Media sanción a la ley que desregula Papel Prensa

Los diarios pequeños del interior provincial sufrieron ayer un nuevo revés por parte de los matutinos porteños Clarín y La Nación, que tienen el 60% del paquete accionario de la firma Papel Prensa. El proyecto de ley presentado por el justicialista Diego Bossio (Peronismo Federal) que desregula la producción y la venta de Papel Prensa fue aprobado por la Cámara Diputados con 127 votos a favor, 66 en contra y 3 abstenciones.
Los diputados justicialistas por La Pampa, Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger, que integran el bloque PJ La Pampa, integrado al Peronismo Federal, votaron en contra de la iniciativa; mientras que el piquense Martín Maquieyra, del bloque de Cambiemos, lo hizo a favor. El otro representante de La Pampa en la Cámara Baja, Daniel Kroneberger, no participó de la sesión, puesto que se encontraba en General Pico, ya lanzado a la carrera por la gobernación.

Argumentos endebles.
El encargado de defender el proyecto fue Bossio, quien de manera endeble y sin números defendió la necesidad de derogar una serie de artículos de la ley vigente que declara de orden público la producción y venta de Papel Prensa. "La defensa la hizo en nombre de apenas una decena de diarios y un grupo de trabajadores. Ninguno de ellos tuvo la posibilidad de exponer en el Congreso. Ningún legislador tuvo la chance de preguntarles si había sido presionados por alguien para fijar postura", informó ayer el diario Tiempo Argentino, una cooperativa conformada por trabajadores de prensa que se opone tenazmente a la desregulación.
En uno de los pasajes de su mensaje, Bossio minimizó el impacto de la crisis que atraviesan los medios gráficos y le adjudicó la culpa al cambio tecnológico. "La justificación de Bossio caminó por lugares inesperados. Incluso llegó a minimizar la necesidad de que existan los medios gráficos porque 'Bolsonaro ganó por las redes sociales'", informó TA.

"Regalo de fin de año".
En la vereda de enfrente, el diputado del FIT, Nicolás del Caño, definió al proyecto como "el regalo de fin de año para el Grupo Clarín". También desde el Frente Para la Victoria se opusieron. El cordobés Pablo Carró fue categórico: "Están derogando el artículo que establece que todos tienen que pagar el mismo precio por el mismo papel. Lo que hacen es volver a la situación previa cuando Papel Prensa ponía precio diferencial y el hecho de obligar a tener stock cuando hay demanda".
"No hay ningún quebranto, no están llamando a procedimiento preventivo de crisis, no conocemos el nombre del presidente de Papel Prensa. No podemos aprobar una ley sin conocer los números de la empresa", y agregó: "El problema del precio es cierto. El papel aumentó más que la inflación. Así que no es cierto que el Estado le pone el precio. La empresa pone el precio que quiere, lo que hace la ley es que todos puedan comprar al mismo precio. Estos argumentos son falsos salvo que vengan los empresarios y trabajadores", añadió.
Desde el mismo bloque, Agustín Rossi, agregó: "Lo que va a pasar es que Clarín se va a auto vender más barato cargándole la pérdida al Estado nacional y además cuando vengan los otros diarios le va a decir que no tiene más volumen". "La ley favorece a Clarín y La Nación, es así, no se enojen", concluyó.

"Mayor concentración".
"El proyecto busca que Papel Prensa pueda fijar a su antojo un precio para cada comprador" advirtieron los legisladores del PJ La Pampa. "Y en este contexto no podemos obviar que Papel Prensa pertenece al Grupo Clarín y a La Nación en más del 60% mientras que al Estado Nacional menos del 40", aportó Sergio Ziliotto.
"El papel de diarios no es cualquier mercancía; su producción y distribución debe ser una política de Estado debido a que son la garantía de la circulación de información diversa y plural. Si avanza la derogación de varios de sus artículos, la ley 26736 de 2011, que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y diarios, ya no tendrá sentido", sostuvo.

Pérdida de empleo.
Los legisladores del PJ pampeano aseguraron que la ley tendrá consecuencias negativas, entre las que detallaron cinco aspectos puntuales: "El Estado vuelve a intervenir fuerte, pero no para garantizar la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión, sino para promover mayor concentración; la desregulación de la fabricación y venta de Papel Prensa llevará al cierre de pequeñas y medianas publicaciones en todo el país; esta situación agravará el despido de trabajadores y la pérdida de puestos de trabajo en las producciones autogestionadas; provocará una censura indirecta y la restricción a la libertad de información que implica el cierre, discontinuación o condicionamiento de las voces independientes, aunque puedan migrar a versiones digitales de sus productos; y legalizará la posibilidad de los grandes grupos de obturar a la competencia fijando precios discriminatorios en el insumo fundamental".