Mendoza, complicada con los fondos

Bajo el título «A Mendoza ‘no le alcanza’ para hacer la obra del siglo y esperan una rebaja de la empresa», el portal informativo Mendoza On Line dio cuenta de que las variantes seleccionadas para construir la represa de Portezuelo del Viento están todas por encima de los 1.023 millones de dólares que se comprometió a enviar el gobierno nacional. A ello se suma que mientras el gigante chino que encabeza el consorcio, la empresa Sinohydro, aún no da la cara en Mendoza, sus socias piden un adelanto de 100 millones de dólares para empezar cualquier trabajo.
El artículo, firmado por Pablo Icardi, detalla que mientras el presupuesto oficial de la obra es de 884 millones de dólares, y la Nación se comprometió a enviar 1.023 millones, la oferta más cercana a esos montos es la variante 6, con un presupuesto de 1.052 millones de dólares ¿En qué radica esa importante diferencia de valores? «En que no hay competencia y el único consorcio que se postula para hacer el dique presentó ofertas diversas, pero a precios fuera de rango», sostuvo MDZonline.
La UTE Malal Hué elevó al gobierno mendocino una propuesta básica, la alternativa obligatoria y otras 6 variantes. La comisión que evaluó esas propuestas ponderó según su criterio. La «variante optativa 1», por un monto de 1.057 millones de dólares, quedó ubicada en primer lugar por la comisión de preadjudicación. «Pero incluso es más cara porque esos valores no incluyen IVA», aclaró el diario. En segundo lugar quedó la variante 6, con un presupuesto de1.052 millones de dólares. Recién en tercer lugar quedó la llamada ‘oferta básica’ es decir la propuesta que incluye la realización del proyecto elaborado por el Gobierno.
Esta oferta «tiene un presupuesto muy lejos del rango: 1.058 millones de dólares más IVA», sostuvo el portal. Se descuenta que la diferencia entre los 1.023 millones que en remesas consecutivas está girando el gobierno nacional y el monto que resulte seleccionado, deberá ser aportada por el gobierno de Mendoza.

¿Quién controlará?
Otro punto que advirtió MDZonline es que la inspección de obra «no la hará el Estado sino que se contratará una consultora privada que también cobraría en dólares». Es decir, otra importante salida de dinero.
«El Gobierno pidió una mejora de oferta a la UTE. Se trata de la única herramienta para intentar bajar el precio que queda al no haber competencia. Aún no hay respuesta, pero se especula con una rebaja que al menos ajuste todo al dinero disponible».
La UTE Malal Hué está liderada por la empresa china Sinohydro «que aún no tiene ‘cara visible’ en Mendoza», planteó MDZ. Esa empresa es la garante financiera, económica y técnica de la propuesta y «cumple un rol clave cuando se ven los problemas de solidez que tienen el resto de las firmas que componen el consorcio», que en su mayoría son empresas mendocinas. «El ‘líder espiritual’ del consorcio es IMPSA, empresa que será controlada por el Estado», recordó el portal. Aquí es donde «los roles comienzan a desdibujarse».
Cuando el gobierno mendocino se incorpore como accionista, colocará representantes de los ministerios de Gobierno, Hacienda, Economía e Infraestructura» en el directorio de la firma. «Cuando se concrete el desembarco del Estado mendocino en Impsa, habrá representantes de los mismos ministerios en la empresa adjudicataria. Controladores y controlados del mismo lado», planteó.
El resto de las empresas, Ceosa y Obras Andinas, tampoco está en condiciones económicas y financieras de responder a una obra de más de 1.000 millones de dólares.

Piden anticipo.
El pliego para la construcción de la represa Portezuelo del Viento exigía presentar la oferta básica y una propuesta alternativa obligatoria. De las 6 ofertas alternativas dos fueron descartadas y una sola está «cerca» del Presupuesto oficial, pero no fue calificada aún en el ranking armado por la comisión.
Ninguna de las empresas está obligada a aportar recursos ni financiamiento. «Tampoco pondrían capital a riesgo: para comenzar la obra pidieron hacer uso de un millonario anticipo financiero», reveló el portal. «En todos los casos pidieron cobrar por adelantado el 10% del presupuesto. Es decir más de 100 millones de dólares que el Estado podría pagarles antes de realizar cualquier trabajo»
A cambio de este anticipo, las firmas ofrecieron «algunos beneficios un tanto pobres», según el medio: «ahorrar un 1,6% de la obra y «adelantar» los plazos, pero de manera casi insignificante: prometen terminar 30 días antes, en una obra que tiene un plazo de 1823 días de plazo de ejecución».