Banco de La Pampa -necesitado de capitalizarse-, lo que permitió a algunos de sus clientes mejorar su situación frente a los compromisos contraídos.
«No es que se pretendía salvar a los deudores, sino que se trató de salvar al banco con sus números, y lograr que a los acreedores se los sacara de las normas prudenciales que exigía el Banco Central para cobrar», explicó el experto consultado.
Recordó que «existían normas prudenciales del BCRA muy duras, y en cambio cuando hicimos el fideicomiso no había que respetarlas. La idea era salvar al banco, y la de poder aplicar otras normas».

Ahora es distinto.
Lo cierto era que el Banco de La Pampa necesitaba aportes para poder mantenerse en el sistema financiero, y lo que se hizo fue capitalizarse a través de la provincia, que le compró su cartera de deudores. En aquel momento se trató de una muy buena idea, pero todo indica que hoy sería de imposible concreción.
En principio porque hay empleados que en la mayoría de los casos no sólo están endeudados con el Banco de La Pampa -en muchos casos le deben a financieras que cobran intereses leoninos-, lo que conllevaría estatizar una deuda financiera que no se sabe de dónde viene. «Es totalmente distinto a lo del Banco de La Pampa», expresó la fuente consultada.