«No hay compromiso de los órganos centrales»

La presión de las grandes empresas de telecomunicaciones boicotea el sueño de la Cooperativa Popular de Electricidad de brindar el servicio de telefonía celular. Desde la entidad apuntan a la indecisión del gobierno nacional y su falta de una postura firme ante la presión de las multinacionales.
El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), Alfredo Carrascal, reveló que poseen datos «bastante desalentadores» sobre la posibilidad de avanzar en la prestación del servicio de telefonía celular. «No hay un compromiso de los órganos centrales respecto a una idea que nos hacemos la gente del interior, sobre todo de esta provincia de La Pampa, que tenemos incorporada las empresas solidarias como parte de nuestro ADN», sostuvo y aclaró que «hemos tenido y seguimos teniendo expectativas de poder ofrecer este servicio a nuestros asociados porque sabemos lo que significa».

Relación de fuerzas.
En esa línea, consideró que en el Gobierno nacional se encuentra en una posición de fuerzas «que nos parece vislumbrar que no están dadas las condiciones para tomar una decisión que va en contra de los intereses de estas multinacionales que tienen un peso y un poder lobby gigantesco».
Por otro lado están las entidades solidarias, a las que » nunca nos ha sido nada sencillo». A modo de ejemplo, mencionó la lucha que emprendieron para obtener «la licencia de televisión por cable y recién en este último tiempo hemos podido lograr que el Gobierno provincial tome otro rumbo y otra iniciativa respecto a lo que son las TICs».
A nivel nacional es distinto, opinó. «El Grupo Clarín es de los grupos que más ha hecho presión y ha logrado mejor posicionamiento estos últimos años», afirmó y recordó la consolidación del monopolio al sumar «telefonía celular, radios, diarios, internet…»

Resistencias.
Desde el sentido común, Carrascal se preguntó «¿Cómo alguien se va a oponer a aquello que nos beneficia a las grandes mayorías?», y esto ocurre porque justamente eso va en desmedro de «los intereses de una minoría que tiene muchísimo poder, el mercado de las telecomunicaciones está dentro de ese tema».
«Cuando el gobierno nacional se anima a decir que internet es un servicio público, se mete con un tema que es muy pesado. Nosotros desde el primer momento lo apoyamos y lo seguiremos haciendo porque estamos convencidos de que es así, que el derecho a la información es un derecho humano que debe garantizar el Estado. Pero hay corporaciones que no lo entienden así, que para ellos es un negocio y no están dispuestos a ceder nada».