Oficializan la extinción de los contratos PPP

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dio el visto bueno para que se inicie el proceso de extinción de los denominados contratos de Participación Público Privada (PPP), que pretendía la construcción de autopistas, entre ellas, la que proyectaba unir Luján y Santa Rosa y la autovía desde Anguil.
La semana pasada, el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Gustavo Arrieta, remitió una nota al ministerio encabezado por Katopodis en la que solicitó que se inicie un proceso de evaluación de las distintas causas de extinción previstas contractualmente.
Además, solicitó que se realicen reuniones entre el ministerio y los distintos contratistas «a los fines de poner a término la los contratos PPP en las condiciones más beneficiosas para el interés general, elaborando una propuesta de extinción de esos contratos y las condiciones aplicables a la misma», tal como sostiene la nota a la que accedió LA ARENA.
Por su parte, Katopodis sostuvo que «habiendo tomado conocimiento de lo informado en la comunicación citada, se informa que no existen objeciones para la prosecución del trámite».
La información fue adelantada hace algunas semanas por este diario, que reflejó a través de un artículo que la caída de ese tipo de contratos se debía al incumplimiento de las empresas.

Las «PPP».
Los contratos de Participación Público Privada fueron un proyecto del gobierno de Mauricio Macri, que en julio de 2018 adjudicó seis obras de corredores viales bajo la modalidad.
Tal como informó hace algunas semanas este diario, esos contratos implicaban «que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado. En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país».