Objetan accesibilidad de colectivos

En el marco del proceso judicial iniciado años atrás por organizaciones no gubernamentales de personas con movilidad reducida contra la Municipalidad de Santa Rosa y Autobuses Santa Fe, ayer se realizó una inspección en los nuevos micros del Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU). «Hoy los micros no estarían en condiciones de transportar a personas con movilidad reducida», aseguró Horacio Alí, presidente de la Fundación Acción.
Poco después de las 10 de la mañana de ayer, un importante grupo de representantes de las organizaciones junto con la jueza civil Adriana Pascual y el titular del EMTU Emmanuel Alfayate se acercaron al estacionamiento de la Ciudad Judicial donde observaron las condiciones de los nuevos colectivos.
La comitiva se enfocó en inspeccionar el nivel de accesibilidad de los colectivos de piso bajo con rampa y los de piso alto con elevador, mientras que Alfayate respondió sus dudas y las dudas de la jueza. «Acá nos encontramos con que los micros son accesibles para personas con discapacidad, pero nosotros buscamos que lo sean para todas las personas con movilidad reducida», dijo Alí.
En declaraciones a LA ARENA, el titular de una de las organizaciones demandantes agregó que en ese tipo de colectivos «las rampas son demasiado cortas y quedan empinadas», algo que «hay que solucionar con un ingeniero mecánico».
«También se inclinan teóricamente hacia el lateral para bajar la rampa. Eso a algunos no les funciona porque baja, rebota y vuelve a la posición inicial», sostuvo.

Piso alto.

Entre sus explicaciones, el titular del EMTU dijo que decidieron comprar mayor cantidad de unidades de piso alto con elevador debido a que los de piso bajo representan un problema debido a la desigual topografía que presenta la ciudad. Sin embargo, para las ONG’s tampoco cumplen con varias de las especificaciones reclamadas por la sentencia judicial que está firme, dictada por el juez Claudio Soto.
«Los de piso alto tienen un montacarga para subir pero adentro no hay ningún tipo de espacio ni apoyos posturales. Son reformas que se pintan fácil pero las tiene que hacer un ingeniero para que sean aprobadas por la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT). Los que sí tienen el espacio son los de piso bajo, pero ni siquiera tienen las trabas para que las sillas de rueda no se deslicen», dijo Alí.
El conflicto judicial se inició en 2013 a raíz de un recurso de amparo presentado por las organizaciones que reclaman, desde ese entonces, por las condiciones de accesibilidad de los micros urbanos. Hace un tiempo, el juez Claudio Soto firmó una sentencia en la que determinó que las unidades debían cumplir con distintas condiciones para garantizar que las personas con dificultades de movilidad puedan acceder sin problemas.
En ese marco, dispuso que por cada día que no se cumpla con la accesibilidad, la empresa Autobuses Santa Fe, a cargo de la anterior concesión, debía pagar una multa desde que el fallo quede firme. Esa medida fue ratificada por la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia en un claro revés para la comuna y la empresa.
«Aún si los micros hubieran estado en excelentes condiciones de accesibilidad, la multa que pesa sobre Autobuses es ejecutable», agregó Alí.

«No sólo es una silla».

Durante la inspección que se realizó ayer a la mañana en el estacionamiento ubicado sobre la avenida Perón reinó el malestar por parte de algunos de los representantes de las organizaciones debido a que consideran que las nuevas unidades están enmarcadas en un paradigma de accesibilidad que deja afuera a muchas personas.
«Acá lo que hay que dejar en claro es que la discapacidad no sólo es silla de ruedas. Hay muchas otras personas con movilidad reducida que no estarían contempladas con un simple elevador», resumió Valeria Hadad, integrante de otra organización. «Prometieron que van a acomodar un poquito las cosas», sostuvo.

De acá en más.

Por último, el abogado Iván Alarcón, representante de las organizaciones, indicó a este diario que «en principio nosotros venimos a cumplir una obligación judicial para constatar la cantidad de colectivos que cumplen con accesibilidad». En ese contexto, sostuvo que se encontraron «con especificaciones técnicas que no están al igual que cuestiones mecánicas que no funcionan y no estarían cumpliendo con las condiciones con las que se crearon los micros».
A su vez, en sintonía con Hadad, contó que «hay personas con dificultades de movilidad que decidieron no venir porque esto les parece una puesta en escena, algo circense, que se los usa. Es su sensibilidad y la única respuesta que tenemos es tratar de accionar, pero lamentablemente hay muchas personas curadas de espanto».
Con los micros fiscalizados, resta conocer cual será la determinación que tome la jueza Pascual, que tiene a cargo la causa en la instancia actual.