"Ni la gente ni las pymes pueden pagar"

La senadora nacional Norma Durango fue ayer una de las primeras oradoras en el recinto durante el debate del proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados para retrotraer los precios de los servicios públicos a noviembre de 2017 y establecer que los aumentos vayan en línea con la variación salarial. La legisladora dijo que "el aumento desmedido se refleja en un deterioro económico social de los que menos tienen".
"No soy economista, no hablaré de cuestiones técnicas, voy a hablar desde lo que veo todos los días, en Buenos Aires y en mi provincia, La Pampa. ¿Por qué es necesario ponerle un freno al tarifazo? Porque las tarifas así como están ni la gente ni las pymes las pueden pagar. El proyecto al que adherimos de razonabilidad en las tarifas de servicios públicos declara la emergencia en materia de servicios públicos y favorece la tarifa social, propone una alternativa racional y lógica", expresó Durango.
"No es un congelamiento de las tarifas, sino que busca retrotraerlas al ya alto nivel que tenían en noviembre de 2017 y actualizarlas al mismo ritmo que los salarios. Debemos evitar el retraso tarifario y adecuar su actualización a la capacidad de pago de las familias. De manera de atender las necesidades de las empresas sin abandonar a su suerte a los hogares argentinos.
Algo similar puede decirse con respecto a las empresas y su impacto en las economías regionales, que también forman parte de nuestra preocupación como legisladores, para que los incrementos destinados al sector de las pymes no excedan el índice de precios internos al mayor", añadió.
Durango analizó que "este plan económico ahoga a los sectores más castigados, sabemos que el costo de los servicios de gas y electricidad son de suprema importancia para el presupuesto de los hogares de las trabajadoras y los trabajadores, pero también decisivos para las y los emprendedores y comerciantes".
"Estos aumentos han trastocado todos los presupuestos y todas las previsiones, justo en este momento de mucha incertidumbre y de crisis, donde hay un dólar altísimo, una suba que como siempre se traslada a los precios y lo vemos en el día a día en el supermercado", agregó.

Impacto en La Pampa.
Dijo también Durango que "una aceitera en Uriburu, una localidad pampeana, por poner un ejemplo dejó de producir este mes porque le cortaron el suministro de energía eléctrica por falta de pago, 900 mil pesos de deuda. ¿Y saben qué? Por ser el aceite de soja la base de su producción y ante la falta de soja, que sabemos no ha sido fácil de conseguir la soja, porque los grandes productores especularon esperando qué pasaba con el dólar, esta sumatoria hizo que no pudiera esta aceitera sostener sus gastos fijos y su personal quedó en la calle".
Agregó que "en la misma localidad 30 personas trabajadoras de un frigorífico en marzo también cerró ahogada por las deudas impagables, y lo mismo en Santa Rosa, donde Calzar tiene la meta de reducir de 230 a 150 los operarios. El año pasado ya hubo despidos y retiros. A comienzos de 2016 la planta de Santa Rosa tenía 420 trabajadores. Otro ejemplo de esta moneda corriente que son los despidos y los cierres de fuentes de trabajo son Ragasa SA y Ferrobaires en General Pico; el cierre definitivo de la fábrica "Cerámicos Castex" de Eduardo Castex, una empresa con 44 años de trayectoria, que abasteció a las obras de construcción locales y en la zona. Familias enteras en la calle sin un ingreso mínimo, eso significa. Por eso decimos y sostenemos que las tarifas así no se pueden pagar, señor presidente la gente lo pide, lo suplica, son impagables las tarifas. Alguien tiene que dar una razonable respuesta a este clamor, por eso yo acompaño este proyecto de ley".