“No deberían habérselos dado, pero no hay ninguna condena”

DENUNCIADOS POR EL TDC FIRMAN CONVENIOS CON IPAV

(Winifreda) – El gobierno provincial implementa un programa propio de construcción de viviendas sociales denominado “Mi Casa”, destinado a localidades con menos de 10.000 habitantes, ante los exiguos recursos que Nación destinó a La Pampa para este rubro: solamente 73 millones de pesos, que alcanzarían para edificar 73 viviendas, cuando en el territorio pampeano se venían construyendo unas mil unidades por año.
Lo llamativo es que presidentes de Comisiones de Fomento (CF) que han sido denunciados penalmente por el Tribunal de Cuentas (TdC) de La Pampa por haber incorporado presuntamente facturas apócrifas en sus balances contables han firmado convenios con el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) para construir viviendas sociales en sus respectivos pueblos.
LA ARENA consultó al TdC sobre este asunto y la presidenta del organismo estatal, Marita Mac Allister, respondió que los comisionados objetados no están inhabilitados para formalizar este tipo de actos administrativos con Provincia hasta tanto no recaiga sobre ellos un fallo condenatorio. “Hasta que la persona no esté condenada sigue siendo presidente de la comisión de fomento” y a la fecha “legalmente no hay ninguna condena”, dijo Mac Allister.
Detectadas las supuestas facturas falsas en la documentación de las rendiciones de cuentas de las comisiones de fomento, “hemos sido muy diligentes desde fines de diciembre de 2017 y primeros meses de 2018 y efectuado las denuncias y seguimos ampliándolas. Eso ya está en la justicia, nuestra instancia administrativa ha terminado. Ahora deben resolver el fiscal y el juez cómo llevan adelante la causa. Hasta que no haya una condena la Ley de Municipalidades le permite al comisionado seguir al frente del Ejecutivo y del Deliberativo”, acotó.

Controles.
En cuanto a la intervención del TdC en el control de los fondos que gira el IPAV a las comisiones de fomento, explicó que “son aportes no reintegrables, transferencias que no tienen devolución y que no pasan por el control previo del Tribunal, pero que sí tendrán un control posterior al gasto. Esos aportes ya han comenzado a girarse, les han dado un anticipo del 30% para que comiencen las obras”. Y agregó “el control de esos recursos se hará por las dos salas que tiene el Tribunal. Una haciendo todas las consideraciones que la reglamentación de este programa tiene: que las comisiones de fomento provean los terrenos, tengan las obras de infraestructura realizadas, la ordenanza firmada dando comienzo la obra cuya ejecución les corresponde”.
Sobre este punto en particular agregó: “Qué podemos decir nosotros: que no deberían habérselos dado y a lo mejor uno puede pensar desde lo ético ´si están haciendo esto con las facturas apócrifas, creería que no hay capacidad´.., pero legalmente no hay ninguna condena; por eso nosotros pedimos que la justicia sea diligente ante este tipo de situaciones y acá me pongo al lado del ciudadano porque vuelven a darse recursos, pero tampoco puedo privar a la persona que necesita una casa en un pueblo que el gobierno le otorgue (a la comisión de fomento) 400 mil pesos para que la haga”.

Tribunal.
Continuó explicando el trabajo del Tribunal: “Las obras todavía no han sido rendidas. Cuando vengan las rendiciones veremos qué tipo de facturación usaron, cómo han manejado la mano de obra y demás cuestiones” e insistió “no puedo privar al ciudadano que tenga una casa porque el presidente de la comisión de fomento está denunciado, necesito que tenga una condena para decir eso está mal”.
Los comisionados de Loventuel, Chacharramendi, Limay Mahuida, Van Praet y Relmo han rubricado convenios con el IPAV. Los funcionarios de esos pueblos fueron acusados por el TdC de presentar presuntas facturas apócrifas para justificar gastos de gestión. La CF de Loventuel presidida por el peronista Hugo Martínez es la más comprometida con más de $7 millones por justificar. En esta causa hay diez CF investigadas por la justicia penal, luego de la denuncia del TdC. Sus funcionarios están acusados del delito de peculado. El supuesto fraude al Estado pampeano llegaría a los 18 millones de pesos.