«No es político, es técnico»

El presidente del STJ, José Sappa, opinó ayer sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estipuló en 3,2 metros cúbicos por segundo el caudal del río Atuel que deberá ingresar a la provincia de La Pampa, sentencia complementaria de la dictada por ese mismo órgano hace dos años y medio, cuando dijo que el río Atuel era tan pampeano como mendocino.
«La Corte va a avanzando de a poco. Son pautas. Acá no hay un fallo definitivo ni de ejecución inmediata, por eso la fiscal de Estado y los diputados pampeanos dijeron enseguida que es momento ahora de ver de qué manera se ejecuta esta acción. Es un avance muy importante en la provincia y a su vez genera jurisprudencia en cuanto al impacto ambiental que es un derecho que se viene desarrollando y ha tenido traslado legislativo y convencional», dijo en diálogo con Radio Noticias 99.5.
«Cuando leímos el fallo la alegría nos invadió porque es muy difícil para una Corte dirimir entre dos provincias y dirimir de acuerdo a la técnica. Este fue un fallo técnico y objetivo, no fue un fallo político, con lo cual esto nos da tranquilidad de que la Corte va a mantener este fallo. Como pampeano no puedo dejar de estar feliz», añadió.
Sappa opinó que la Corte dictó un número que puede cambiar. En ese sentido, dijo que la actuación del máximo tribunal del país en el caso del Atuel sigue los pasos de lo hecho hasta ahora con la demanda respecto de la contaminación del Riachuelo. Por eso aventuró que el próximo fallo de la CSJN en el conflicto entre La Pampa y Mendoza será para dirimir la forma en que deberá ejecutarse la sentencia de la semana pasada.

Cacip.
En tanto, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (Cacip) festejó el fallo que emitió la Corte. «Celebramos la devolución a La Pampa del río que nos corresponde y el compromiso de cuidar los cauces de aquellos que están corriendo en nuestra provincia», sostuvieron y remarcaron que la institución «se complace en mantener en alto la bandera que sostenemos desde 1950, tal como marca el documento que poseemos en nuestra entidad».
El documento es un acta de un asamblea realizada en aquella época, donde los participantes consideraron menester «hacer pública la situación de injusticia e inferioridad en que se ha colocado al territorio de La Pampa como consecuencia de la absorción de la totalidad del caudal de los ríos Atuel y Desaguadero» por parte de Mendoza.
A su vez, señalaron que «esta política, seguida hasta la fecha, está en pugna con preceptos constitucionales, contenidos en el inciso 14 del artículo 68, el cual dispone que es facultad privativa del Congreso de la Nación la legislación sobre el aprovechamiento de las aguas de los ríos interprovinciales ó interterritoriales».
En los argumentos, dan cuenta de que «no se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la ley nacional del año 1946, inspirada en las resoluciones del Primer Congreso del Agua realizado en la ciudad de Mendoza en el año 1941», y que tampoco se han concretado «las disposiciones de autoridades competentes según las cuales, periódicamente, se evacuaría hacia La Pampa un cierto caudal que correría por el antiguo cauce del Río Chadileuvú».

Un daño a la economía.
Los asambleístas que participaron en 1950 consideraron que esta situación implicaba «una lesión, no solo a la economía regional pampeana sino también a la de la Nación misma». Por estos motivos, y ante «una nueva noticia sobre el proyecto de alteración de las cuencas de los ríos Colorado y Atuel», resolvieron expresar un «profundo desagrado» ante las autoridades nacionales «por el proyecto de desviación de los ríos El Cobre y El Tordillo, sub-afluentes del Colorado, sin consultar las necesidades de los territorios de La Pampa y Río Negro, y sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, y solicitar la suspensión inmediata de esos estudios hasta tanto se disponga de la legislación previa por la Constitución Nacional».